La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) valoró ayer el compromiso adquirido por la Junta de Andalucía con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para flexibilizar su normativa urbanística y permitir que los pueblos de menos de 10.000 habitantes puedan crecer más que los grandes núcleos urbanos. El presidente de la Confederación recordó, no obstante, que sus "peticiones y demandas son mucho más amplias" en torno al debate sobre el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Idéntica es la opinión de la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía, Promotur, que tachó de insuficientes las medidas para corregir los "perniciosos efectos" del Plan aprobado hace un año.
El presidente de la CEA advirtió que, para lograr un acuerdo sobre el pacto regional de la vivienda, la Administración deberá tener en cuenta otras reivindicaciones. "Hay otros muchos y más amplios criterios que están en la documentación remitida por la CEA y en los acuerdos teóricos con la FAMP, que afectan a muchos más temas, no sólo la modulación de la población de los pueblos pequeños", explicó Herrero.
La CEA negocia una serie de planteamientos con la Consejería de Presidencia, entre los que se encuentran puntos como que los suelos comerciales y turísticos no cuenten a efectos de crecimiento urbanístico; que no se compute la población de las VPO a efectos de crecimiento poblacional; o que se suavicen las limitaciones de crecimiento en función de las necesidades de cada municipio.
"Lo importante y trascendente no es sólo la dimensión municipal", explicó Herrero, que destacó que lo acordado entre Junta y FAMP "viene a coincidir bastante con los planteamientos generales que la CEA ha hecho en las reuniones de la Concertación". De hecho, el acuerdo entre la Junta y la FAMP anunciado la semana pasada para excluir los suelos industriales de la contabilización del crecimiento urbanístico es una de las reivindicaciones que la CEA ya había trasladado a la Consejería de Presidencia.
Promotur, a través de su presidente, Ramón Dávila, lamentó que la flexibilización del POTA siga dejando los límites de crecimiento en manos de la Administración, que "puede aplicarlos de forma discriminatoria".
El presidente de Promotur recordó que la propuesta da la razón a los promotores y confirma sus críticas al plan. "Si una de las finalidades del POTA era conseguir mejorar los desequilibrios, con el texto que salió del Parlamento se conseguiría justo lo contrario, castigar a los municipios que no habían tenido desarrollo", argumentó Dávila.
Éste fue uno de los principales argumentos judiciales de Promotur en su recurso contra el POTA ante el Tribunal Superior de Justiticia de Andalucía (TSJA).
El grupo político Izquierda Unida (IU) admitió en un comunicado que "puede ser necesaria una cierta modulación o matización" de las limitaciones al desarrollo urbanístico de los municipios introducidas en el POTA, pero reclamó a la Junta que cualquier modificación a este documento "sea llevada al Parlamento andaluz para el debate y participación de todas las fuerzas políticas".
El diputado de IULV-CA Ignacio García expresó su temor a que los cambios "estén promovidos más por requerimientos de la patronal que por el conocimiento real de las necesidades de la sociedad".
El presidente de la CEA advirtió que, para lograr un acuerdo sobre el pacto regional de la vivienda, la Administración deberá tener en cuenta otras reivindicaciones. "Hay otros muchos y más amplios criterios que están en la documentación remitida por la CEA y en los acuerdos teóricos con la FAMP, que afectan a muchos más temas, no sólo la modulación de la población de los pueblos pequeños", explicó Herrero.
La CEA negocia una serie de planteamientos con la Consejería de Presidencia, entre los que se encuentran puntos como que los suelos comerciales y turísticos no cuenten a efectos de crecimiento urbanístico; que no se compute la población de las VPO a efectos de crecimiento poblacional; o que se suavicen las limitaciones de crecimiento en función de las necesidades de cada municipio.
"Lo importante y trascendente no es sólo la dimensión municipal", explicó Herrero, que destacó que lo acordado entre Junta y FAMP "viene a coincidir bastante con los planteamientos generales que la CEA ha hecho en las reuniones de la Concertación". De hecho, el acuerdo entre la Junta y la FAMP anunciado la semana pasada para excluir los suelos industriales de la contabilización del crecimiento urbanístico es una de las reivindicaciones que la CEA ya había trasladado a la Consejería de Presidencia.
Promotur, a través de su presidente, Ramón Dávila, lamentó que la flexibilización del POTA siga dejando los límites de crecimiento en manos de la Administración, que "puede aplicarlos de forma discriminatoria".
El presidente de Promotur recordó que la propuesta da la razón a los promotores y confirma sus críticas al plan. "Si una de las finalidades del POTA era conseguir mejorar los desequilibrios, con el texto que salió del Parlamento se conseguiría justo lo contrario, castigar a los municipios que no habían tenido desarrollo", argumentó Dávila.
Éste fue uno de los principales argumentos judiciales de Promotur en su recurso contra el POTA ante el Tribunal Superior de Justiticia de Andalucía (TSJA).
El grupo político Izquierda Unida (IU) admitió en un comunicado que "puede ser necesaria una cierta modulación o matización" de las limitaciones al desarrollo urbanístico de los municipios introducidas en el POTA, pero reclamó a la Junta que cualquier modificación a este documento "sea llevada al Parlamento andaluz para el debate y participación de todas las fuerzas políticas".
El diputado de IULV-CA Ignacio García expresó su temor a que los cambios "estén promovidos más por requerimientos de la patronal que por el conocimiento real de las necesidades de la sociedad".
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