EL DERECHO UNA VIVIENDA DIGNA

El derecho a una vivienda digna y adecuada: no sirven los parches



FRANCISCO JAVIER CALZADILLA PÉREZ
La vivienda se ha convertido en asunto de debate, en tema de conversación cotidiano, y se presta por ello a declaraciones de intenciones grandilocuentes por parte de nuestros políticos, que ofrecen, cual panacea universal a pocos meses de unas elecciones, planes eficaces y proyectos definitivos, planes y proyectos que van a tener, me temo, el mismo destino que han tenido casi todos los anteriores: el olvido por parte de quienes los habían propuesto. El último de estos intentos hasta ahora conocido es el plan estatal 2005-2008, «para favorecer el acceso a la vivienda», aprobado el 1 de julio de 2005, un plan de largo alcance, aún en vigor, que pasó bastante desapercibido (quizás porque las elecciones estaban entonces muy lejos), que se está cumpliendo sólo en parte y que ahora han devuelto a la más rabiosa actualidad, aunque me parece que contra su voluntad, el presidente Zapatero y la ministra Chacón. El plan 2005-2008, que basa su eficacia en la «concertación y cooperación institucional», pretende, entre otras cosas, el fomento del alquiler, ya que éste, según se expone en el preámbulo de la ley, «favorece a los colectivos con menos rentas y a aquéllos con necesidades especiales». Así, se pueden ver beneficiados por las ayudas al alquiler que se contemplan en el plan «los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las personas con alguna discapacidad y los incluidos en colectivos en situación de riesgo de exclusión social», siempre con un límite de ingresos por debajo de 2,5 veces del indicador público de renta de efectos múltiples (15.000 euros al año, aproximadamente). Ahora el Presidente y la ministra de la Vivienda anuncian, desde la escalinata del palacio de la Moncloa, unas medidas destinadas al «fomento del alquiler y de la emancipación»; y lo han hecho sin citar, ni siquiera de pasada, el plan 2005-2008. El anuncio ha provocado críticas generalizadas en todos los sectores, tanto por lo que de puro electoralismo parece tener como por el hecho de que las anunciadas medidas, de una u otra manera, ya estaban en vigor desde la aprobación del citado plan 2005-2008 sin que se hubiesen hecho demasiados esfuerzos para su aplicación efectiva. Pero sólo desde sectores muy minoritarios se ha insistido en que aquéllas son meras soluciones coyunturales que no abordan con la profundidad que merece la solución definitiva del problema que para muchos constituye el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Y ésa es la clave, en mi opinión: porque el problema de la vivienda es tan grave y afecta a tantas personas (para las que la sociedad de consumo sólo empieza cuando lo ven resuelto) que su solución debe abordarse con la colaboración entre todas las administraciones (no olvidemos que las competencias en esta materia están transferidas en casi su totalidad a las comunidades autónomas), adoptando medidas estructurales y pluridireccionales de las que no cabe esperar, por tanto, resultados inmediatos. En primer lugar, y puesto que el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» está recogido en la Constitución, deberíamos sacar del mercado esa vivienda, porque un derecho constitucional no puede ser objeto de mercadería (como no lo son la enseñanza ni la salud). Dejaríamos, así, de considerar un problema social, porque no lo es, el precio de esa otra vivienda que está en el mercado y que es objeto deseado de quien, ya resuelto su problema básico, quiere y puede legítimamente acceder a una vivienda mejor, mayor o mejor situada, o a una segunda vivienda, o de quien, simplemente, realiza una inversión. Después deberían estudiarse los factores que intervienen en todo el proceso de la vivienda, establecer claramente qué administraciones tienen las competencias sobre cada uno de ellos y tomar coordinadamente las medidas que se consideren oportunas en los campos que a cada una correspondan, y algunos de éstos son, según mi opinión, los que expongo a continuación. Papel de los ayuntamientos: el suelo. El suelo resulta imprescindible, porque sin él, obviamente, resulta imposible construir. Sin suelo no hay viviendas, y sin suelo apropiado, adecuado e incluido en el desarrollo racional de las ciudades, no hay vivienda digna. El suelo, por ello, no debe ser elemento sujeto a especulación, porque no tiene ningún valor en sí y en principio toda su plusvalía le ha sido dada por la colectividad, a través de los documentos urbanísticos, sin que, generalmente, sus propietarios hayan hecho nada para aumentar aquel valor. Esa plusvalía debe, por tanto, revertir a la colectividad, por lo que la política de suelo, tan relacionada con el desarrollo urbano y con la vivienda, ha de ser proyectada y dirigida por las administraciones públicas, y para conseguirlo deberíamos acercarnos lo más posible a lo que sería una «nacionalización» del suelo. Yo sé que la palabra puede asustar, pero conviene decir pronto que cerca de esa situación estaríamos si los ayuntamientos españoles que son capitales de provincia y los que tienen más de 50.000 habitantes hubiesen cumplido las sucesivas leyes del suelo (1956, 1975, 1992 y 1998), que los obligaban a constituir patrimonios municipales de suelo y a destinar para ello el 5% de sus presupuestos municipales a su adquisición y otro 5% a su urbanización (incumplimiento que merece una profunda reflexión por la magnitud de las cifras -27.383 millones de pesetas tendría que haber invertido el Ayuntamiento de Oviedo, y es sólo un ejemplo, entre 1980 y 1998- y por las positivas consecuencias que lo contrario habría tenido en la política sobre el urbanismo y la vivienda). Así de sencillo. Ahora pueden rectificar y constituir de verdad sus patrimonios municipales de suelo para ponerlo a disposición de una racional y justa política de vivienda, bien por iniciativa propia bien cediéndolo a la comunidad autónoma correspondiente. Papel de las comunidades autónomas: la construcción de viviendas. Tras la actuación de los ayuntamientos, y sobre el suelo inmerso en un proyecto racional de ciudad, urbanizado y cedido por ellos, correspondería a las comunidades autónomas la promoción de viviendas, la regulación de su uso y las condiciones que hayan de reunir quienes vayan a ocuparlas en función de sus circunstancias personales y familiares. Concesiones temporales de suelo para la construcción de viviendas para alquilar (medida muy acertada, en mi opinión, que se ha tomado en Asturias recientemente) y promoción propia con el mismo fin, son las dos actuaciones en las que las comunidades autónomas deberían tener todo el protagonismo. Papel de la Administración central: la financiación a través de medidas fiscales. Ya quedó dicho que el Estado central no tiene competencias en materia de urbanismo y vivienda; pero sí las conserva en lo que concierne a la fiscal, por lo que es ahí en donde puede intervenir. ¿Cómo? Pues de una manera bien directa: suprimiendo la deducción fiscal por la adquisición de vivienda habitual (nunca con carácter retroactivo, por supuesto) y destinando lo que esa deducción iba a suponer de merma en los ingresos del Estado a la financiación de esa «vivienda digna y adecuada»que las comunidades autónomas van a construir sobre el suelo que los ayuntamientos habrán adquirido, urbanizado y cedido para ese fin. Yo sé que debo explicarme; comenzaré diciendo que, por su carácter general (todos tienen derecho a beneficiarse de ella, con independencia de su nivel de renta) esta deducción fiscal resulta una medida altamente antisocial, cuando parece pretender todo lo contrario. Ha servido, eso sí, para incentivar el mercado de la vivienda, aumentar la demanda y, como consecuencia, los precios. Pero ¿a quién ha beneficiado? ¿A quienes han comprado, o a quienes han vendido? Porque sabido es que en un mercado vivo y «caliente» esas supuestas minoraciones en el precio no son tales, en general, pues es quien vende el beneficiario de ellas por el simple sistema de incrementar el precio final en la cuantía de las citadas deducciones a que el comprador tiene derecho. Pero, y sobre todo, han supuesto una merma muy considerable en los ingresos del erario público, ingresos que podrían haber sido destinados a otros fines, entre los que no es el menos importante el de velar por el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. Las cifras de los últimos años son las siguientes. Las cantidades, como puede comprobarse en el cuadro superior (en el que las correspondientes a 2005 y 2006 son estimadas, al no haber publicado aún las definitivas la Administración Tributaria), son realmente espectaculares, sobre todo en los últimos años, como es lógico. Y más espectacular resulta aún su carácter antisocial, que queda de manifiesto en el desglose correspondiente al ejercicio 2004 (cuadro inferior). Como se ve, del total de las deducciones (es decir, del dinero que el Estado dejó de percibir), el 12,67% (665.594.000 euros) correspondió a contribuyentes que declararon ingresos anuales superiores a 42.000 euros, y el 5,47% (287.356.000 euros), a quienes estaban por encima de los 60.000. En definitiva: las deducciones fiscales por compra de vivienda habitual en los siete años que van desde el 2000 a 2006 han supuesto una merma en los ingresos del Estado superior a los 34.000 millones de euros (casi 6 billones de pesetas), con los que se habría podido promover sobre el suelo cedido para ese fin la construcción de 600.000 viviendas de promoción pública. Y si hubiese sido así, ¿estaríamos hablando ahora del problema en los términos en que lo estamos haciendo? El papel de todos: adopción de medidas estructurales a medio y largo plazo. Las medidas que se proponen sólo son algunas de las posibles, y con ellas no se va a conseguir la solución inmediata del problema; pero cuanto más tiempo pase sin que se adopten, más lejos estaremos de ella. Un ejemplo: la supresión de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda habitual debería reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (en trámite de aprobación) y afectaría a quienes la adquiriesen durante dicho año, con lo que sus efectos cuantitativos no se producirían hasta el año 2009. Y no digamos nada de los trámites necesarios para la adquisición de suelo, programación urbanística, urbanización y cesión del mismo para que sean construidas sobre él las correspondientes viviendas. Trámites largos, es cierto; pero más cierto es que no hay final que no requiera un principio. francisco javier calzadilla pérez es arquitecto.