miércoles, 21 de noviembre de 2007

El Gobierno cántabro regulará por ley el derecho a la vivienda


El PP considera que no hay medidas para atajar un problema que afecta a 25.000 inscritos en el registro
El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, avanzó ayer en el pleno del Parlamento que en esta legislatura se redactará una ley autonómica para fijar el derecho de los ciudadanos a una vivienda. El consejero regionalista defendió la prioridad que para este Gobierno tiene la vivienda y apuntó que durante 2006 y 2007 se han realizado 10.500 actuaciones protegidas.De cara al futuro, y en respuesta a una pregunta del PP , el consejero consideró que el objetivo de 8.000 pisos para la legislatura «es real» y señaló que muchos de los solicitantes, 25.000, no cumplen los requisitos. También se incidirá en el precio y en incentivar a diversos colectivos, como los mayores de 65 años.También se tendrá en cuenta la realidad territorial para actuar no sólo sobre la demanda, sino también en la oferta, para fijar la población en lugares que podrían quedar despoblados. El consejero citó como muy importante la colaboración con los ayuntamientos, para que oferten suelo y promuevan promociones urbanísticas. Otra medida es fomentar el alquiler de vivienda (más de 1.500 personas están recibiendo ayudas en este campo, dijo), y la modalidad de alquiler con derecho a compra. El portavoz del Grupo Popular, Francisco Rodríguez, mencionó los últimos datos que reflejan que han disminuido la construcción y las ventas en Cantabria, más que en otras comunidades autónomas. El portavoz popular precisó que en el registro están apuntados 25.000 demandantes de protección pública, por lo que consideró insuficiente el objetivo de 8.000 viviendas en la legislatura. Además, criticó que se haya dejado de gastar lo presupuestado en ejercicios anteriores.Rodríguez lanzó una llamada de atención al Gobierno regional, al considerar que «está despreocupado» al haber «abandonado» las medidas anunciadas, que en la anterior legislatura fue la construcción de 8.000 viviendas «cuando no se comenzaron más de 2.000». «Esto significa que para este Gobierno no es una prioridad atajar el problema de la vivienda», aseguró, y se preguntó por qué no hay un plan específico de Cantabria con medidas de actuación y fiscales.Uno de los problemas que más incide en el precio final de la vivienda, indicó el portavoz popular, es el suelo. Recordó que tan sólo tres ayuntamientos han adaptado sus planes generales a la legislación vigente

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