-¿Cómo surge el nuevo planteamiento de crecimiento de los municipios?
-Todo obedece a un acuerdo con los ayuntamientos, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, que traslada cuestiones sobre la ordenación del territorio. Esa materia se debe establecer en consenso con los ayuntamientos. Pero como punto de partida se mantienen los mismo preceptos del POTA, que defiende que el crecimiento y el desarrollo deben beneficiar al ciudadano. También deben existir unas medidas que frenen el desorden urbanístico y den coherencia al desarrollo territorial. La Junta entiende ese consenso como que la ordenación del territorio debe ser un camino a recorrer de la mano con los ayuntamientos. Hay que establecer parámetros de trabajo común.
-Pero, ¿por qué a los de menos de 10.000 habitantes?
-Todos los municipios no son iguales, especialmente los pequeños, los de menos de 10.000 habitantes. Al ser núcleos de población con menor crecimiento en los últimos años, al aplicar el mismo porcentaje que a los municipios grandes, su capacidad de desarrollo en base a sus potencialidades quedaría reducida. El 90 por ciento de los municipios de Granada son pequeños y siempre han pedido cierta flexibilidad. La FAMP ha solicitado que los municipios pequeños, los de 10.000 y menos de 5.000 habitantes, tengan cierta flexibilidad, sobre unos parámetros que aún no están establecidos pero que, en lugar del 30 por ciento que establece el POTA, podrán llegar al 40 o al 50 por ciento.
-¿Cómo se valorarán esos crecimientos?
-Se estudiará caso por caso el PGOU de los municipios para establecer medidas que ordenen coherentemente el crecimiento del territorio y dar respuesta a la auténtica demanda en materia de vivienda. Hasta ahora, los crecimientos se han dado en función de la localización y del crecimiento de población lo que hacía que la construcción de vivienda no obedeciera a las necesidades de la ciudadanía. Para poder desarrollar suelos de vivienda protegida que atiendan esas demandas, en algunos municipios se necesita que el crecimiento sea mayor. El acuerdo es relacionar la ordenación del territorio con la futura Ley de Vivienda que permitirá desarrollar bolsas de VPO.
-Esa flexibilización en vivienda protegida ¿también afectaría a municipios como Granada?
-Granada, en los últimos años, ha perdido población. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de 12.000 viviendas se justifique. Un municipio que ha perdido población, que le queda suelo para desarrollar planes parciales de hasta 8000 viviendas, es difícil que pueda justificar un crecimiento de 12.000 viviendas. El crecimiento parece que debe ser menor y debe ir dirigido, especialmente, a VPO. Así que pedimos que justifiquen los aumentos de vivienda. Pero en núcleos pequeños su problema es distinto. Para un municipio de 500 a 1.000 habitantes, un 30 por ciento es bastante pequeño. Las potencialidades y las infraestructuras van a generar el aumento de la población. Atendiendo a ese crecimiento, los municipios son los primeros que han demandado que no frenen las nuevas posibilidades, especialmente en materia de VPO, que frenará la despoblación. Y el crecimiento será siempre racional y en base a las potencialidades de cada municipio.
-Todo obedece a un acuerdo con los ayuntamientos, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, que traslada cuestiones sobre la ordenación del territorio. Esa materia se debe establecer en consenso con los ayuntamientos. Pero como punto de partida se mantienen los mismo preceptos del POTA, que defiende que el crecimiento y el desarrollo deben beneficiar al ciudadano. También deben existir unas medidas que frenen el desorden urbanístico y den coherencia al desarrollo territorial. La Junta entiende ese consenso como que la ordenación del territorio debe ser un camino a recorrer de la mano con los ayuntamientos. Hay que establecer parámetros de trabajo común.
-Pero, ¿por qué a los de menos de 10.000 habitantes?
-Todos los municipios no son iguales, especialmente los pequeños, los de menos de 10.000 habitantes. Al ser núcleos de población con menor crecimiento en los últimos años, al aplicar el mismo porcentaje que a los municipios grandes, su capacidad de desarrollo en base a sus potencialidades quedaría reducida. El 90 por ciento de los municipios de Granada son pequeños y siempre han pedido cierta flexibilidad. La FAMP ha solicitado que los municipios pequeños, los de 10.000 y menos de 5.000 habitantes, tengan cierta flexibilidad, sobre unos parámetros que aún no están establecidos pero que, en lugar del 30 por ciento que establece el POTA, podrán llegar al 40 o al 50 por ciento.
-¿Cómo se valorarán esos crecimientos?
-Se estudiará caso por caso el PGOU de los municipios para establecer medidas que ordenen coherentemente el crecimiento del territorio y dar respuesta a la auténtica demanda en materia de vivienda. Hasta ahora, los crecimientos se han dado en función de la localización y del crecimiento de población lo que hacía que la construcción de vivienda no obedeciera a las necesidades de la ciudadanía. Para poder desarrollar suelos de vivienda protegida que atiendan esas demandas, en algunos municipios se necesita que el crecimiento sea mayor. El acuerdo es relacionar la ordenación del territorio con la futura Ley de Vivienda que permitirá desarrollar bolsas de VPO.
-Esa flexibilización en vivienda protegida ¿también afectaría a municipios como Granada?
-Granada, en los últimos años, ha perdido población. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de 12.000 viviendas se justifique. Un municipio que ha perdido población, que le queda suelo para desarrollar planes parciales de hasta 8000 viviendas, es difícil que pueda justificar un crecimiento de 12.000 viviendas. El crecimiento parece que debe ser menor y debe ir dirigido, especialmente, a VPO. Así que pedimos que justifiquen los aumentos de vivienda. Pero en núcleos pequeños su problema es distinto. Para un municipio de 500 a 1.000 habitantes, un 30 por ciento es bastante pequeño. Las potencialidades y las infraestructuras van a generar el aumento de la población. Atendiendo a ese crecimiento, los municipios son los primeros que han demandado que no frenen las nuevas posibilidades, especialmente en materia de VPO, que frenará la despoblación. Y el crecimiento será siempre racional y en base a las potencialidades de cada municipio.
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