Unos 15.600 jóvenes de la región optarán a ayudas para el alquiler de viviendas

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, firmó ayer el convenio de colaboración con la Junta para aplicar la Renta Básica de Emancipación, que permitirá a cerca de 15.600 jóvenes de la región, de entre 22 y 30 años y con ingresos brutos anuales máximos de 22.000 euros, disponer de la ayuda de 210 euros mensuales para el alquiler de viviendas a partir del 1 de enero de 2008. Esta renta incluye también un préstamo de 600 euros para la fianza y 120 euros para el aval, en el caso de nuevos contratos de alquiler. Así, la ministra presentó en Toledo, en compañía del presidente regional, José María Barreda, y del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el formulario que deberán cumplimentar los jóvenes para solicitar las ayudas previstas en el Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación. Unas solicitudes que podrán presentarse a partir del próximo 1 de enero en las oficinas de vivienda de las comunidades autónomas.
Aparte de expresar su satisfacción por este acuerdo, Carme Chacón informó también sobre el servicio de Ventanillas Únicas de Vivienda, que se instalarán en varios de los municipios más importantes de la región, como Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina (Toledo) y Puertollano y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya función será facilitar al ciudadano la gestión y la información necesaria acerca de las ayudas para la vivienda.Otro de los proyectos sobre los que informó la ministra de la Vivienda para la región es el acuerdo alcanzado con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para construir 200 viviendas universitarias en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, cuyo precio de alquiler oscilará entre los 75 y los 200 euros mensuales. En este sentido, Chacón señaló el 'alto grado de cumplimiento' del Plan de Vivienda 2005-2008 en Castilla-La Mancha, que ha alcanzado un 128 por ciento, mientras que, en relación a la vivienda protegida de nueva construcción, la región alcanza un 153 por ciento de los objetivos marcados. Además, anunció actuaciones en la región por valor de 400 millones de euros en unas 954 hectáreas netas.La titular de Vivienda avanzó, por último, la presentación del 'Sello Alquiler Seguro' para esta semana, que proporcionará 'seguridad jurídica' a los propietarios de viviendas que busquen ponerlas en alquiler, pero que no lo hacen por miedo a los 'impagos, daños y desperfectos'. Esta iniciativa incluye productos multirriesgo, productos frente a impagos, y de daños y desperfectos, este último con un abaratamiento incluso de hasta un 70 por ciento, a través de la Sociedad Pública de Alquiler. Chacón resaltó también las subvenciones de hasta 6.000 euros para los propietarios de viviendas vacías, la flexibilización del Real Decreto de vivienda, y el refuerzo, con nuevos juzgados de primera instancia de lo civil, para hacer frente a los procesos de desahucios.Por su parte, el presidente Barreda, se refirió al acceso a la vivienda como una 'prioridad' para construir una 'democracia avanzada', garantizando uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Barreda subrayó así la necesidad de coordinación, entendimiento y eficacia de las administraciones.

El alquiler apunta a un crecimiento del 11% en 2008

El número de viviendas alquiladas podría situarse al término de 2007 en torno a 1.875.000 unidades, un 4,7% más que en 2006
La creciente dificultad para el acceso a la vivienda y las medidas encaminadas a impulsar el alquiler, tanto de la vivienda libre como de la protegida, puestas en marcha por las distintas Administraciones Públicas son los principales factores de impulso. Esta preocupación, tanto desde el ámbito privado como público, motivará que en los próximos años haya una tendencia creciente del alquiler de casas en España, un recurso poco utilizado en comparación con el resto de los países del entorno. Las viviendas en alquiler han seguido en los últimos cinco años una trayectoria de crecimiento, impulsado fundamentalmente por el aumento de la población en las grandes ciudades y en sus alrededores. Al amparo de estas perspectivas es de prever también un importante incremento de empresas privadas creadas exclusivamente para el desarrollo de vivienda protegida en alquiler por parte de grupos constructores e inmobiliarios. El número de viviendas alquiladas en España alcanzó en 2006 una cifra cercana a 1,8 millones, habiéndose incrementado en el período 2001-2006 a un ritmo medio anual del 2%.A este aumento se ha asociado el de la facturación de dicho negocio, que en 2006 alcanzó los 8.500 millones de euros, frente a los casi 8.000 millones contabilizados del año precedente, registrándose así una tasa de variación del 6,3%.El número de viviendas alquiladas podría situarse al término de 2007 en torno a 1.875.000 unidades, un 4,7% más que en 2006. Para el bienio siguiente se prevén crecimientos superiores, entorno al 6 por ciento o 7 por ciento, de modo que al término del ejercicio 2009 el parque podría alcanzar una cifra cercana a 2.115.000 viviendas. En cuanto al volumen de negocio, este mercado podría crecer alrededor de un 8% este año. En el período 2008-2009 se registrará previsiblemente, según la fuente, un mayor dinamismo, de modo que las tasas de variación podrían alcanzar el 11% el próximo año y el 10% el siguiente, con lo que la cifra de negocio se situaría en 2009 en unos 11.200 millones de euros, frente a los 8.500 registrados en el ejercicio 2006. A pesar de que se aprecia una creciente penetración de las sociedades inmobiliarias en el mercado de vivienda de alquiler, los particulares concentran la mayor parte de la actividad, tanto en términos de número de unidades alquiladas como de volumen de negocio. En enero de 2007 operaban en España, según el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 50.436 compañías dedicadas al arrendamiento por cuenta propia de bienes inmuebles y a la explotación de viviendas turísticas en multipropiedad, pero el recorrido por años anteriores demuestra que el número de esas empresas ha ido experimentado un continuo crecimiento.

Cooperativas de viviendas se unen para lograr suelo

Seis cooperativas de viviendas de Catalunya, entre ellas las vinculadas a los sindicatos CCOO, UGT y USOC, han creado, tras más de un año de negociaciones, una cooperativa de segundo grado para poder afrontar promociones de envergadura y conseguir suelo en el que desarrollarlas.La nueva cooperativa de segundo grado se denomina Grupo Valuaris y está formada por Habitatge Entorn (de CCOO de Catalunya), Llar Catalonia (UGT), Habitatge Social (USOC), Lloc Nou, Proha y Por Font, estas dos últimas vinculadas a la empresa Sogeur. Las seis pertenecen a la Federación de Cooperativas de Vivienda de Catalunya y son el núcleo duro del sector de la vivienda social. Habitatge Entorn, por ejemplo, ha construido unas 5.000 viviendas y Lloc Nou, unas 1.500.El objetivo de la nueva entidad, que presidirá Pere Esteve, de Lloc Nou, es crear "una plataforma potente" de cooperativas que tengan la máxima transparencia y garantía social a la hora de emprender operaciones de construcción de viviendas de envergadura, según el secretario del consejo rector, Jordi Llorens. Para conseguir ese objetivo de transparencia, Valuaris será auditada por un consejo independiente.CONVENIOSEl presidente del consejo rector de la cooperativa de viviendas de USOC, Francesc Giménez, también miembro de la nueva entidad de segundo grado, aseguró que piensa conseguir el acceso al suelo en el que construir viviendas en régimen cooperativo, a través de convenios con administraciones.

Las cooperativas proponen construir casas con alquileres baratos vitalicios

El vicepresidente primero de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), Pedro Esteve, avanzó ayer que presentará una nueva propuesta al Ministerio de Vivienda para que las cooperativas puedan entrar plenamente en el negocio del alquiler.
Esteve explicó que con la introducción de algunos cambios legislativos podrían conseguirse que estas sociedades promuevan viviendas para alquilar a precios económicos de manera estable.
El proyecto, basado en la denominada 'cesión de uso', consistiría en que las cooperativas pudiesen edificar viviendas en suelos comprados a precios protegidos (que el terreno no represente más del 15% del precio básico nacional) o en solares cedidos por las administraciones públicas en derecho de superficie.
Según explicó ayer Esteve en el marco de la XI Jornada sobre el Cooperativismo de Viviendas, una vez terminada la promoción, las viviendas se entregarían a los socios cooperativistas, quienes pasarían a pagar un alquiler protegido (tal y como establece el plan de vivienda) con carácter vitalicio.
De hecho, los herederos en primer grado de esos cooperativistas podrán ocupar la vivienda en alquiler una vez fallezca el cooperativista.
La iniciativa también contempla la posibilidad de que un cooperativista decida dejar la vivienda antes de tiempo, momento en el que podrá recuperar parte de las aportaciones realizadas; ya que el nuevo socio que entre desembolsará un capital equivalente.
La cooperativa sería la encargada de gestionar el cobro de las rentas a los inquilinos de estas viviendas.
De esta forma, tal y como explicó Pedro Esteve, el cooperativismo podría contribuir a la intención del Gobierno de incrementar el parque de pisos en régimen de arrendamiento. La titular de Vivienda, Carme Chacón, que inauguró ayer esta jornada, recogió la propuesta y garantizó que será estudiada con atención para ver qué posibilidades de implantación tiene

FIRMARÁ UN CONVENDIO CON LA FEMP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS)

Vivienda dará asistencia jurídica gratuita a las víctimas que sufran acoso inmobiliario
Este delito consiste en que el dueño fuerza al inquilino a abandonar el piso
Pondrá a disposición de estas personas un teléfono 900 de información
El Gobierno trabaja para evitar la discriminación de los inmigrantes al alquilar .

MADRID.- La ministra de Vivienda, Carme Chacón, lo anunció ayer, y hoy ha concretado: su Departamento pondrá a disposición de las víctimas de "acoso inmobiliario" un teléfono de información y asistencia jurídica gratuita para evitar este tipo de "delitos". Una práctica que afecta sobre todo a aquellos que aún viven en régimen de renta antigua, en la mayoría de los casos personas mayores. La ministra también indicó que su Gobierno está buscando soluciones para acabar con el 'racismo inmobiliario' y presumió de que los precios estén subiendo a un ritmo de entre el 4% y el 5%. ¿Cómo saber que tu casero te hace 'mobbing'?
La ministra indicó, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que el Ministerio de Vivienda firmará un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las personas que sufren este acoso puedan acudir a sus ayuntamientos para defenderse de estos "especuladores".
De esta forma, adelantó que Vivienda pondrá a disposición de estas personas un teléfono gratuito de información "sobre el delito que están cometiendo los especuladores" y también ofrecerá a las víctimas asistencia social y asesoría jurídica.
'Que los acosadores sepan que este delito no es impune, que se va a perseguir y que, al final, lo van a pagar'
"Que los acosadores sepan que este delito no es impune, que se va a perseguir y que, al final, lo van a pagar", reiteró Chacón, tras recordar que actualmente ya existe en el Código Penal un delito relacionado con este tipo de acoso. Éste consiste en obligar al inquilino a abandonar el piso en el que vive mediante un acoso continuado, con la finalidad de vender posteriormente el inmueble.
Contra el 'racismo inmobiliario'
Por otro lado, y preguntada acerca de las trabas con las que se encuentran los inmigrantes para alquilar un piso simplemente por su condición de tal, Chacón indicó que Vivienda tiene como objetivo evitar este tipo de actuaciones, aunque señaló que se trata de una práctica "minoritaria" porque España es un país que se caracteriza por la "tolerancia y la convivencia".
'Hay quienes cuando se enteran de que una persona que quiere alquilar es extranjera le dan 10.000 excusas'
"Es verdad que hay prácticas minoritarias, de quienes cuando se enteran que una persona que quiere alquilar es extranjera, le dan 10.000 excusas (para no alquilarle)", admitió Chacón. La ministra también insistió en que están trabajando para que no se produzcan determinados "abusos" de viviendas "sobreexplotadas" por propietarios y para evitar que un propietario a través "de excusas que quedan al margen de la ley", solo alquile a ciudadanos españoles.
Ajuste 'suave y necesario' de los precios
Sobre el encarecimiento de la vivienda, Chacón afirmó que el Gobierno está trabajando para que el aumento del precio se acerque al IPC, y añadió que actualmente el sector está atravesando un ajuste "suave y necesario", con tasas de aumento de entre el 4% y el 5%.
La vivienda atraviesa un 'momento complicado' porque los precios 'han excluido' a muchos de este bien básico
Chacón indicó que la vivienda atraviesa un "momento complicado" porque los precios actuales "han excluido" a muchos de este bien básico, especialmente a los jóvenes. "La Ley de Suelo del PP de 1998 provocó un incremento del precio del suelo del 500%, mientras que el precio de la vivienda aumentó un 150%", añadió.
Además, recordó que cuando el PSOE llegó al poder, el precio de la vivienda subía entre un 17% y un 18% y se estaba "en mínimos históricos" en cuanto a iniciación de vivienda protegida, situación que, según dijo, el Ejecutivo actual está corrigiendo.

MINISTRA CHACÓN PRESENTA EL PROGRAMA "ALQUILER SEGURO"

Economía/Vivienda.- Vivienda presenta esta semana el sello 'Alquiler Seguro' para dar seguridad a los propietarios
TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Vivienda presentará esta semana el sello 'Alquiler Seguro' para dar seguridad jurídica a los propietarios de viviendas que quieran ponerlas en el mercado del alquiler y que actualmente no lo hacen por miedo a los "impagos, daños y desperfectos".
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Así lo avanzó hoy en Toledo la ministra de Vivienda, Carme Chacón, tras la firma de un convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha para gestionar y facilitar información sobre las ayudas y la renta de emancipación para jóvenes que se pondrán en marcha a partir del 1 de enero de 2008.
Según Chacón, este producto --que probablemente se presentará el jueves-- pretende dar a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler "esa seguridad que hoy no tienen" a través de productos multirriesgo, productos frente a impagos y de daños y desperfectos, este último con un abaratamiento incluso de hasta un 70%, a través de la Sociedad Pública de Alquiler.
A preguntas de los medios, la titular de Vivienda señaló que esta es una de las muchas medidas en las que está trabajando el Gobierno Central para, entre otras cosas, hacer que los precios de los alquileres no suban con las ayudas del Ejecutivo a la emancipación juvenil, algo que, en cualquier caso, está regulado por ley.
Entre ellas, subrayó también las subvenciones de hasta 6.000 euros para los propietarios de viviendas vacías, la flexibilización del Real Decreto de vivienda, y el refuerzo, con nuevos juzgados de primera instancia de lo civil, para hacer frente a los procesos de desahucios que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, son "excesivamente largos".
Además, Carme Chacón abordó la necesidad de "cambiar la legislación" para hace frente a los "morosos profesionales y morosos sistemáticos que encuentran recovecos en las leyes para demorar un proceso al que el propietario tiene derecho", algo para lo cual el Gobierno está --con el apoyo del Parlamento-- "tocando" la Ley de Enjuiciamiento Civil.

103 viviendas en el sector Fuente Lucha de Alcobendas: Acto de Colocación de Primera Piedra

Mañana miércoles, 28 de noviembre, la cooperativa de viviendas de CC.OO. Vitra Madrid celebrará el Acto de Colocación de Primera Piedra de 103 viviendas en el sector Fuente Lucha de Alcobendas, en Madrid, que tendrá lugar a las 12,30h. en la carpa situada junto a la promoción, concretamente junto al cruce de las calles Pablo Iglesias con calle Dolores Ibárruri, al que tengo el placer de invitarte.

El acto contará con la presencia del Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, el Secretario General de CC.OO. en Madrid, Francisco Javier López y el Presidente de la Cooperativa de Viviendas Vitra Madrid, Francisco Naranjo Llanos.Las cooperativas de Vitra son gestionadas por GPS, primera empresa del sector en número de viviendas gestionadas en régimen cooperativo y en número de viviendas protegidas entregadas. Asunto: Acto de Colocación de Primera Piedra de Promoción de Viviendas Vitra en Alcobendas, Madrid.Lugar: Carpa situada en la promoción (cruce de las calles Pablo Iglesias con calle Dolores Ibárruri).
La Vivienda reducida y su trascendencia en el siglo XXI
La cooperativa Vitra, gestionada por GPS, entrega su cuarta promoción en Jaén
GPS gestionará 190 nuevas viviendas en Jaén
La cooperativa Vitra gestionada por GPS entrega 99 viviendas protegidas en Valladolid
La cooperativa Vitra gestionada por GPS entrega 62 viviendas en Zamora
GPS ha adquirido una cartera de suelo para cerca de 1.600 viviendas en el primer semestre de 2006
Vitra Vigo celebró el acto de entrega de llaves de las 288 VPOs de Residencial Nudos Marineros, gestionadas por GPS

El Consistorio quiere hacer viviendas sociales en las escuelas de Pillarno

El Ayuntamiento solicita a Educación la propiedad del centro de San Amaro para alojar a familias chabolistas. El gobierno municipal de Castrillón solicitará a la Consejería de Educación y Ciencia la cesión de las escuelas de San Amaro de Pillarno para construir viviendas sociales. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Ramón Martínez Campo, manifestó ayer que se solicitará al Principado, propietario del centro escolar, la cesión del conjunto escolar para hacer dos viviendas sociales que se incluirán dentro del plan municipal de erradicación del chabolismo. El Consistorio quiere aprovechar las antiguas viviendas de los maestros, sitas en el mismo patio del colegio, para reubicar a familias que vivan en chabolas. Las escuelas de San Amaro están en la zona de El Cuadro, cerca de la iglesia. El centro escolar, dependiente del Colegio Rural Agrupado (CRA) Castrillón-Illas, cuenta en la actualidad con más de una docena de alumnos. El conjunto escolar tiene también con un patio y una pista polideportiva para uso de los alumnos en horario lectivo y que los niños de la localidad pueden utilizar asimismo durante el resto del día.

Jóvenes familias 10: Una promoción para comenzar una nueva vida

Proyectos y soluciones inmobiliarias Gestión 10 realiza una promoción para ayudar a las jóvenes familias a comenzar una nueva vida
Residencial Jóvenes Familias 10 viene a cubrir las necesidades de un porcentaje alto de la población que inician la etapa más importante de su vida: crear una familia y ver crecer a sus hijos. La inmobiliaria Gestión 10 presenta una promoción para una clientela muy específica. En este caso se trata de una promoción de 50 viviendas dirigidas a familias jóvenes. Por este motivo la primera fase de la promoción, que durará los tres primeros meses, se destinará a familias residentes en Aranjuez entre 20 y 35 años que tengan dos hijos. La segunda fase, el siguiente trimestre, se realizará para jóvenes familias que no hayan sido padres todavía y ya vivieran en el sitio de la promoción. La última fase de la promoción de las viviendas estará dirigida a la población de Aranjuez en general.Estas viviendas estarán dotadas de todas las necesidades que una familia recién creada pueda necesitar. Para ello el complejo de viviendas contará con servicios como ludoteca, biblioteca, aula de Internet, parques infantiles, gimnasio, pistas deportivas,… En las dotaciones para las que sea necesario, como el parque infantil o el gimnasio, Gestión 10 contratará a personas que se encarguen de las salas por un periodo de 24 meses sin coste alguno para la comunidad.Otro aspecto al que Gestión 10 le da gran importancia es el social. Por ello crearán un convenio con el Ayuntamiento de Aranjuez en el que cederá dos viviendas de la promoción para paliar una de las lacras de la sociedad, “la violencia de género”. El entorno, la comunicación y la convivencia que se creará en este residencial, será un marco inmejorable para hacer felices a mujeres e hijos que estén padeciendo esta situación.Los precios de venta de Jóvenes familias 10 se prevé que sea de un 25% aproximadamente por debajo del precio actual de mercado. Aproximadamente los precios para una vivienda de 100m2 y dos dormitorios serán de 214.411 euros y para una vivienda de unos 126m2 y de tres estancias serán de 275.512 euros.Gestión 10 ofrece a sus clientes unas posibilidades de financiación muy beneficiosa, pudiendo ir a una hipoteca de hasta el 90% del valor de la vivienda. Esta financiación se consigue gracias a la tasación superior al precio de venta, debido a que el suelo esta por debajo del precio de mercado. Además Gestión 10 realiza una disminución responsable de su rentabilidad para que el precio medio de venta sea lo

Los pisos para jóvenes de la Junta podrán solicitarse en diciembre

La Junta, a través de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, abrirá el próximo mes de diciembre el plazo para solicitar 23 viviendas para jóvenes en venta, situadas en dos inmuebles del barrio de Santa María y otro de Obispo Urquinaona.
Fermín del Moral, presidente gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y Jesús Martínez, director técnico de la Oficina, explicaron a que se había preferido esperar a que las obras estuvieran avanzadas para iniciar este proceso, una decisión con la que se quieren evitar esperas a los adjudicatarios.
Así, las obras de Teniente Andújar, donde se construyen once pisos, están prácticamente terminadas, y hace unos días pudieron ser visitadas por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. También están en marcha las obras de Botica, 6 y 8 y de Obispo Urquinaona, 6, y las primeras, concretamente, están al 60 por ciento de ejecución. Las casas tienen dos dormitorios y una media de 48 metros cuadrados útiles, y vendrían a costar en torno a los 48.000 euros.
A estas viviendas podrán acceder jóvenes que cobren o bien 2,5 veces el Iprem (antes Salario Mínimo Interprofesional) o bien el 4,5, dependiendo de si se decide adscribir los pisos al programa de viviendas protegidas de régimen especial o general. En principio, la idea que se baraja como más probable es que sean del primer tipo. Los jóvenes que accedan a estas viviendas contarán además con los 600 euros de ayuda que establecen los actuales planes autonómicos.
Además, la Junta quiere estudiar la viabilidad legal de que se reserve un cupo de cinco pisos para que puedan volver al casco histórico gaditano los jóvenes que habían tenido que irse a otras localidades de la Bahía debido al precio de las casas y que viven en estas poblaciones en pisos arrendados.
La Oficina de Rehabilitación también tiene en marcha otra promoción de viviendas para jóvenes, en Osorio, que serán en régimen de alquiler. Las antiguas edificaciones ya están demolidas, pero no se han iniciado los trabajos de construcción, por lo que aún se esperará para iniciar la selección de los adjudicatarios.
En todo caso, sí se tiene claro que se dará la opción de compra a los inquilinos cinco años después de la entrega de llaves. Entonces tendrán que responder, pero firmarían escrituras al décimo año y con el precio que entonces tengan las viviendas protegidas. No tendrán que dar entrada y se les compensará con la mitad de lo que hayan pagado de alquiler hasta la fecha. Para pisos de unos 45 o 50 metros, la renta mensual será de unos 120 ó 130 euros.

El precio de la vivienda en Málaga bajará en 2008

El descenso se deberá, entre otros aspectos, al aumento de oferta disponible y a la aparición de promociones inmobiliarias nuevas en zonas menos exclusivas, según un estudio realizado por el grupo consultor inmobiliario Aguirre Newman
El grupo consultor inmobiliario Aguirre Newman prevé que durante el próximo año se registre un descenso del precio medio de la vivienda en la capital malagueña como consecuencia del aumento de oferta disponible y la aparición de promociones más competitivas, tras una década alcista. Según ha explicado la directora de Aguirre Newman en Málaga-Costa del Sol, María Monasterio, en 2008 y 2009 se va a dar una disminución de la oferta y un mantenimiento de las superficies medias, así como un empeoramiento de los ritmos de venta donde el porcentaje de viviendas no vendidas es importante.El descenso en el precio medio, cuyo comportamiento se ajustará en próximos ejercicios a la evolución de la inflación, se deberá a la aparición de promociones inmobiliarias nuevas en "zonas menos exclusivas" y a una normalización de la situación tras un ciclo expansivo. La situación financiera actual ha ocasionado una contención de la demanda que, unida al crecimiento de la oferta, han causado una ralentización de los ritmos de venta de vivienda nueva en Málaga.En la actualidad, el plazo medio de comercialización de las viviendas plurifamiliares se sitúa en Málaga en los 23,2 meses y en los 36,4 meses en la unifamiliar, lo que supone un aumento de 5,3 y 8,4 meses en relación a 2006. Pese a este empeoramiento, Monasterio considera que el ritmo de venta de las viviendas plurifamiliares (en altura) puede considerarse "saludable" porque es el tiempo medio que tarda en venderse una promoción, y ha recordado que en los últimos años se han registrado "plazos fuera de lo normal".La contención de la demanda debido al aumento de los precios y al endurecimiento de las condiciones hipotecarias ha llevado a algunos promotores que construían segundas residencias en la Costa del Sol a "refugiarse" en la primera vivienda en la capital malagueña, ha señalado. El grupo consultor ha elaborado un informe sobre la situación del mercado residencial en Málaga por distritos, que también incluye Alhaurín de la Torre y, por primera vez este año, a Rincón de la Victoria. En total, ha analizado doscientas promociones, de las que 174 se encontraban en comercialización a fecha de cierre de la recogida de datos (el pasado 31 de octubre), dieciséis ya estaban vendidas y diez aún no habían empezado a venderse.La vivienda plurifamiliar tipo que se comercializa en Málaga, sin incluir Rincón de la Victoria, tiene una superficie media de 94 metros cuadrados, y un precio por metro cuadrado de 2.734 euros, por lo que el precio final es de 257.271 euros, un 4,3 por ciento más que en 2006. Si se incluye Rincón de la Victoria, los pisos que se comercializan en Málaga tienen una superficie media de 100 metros cuadrados y un precio final de 250.000 euros. La vivienda unifamiliar media, por su parte, presenta una superficie de 189 metros cuadrados, lo que da un precio medio final de 428.428 euros.

CONVENIO COLABORACION PARA VIVIENDAS DE ALQUILER

El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que ha firmado un convenio con la cooperativa El Teu Barri, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), para construir unas 250 viviendas de protección en régimen de alquiler, la mitad de las cuales serán apartamentos tutelados para ancianos y la otra mitad para jóvenes, en la parcela que actualmente ocupan las antiguas piscinas Folch i Torres en el barrio del Raval.
Fuentes del Ayuntamiento afirmaron ayer que el proyecto todavía no está bien definido y que ahora empieza el planteamiento urbanístico. Después de su aprobación, que podría llegar a finales de año o a principios de 2004, empezarán las obras.
El alcalde, Joan Clos, firmó ayer otros tres convenios de colaboración con los sindicatos UGT, CC OO y con la FAVB para construir 160 viviendas de protección en el distrito 22@ del Poblenou.
Las viviendas construidas por la cooperativa de UGT (16) y las de CC OO (74) serán de compra. De los 70 apartamentos de la promoción de la FAVB, el Ayuntamiento adquirirá 24 para alquilarlos. De los que se pondrán en venta, se reservará como mínimo la mitad para los residentes del barrio del Poblenou. Está previsto que estas tres promociones estén listas en 2005.

Vivendas Sociales en Alquiler en Barcelona

El presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, han firmado un convenio para la construcción de entre 300 y 500 viviendas sociales en la ciudad en régimen de alquiler destinadas a jóvenes y a ancianos, lo que supondrá una inversión de entre 30 y 50 millones de euros.
El proyecto se enmarca en los objetivos del Plan de la Vivienda de Barcelona 2004-2010 y dentro de la sociedad Proyectos e Iniciativas Sociales de La Caixa, impulsada por la entidad para acentuar su vertiente social y facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como los jóvenes y los ancianos.
El gerente del Instituto Municipal de Urbanismo, Ricard Frigola, ha explicado que actualmente se está trabajando para que puedan construirse estas viviendas en un solar en la calle Pallars y edificar entre 100 y 150 pisos en Roquetas, aunque en este último caso el proyecto está "en una fase más preliminar".
Las nuevas viviendas tendrán una superficie aproximada de 50 metros cuadrados útiles destinadas a menores de 35 años y mayores de 65 años y con una renta de alquiler que oscilará entre 130 y 240 euros.
A través de este acuerdo también se reinvertirán los posibles beneficios de las diferentes promociones en el desarrollo de nuevas iniciativas en Barcelona.
'El Ayuntamiento de Barcelona se reserva el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas sociales en las transmisiones que puedan producirse durante y al final del periodo de protección. Además, la adjudicación de los contratos de alquiler de las viviendas garantizará la igualdad de oportunidades y la transparencia.
El acuerdo marco de colaboración entre el consistorio barcelonés y La Caixa para el fomento de viviendas de tipo social en régimen de alquiler en la ciudad es un primer paso en el desarrollo del Plan de Vivienda de Barcelona, al que se añadirán otros acuerdos con diferentes operadoras para poner en el mercado pisos protegidos en sus diferentes tipologías, según han informado resaponsables del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona promoverá 2.033 nuevas viviendas sociales hasta 2007

BARCELONA.24/03/2006
El Ayuntamiento de Barcelona presentó hoy en el Pleno los nuevos emplazamientos para crear 2.033 viviendas de protección y dotacionales hasta 2007. Un total de 876 serán dotacionales, es decir construidas en solares calificados inicialmente como equipamientos, mientras que otras 1.166 serán pisos protegidos.
Uno de los objetivos del Plan de Vivienda de Barcelona 2004-2010 es impulsar 10.000 nuevas viviendas protegidas, asequibles, acabadas, en construcción, de promoción pública o privada y en régimen de alquiler o de venta.Del total de pisos sociales previstos, 867 serán viviendas dotacionales de alquiler para jóvenes --545 pisos-- y para ancianos --322--. Un total de 313 viviendas de protección se situarán en los antiguos cuarteles militares de Sant Andreu y otros 142 en el mismo distrito barcelonés. El distrito 22@ acogerá 431 viviendas de protección, mientras que en el eje Diagonal-Frum se construirán 248 viviendas sociales y otros 32 pisos en la zona de Vallvidrera de la capital catalana. El primer teniente de alcalde de Barcelona, Xavier Casas, defendió las políticas de vivienda asequible impulsadas por el tripartito municipal y negó las críticas de los grupos de CiU y PP, quienes acusaron al Ayuntamiento de Barcelona "no tener la vivienda como una prioridad" de gobierno.La oposicin dice que "no es prioridad" para el ayuntamientoEl presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, acusó al gobierno municipal de "no priorizar la vivienda asequible" y de "ser incapaces de hacer una auténtica política de vivienda". Trias también criticó que la construcción de viviendas dotacionales vaya en detrimento de la creación de equipamientos.En el mismo sentido se posicionó el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, quien aseguró que "la realidad acaba desmintiendo estas promesas" y aseguró que el Patronato Municipal de la Vivienda acabó "incumpliendo el 73,8% de las promociones previstas en 2005". El presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Eugeni Forradellas, defendió la política impulsada por el gobierno municipal y aseguró que "Barcelona es la ciudad que ha construido más vivienda social", algo en el que también insistió la concejal de ERC Pilar Vallugera. La concejal republicana consideró "injustas" las críticas de la oposición, aunque reconoció que "el impacto que las políticas de vivienda tiene en el mercado no es suficiente para garantizar el derecho de acceso a un piso", aunque "será con este gobierno que se conseguirá".

Barcelona - Ayuntamiento sólo hará VPO de alquiler social

El Ayuntamiento de Barcelona dejará de construir pisos protegidos destinados a la venta, de manera que todas las próximas promociones serán en régimen de alquiler y de derecho de superficie, una nueva modalidad, similar a la concesión, que permitirá al consistorio mantener la propiedad del suelo.
Esta nueva fórmula, pionera en Cataluña, sustituirá a la tradicional modalidad de la compra-venta, que a partir de ahora sólo persistirá en los casos en que sea necesario realojar a afectados urbanísticos, según explicó ayer el delegado de Vivienda, Antoni Sorolla, en la presentación de las nuevas medidas sobre vivienda que impulsa el Consistorio.
El derecho de superficie permitirá al Patronato Municipal de la Vivienda vender la propiedad de un edificio por un determinado período de tiempo, en principio por unos setenta años, manteniendo siempre la propiedad del suelo, de manera que, una vez pasado este período, la posesión de la finca vuelva a la administración.
Sorolla aseguró señaló las ventajas de este método, que permite a los clientes actuar como auténticos propietarios de la vivienda, pudiéndola vender o dejar en herencia.
Los usuarios, además de obtener “una mayor seguridad y garantía”, también se pueden beneficiar de las ayudas fiscales destinadas a la compra de una vivienda.
Sorolla indicó que un treinta% de los pisos sociales que “a partir de ya” impulse el Patronato serán en régimen de derecho de superficie. Durante este mandato está previsto que se construyan unos 12.000 pisos protegidos en la capital catalana, unos 3.500 de los cuales se edificarán directamente a través del Patronato, lo que supone que unos 800 con derecho a superficie.
El cuarto teniente de alcalde, Ramón García-Bragado, aseguró que con el impulso de esta nueva fórmula “mixta” de tenencia de viviendas Barcelona da un paso “histórico” y dibuja una realidad que “se acabará imponiendo en toda Cataluña”.
Otra de las acciones previstas es el impulso al alquiler social para las personas con rentas bajas que no pueden acceder al mercado protegido.
En este sentido, el Consistorio quiere constituir un parque de pisos públicos de alquiler destinados a atender las situaciones de emergencia de las personas con menos recursos, que en ningún caso destinarían al alquiler más del 30% de sus ingresos.
Este fondo parte con las cerca de 3.000 viviendas que conforman actualmente el parque de alquiler social, pero se irá nutriendo de un mínimo del 5% de todos los pisos de alquiler de nueva construcción que promueva el ayuntamiento, lo que significa que este parque crecerá con un centenar de pisos cada año.
22-11-2007 Vocento

IU exige que las viviendas del Fuerte se adjudiquen por sistema público

martes, 20 de noviembre de 2007
La coalición indica que el 60 por ciento serán de precio tasado, lo que supone viviendas de 90 metros a 35 millones de pesetas, y solicita la supresión de esta modalidad
Izquierda Unida insiste en la necesidad de que el reparto de las viviendas de El Fuerte se realice a través de un "sistema públic que otorga mayor transparencia en la gestión, y evita el enchufismo, el descontrol, el negocio o el dinero B", tal y como ha indicado esta mañana en rueda de prensa el coordinador provincial de la coalición, José Luis Maximiliano.
Maximiliano ha criticado la que, hasta ahora, parece la opción más evidente para el reparto de estas viviendas, a través de cooperativas y promotores privados. En este sentido, el coordinador provincial de IU ha maniestado su desconfianza por este sistema y por la manera de proceder. "En política no creo mucho en las casualidades, pero primero se desmantela la Bolsa Municipal que, aunque había que limar algunas asperezas era un sistema justo que funcionaba, luego la Junta dice que serán las cooperativas y promotores las que adjudiquen, así que cuando las cosas son tan evidentes, es difícil creer en una casualidad", indica Maximiliano.
Izquierda Unida tampoco ha querido olvidarse del control posterior que debe llevarse en este tipo de viviendas, en cuanto a las transmisión de las mismas.
En cuanto a la modalidad de las viviendas, Maximiliano asegura que alrededor del 60 por ciento de las viviendas de El Fuerte serán de precio tasado, lo que supone que una vivienda de 90 metros cuadrados en la capital costará alrededor de 35 millones, mientras que una protección oficial sería casi 60.000 euros más barata. A este respecto, "pedimos que se elimine esta modalidad porque entendemos que no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos de Guadalajara".

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Los empresarios no se conforman con la rectificación del POTA

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) valoró ayer el compromiso adquirido por la Junta de Andalucía con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para flexibilizar su normativa urbanística y permitir que los pueblos de menos de 10.000 habitantes puedan crecer más que los grandes núcleos urbanos. El presidente de la Confederación recordó, no obstante, que sus "peticiones y demandas son mucho más amplias" en torno al debate sobre el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Idéntica es la opinión de la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía, Promotur, que tachó de insuficientes las medidas para corregir los "perniciosos efectos" del Plan aprobado hace un año.
El presidente de la CEA advirtió que, para lograr un acuerdo sobre el pacto regional de la vivienda, la Administración deberá tener en cuenta otras reivindicaciones. "Hay otros muchos y más amplios criterios que están en la documentación remitida por la CEA y en los acuerdos teóricos con la FAMP, que afectan a muchos más temas, no sólo la modulación de la población de los pueblos pequeños", explicó Herrero.
La CEA negocia una serie de planteamientos con la Consejería de Presidencia, entre los que se encuentran puntos como que los suelos comerciales y turísticos no cuenten a efectos de crecimiento urbanístico; que no se compute la población de las VPO a efectos de crecimiento poblacional; o que se suavicen las limitaciones de crecimiento en función de las necesidades de cada municipio.
"Lo importante y trascendente no es sólo la dimensión municipal", explicó Herrero, que destacó que lo acordado entre Junta y FAMP "viene a coincidir bastante con los planteamientos generales que la CEA ha hecho en las reuniones de la Concertación". De hecho, el acuerdo entre la Junta y la FAMP anunciado la semana pasada para excluir los suelos industriales de la contabilización del crecimiento urbanístico es una de las reivindicaciones que la CEA ya había trasladado a la Consejería de Presidencia.
Promotur, a través de su presidente, Ramón Dávila, lamentó que la flexibilización del POTA siga dejando los límites de crecimiento en manos de la Administración, que "puede aplicarlos de forma discriminatoria".
El presidente de Promotur recordó que la propuesta da la razón a los promotores y confirma sus críticas al plan. "Si una de las finalidades del POTA era conseguir mejorar los desequilibrios, con el texto que salió del Parlamento se conseguiría justo lo contrario, castigar a los municipios que no habían tenido desarrollo", argumentó Dávila.
Éste fue uno de los principales argumentos judiciales de Promotur en su recurso contra el POTA ante el Tribunal Superior de Justiticia de Andalucía (TSJA).
El grupo político Izquierda Unida (IU) admitió en un comunicado que "puede ser necesaria una cierta modulación o matización" de las limitaciones al desarrollo urbanístico de los municipios introducidas en el POTA, pero reclamó a la Junta que cualquier modificación a este documento "sea llevada al Parlamento andaluz para el debate y participación de todas las fuerzas políticas".
El diputado de IULV-CA Ignacio García expresó su temor a que los cambios "estén promovidos más por requerimientos de la patronal que por el conocimiento real de las necesidades de la sociedad".

La Junta flexibilizará el POTA para permitir que los pequeños municipios crezcan más

Se compromete a estudiar la petición de la FAMP de que se les excluya de los límites fijados. Beneficiará a los pueblos de menos de 10.000 habitantes
LA OPINIÓN. SEVILLA La Junta de Andalucía se ha comprometido a buscar mecanismos junto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para flexibilizar la interpretación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), de forma que los pequeños municipios puedan crecer por encima de los límites establecidos en el Plan, es decir, el 30 por ciento de la población y el 40 por ciento del suelo urbanizable, para así evitar el "encorsetamiento" de esas localidades.La comisión permanente de la Ejecutiva de la FAMP, en la que hay un alcalde de cada partido con representación en el Parlamento andaluz, efectuó ayer esta petición a la Junta al respaldar el Plan Andaluz de la Vivienda en la reunión que mantuvo con Chaves y las consejeras de Gobernación, Evangelina Naranjo, y de Obras Públicas, Concepción GutiérrezLa idea de la FAMP es que esas limitaciones al crecimiento se "modulen" para pueblos de menos de 2.000 habitantes, de 5.000 y de 10.000, para no aplicar con la misma exigencia las limitaciones al crecimiento, según explicó en conferencia de prensa el presidente de la FAMP, Francisco Toscano.La Federación pide también que los suelos industriales queden fuera de esa limitación en los pueblos pequeños, y que en estos la media de habitantes por vivienda, que se toma como referente para el número total de viviendas protegidas (VPO), se rebaje.Acuerdo. En consonancia con estas demandas, la consejera de Obras Públicas admitió en conferencia de prensa que la mayoría de los 400 municipios andaluces que tienen menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y en habitantes por debajo de la media regional, lo que significa que disponen de unos equipamientos superiores a las necesidades de la población real que tienen, por lo que aseguró que existe "un acuerdo bastante amplio".Toscano, que recordó que sólo el 7 por ciento de los municipios andaluces están ya adaptados a la nueva Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), pidió también a Chaves un mecanismo de adaptación ágil, que podría regularse mediante decretos, para que la mayoría de los municipios puedan crear las reservas de suelo para VPO que prevé la nueva norma.Además, la FAMP también pidió a Chaves que, como cada vez es mayor la franja de población que no puede acceder a la primera vivienda, se intensifique la figura de la vivienda tasada para evitar "el abismo" existente entre las VPO y las viviendas de libre mercado.

Acciona regala la cocina y 6.000 euros para vender algunas de sus viviendas

MADRID. Acciona Inmobiliaria regalará 6.000 euros y la equipación de la cocina a las viviendas que venda antes de fin de año de algunas de las promociones que presentará en la Feria Inmobiliaria de Valencia, que se celebra esta semana, según informó ayer la empresa. Los 6.000 euros se entregarán en un cheque regalo de El Corte Inglés y esta promoción es una forma de atajar la creciente crisis de ventas que afecta al mercado de viviendas..
La promoción no se aplicará a las promociones de Mallorca, la de «Torre Lúgano» de Benidorm y la de «Los Jilgueros» de Paterna (Valencia capital).
Acciona presentará en la Feria de Valencia tres promociones ubicadas en la capital, la de «Los Milanos», de 75 viviendas; la de «Los Gavilanes de Campanar» de 59 viviendas, y la de «Los Jilgueros de Paterna», de 62 viviendas.
Entre el resto de promociones con que Acciona acudirá a la feria destacan la de «Es Jonquet» de Palma de Mallorca, de 52 viviendas de lujo; así como la «Nueva Condomina» de Murcia (122 viviendas), la de «Son Parera» de Mallorca, la de la «Torre Lúgaro» de Benidorm (Alicante), y las de «Los Pelícanos» (156 pisos) y «Las Palmeras» (122 viviendas), ambas también en Alicante.

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El Govern trasladará hoy mismo a los agentes sociales y económicos el borrador del Pacto por la Vivienda

El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, afirmó que su departamento tiene previsto trasladar hoy mismo a los agentes sociales, económicos y profesionales integrados en la Mesa por la Vivienda el borrador acabado del Pacto por la Vivienda que, según prevé, será aprobado 'necesariamente' antes de final de año y con un 'consenso mayoritario'.Carbonero declaró, durante la presentación a los medios de las VI Jornadas sobre Ordenación del Territorio, que en la próxima convocatoria de la Mesa se tratará sobre la fecha para la firma del Pacto. Acerca del contenido del acuerdo, subrayó que ni su departamento ni ningún otro del Ejecutivo autonómico tienen voluntad de que se pueda filtrar a la prensa antes de su aprobación, tal y como ocurrió con el decreto ley de medidas urgentes la pasada semana.'Quien haga circular un borrador, sabrá por qué lo hace. Es su responsabilidad. Desde el Govern, entendemos la cultura del pacto como un factor capital. Queremos que todas las decisiones sean compartidas de manera total por el Ejecutivo en su conjunto', aseguró.No obstante, el conseller avanzó que su Conselleria estima que en el plazo de cuatro años se construirán más de 5.000 nuevas viviendas de protección oficial, que en su mayoría --más del 50 por ciento, dijo-- se facilitarían en régimen de alquiler. De este total, casi la totalidad serán de promoción pública y el resto correspondería a iniciativa privada a precio tasado.Carbonero añadió que, además de la vivienda de nueva construcción, se impulsará el acceso a la vivienda pública mediante actuaciones de rehabilitación de zonas urbanas degradadas que faciliten la salida al mercado de la gran masa de inmuebles vacíos que existen en el archipiélago.'Fomentaremos el régimen de alquiler hasta que deje de ser la excepción y empiece a ser la norma como ocurre en los países de nuestro entorno. Es una modalidad que tiene una gran ventaja cuando los créditos empiezan a estar caros y que además coincide con una política más social y más justa', agregó.El conseller explicó que el problema de la vivienda en Baleares radica en la ausencia de suelo público, es decir a precio asequible, como consecuencia de la legislación estatal vigente desde 1998, y consideró que las políticas encaminadas a permitir el acceso a la vivienda no pueden ir en una sola línea. 'Hasta que la situación de propiedad del suelo esté normalizada, habrá que actuar con ayudas a los colectivos que más lo necesiten', insistió.

El Gobierno cántabro regulará por ley el derecho a la vivienda

El PP considera que no hay medidas para atajar un problema que afecta a 25.000 inscritos en el registro
El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, avanzó ayer en el pleno del Parlamento que en esta legislatura se redactará una ley autonómica para fijar el derecho de los ciudadanos a una vivienda. El consejero regionalista defendió la prioridad que para este Gobierno tiene la vivienda y apuntó que durante 2006 y 2007 se han realizado 10.500 actuaciones protegidas.De cara al futuro, y en respuesta a una pregunta del PP , el consejero consideró que el objetivo de 8.000 pisos para la legislatura «es real» y señaló que muchos de los solicitantes, 25.000, no cumplen los requisitos. También se incidirá en el precio y en incentivar a diversos colectivos, como los mayores de 65 años.También se tendrá en cuenta la realidad territorial para actuar no sólo sobre la demanda, sino también en la oferta, para fijar la población en lugares que podrían quedar despoblados. El consejero citó como muy importante la colaboración con los ayuntamientos, para que oferten suelo y promuevan promociones urbanísticas. Otra medida es fomentar el alquiler de vivienda (más de 1.500 personas están recibiendo ayudas en este campo, dijo), y la modalidad de alquiler con derecho a compra. El portavoz del Grupo Popular, Francisco Rodríguez, mencionó los últimos datos que reflejan que han disminuido la construcción y las ventas en Cantabria, más que en otras comunidades autónomas. El portavoz popular precisó que en el registro están apuntados 25.000 demandantes de protección pública, por lo que consideró insuficiente el objetivo de 8.000 viviendas en la legislatura. Además, criticó que se haya dejado de gastar lo presupuestado en ejercicios anteriores.Rodríguez lanzó una llamada de atención al Gobierno regional, al considerar que «está despreocupado» al haber «abandonado» las medidas anunciadas, que en la anterior legislatura fue la construcción de 8.000 viviendas «cuando no se comenzaron más de 2.000». «Esto significa que para este Gobierno no es una prioridad atajar el problema de la vivienda», aseguró, y se preguntó por qué no hay un plan específico de Cantabria con medidas de actuación y fiscales.Uno de los problemas que más incide en el precio final de la vivienda, indicó el portavoz popular, es el suelo. Recordó que tan sólo tres ayuntamientos han adaptado sus planes generales a la legislación vigente

Los constructores reaccionan contra la ley del suelo y creen que subirá la vivienda

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc), Rafael Doménech, aseguró ayer que los empresarios del sector están «hartos de tanta legislación», en clara referencia a la ley del suelo que el Gobierno central aprobó el pasado mes de marzo.
J. Antequera, Castelló «A los promotores no nos gusta que estén haciendo tantos cambios en las leyes, que lo que propicia es un retraso en la gestión en sí. Y esto no es bueno porque el retraso repercute en la concesión de suelo, que es la materia prima, la que más falta nos hace y la que repercute en un precio de la vivienda muy alto» , explicó Doménech. Durante un intermedio en las jornadas que se celebraron en el Hotel Intur, el presidente de los constructores de Castelló se pronunció sobre los problemas del sector. Doménech considera que el valor del suelo puede repercutir entre un 30 y un 40 por ciento en el precio total de la vivienda (incluso en la de protección oficial) de ahí la importancia de que las empresas puedan tener acceso a la mayor cantidad de terreno y en las mejores condiciones. Las jornadas sirvieron para que Apecc se hiciera eco de las conclusiones que sobre la ley ha realizado la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce). Este documento considera que el intervencionismo estatal a través de la ley es «exacerbado» y reconoce que, aunque la nueva legislación trata de abaratar el precio del suelo, es «innecesaria» , ya que no se ofrecen mecanismos para lograr evitar la retención especulativa. Además, creen que es «inoportuna» , al llegar en un momento de cambio de ciclo económico. A juicio de Apecc, la ley influirá negativamente en las tasaciones, ya que las sociedades tasadoras no conocen aún los criterios que deben adoptar. La moraleja, a juicio de los empresarios, es que con tanto cambio legislativo «no hay economía que lo resista». «Todavía no conocemos cuál va a ser la repercusión en el sector. Ese treinta por ciento del valor del suelo encarece todavía más la vivienda y luego hay una incertidumbre en el tema de las valoraciones del suelo. No sabemos cómo va a incidir. Ya digo, lo veremos con el tiempo», añadió. El presidente de los constructores reconoció que es cierto que actualmente existe una ralentización en la construcción de viviendas, aunque «no tiene nada que ver con el suelo» . «Es algo que viene por la ley de oferta y demanda» , aclaró. Sobre la actual situación, insistió en que «cuando no hay demanda está claro que el sector tiene que parar de construir. Pero es circunstancial» . Apostó por que las administraciones públicas cedan suelo con la mayor agilidad posible porque «aunque no exista demanda en la actualidad sí que necesitamos estar preparados para cuando la demanda tire del sector» . La finalidad es, según Doménech, tener un suelo a un precio asequible para poderlo vender en unas viviendas económicas. «Necesitamos más liberalización de suelo, ofrecer suelo a un precio adecuado y para eso los gestores, que son los administradores públicos, tienen que agilizar este asunto» , puntualizó.

TRUEQUE DE CASAS PROTEGIDAS EN EL PAÍS VASCO

'Hemos cambiado nuestra VPO por una casa de cuatro habitaciones'
Un servicio de trueque de VPO del Gobierno vasco permite el intercambio de casas
Más de 100 propietarios han permutado ya su VPO a través de esta Bolsa
Cuando a Óscar Arrieta le tocó una vivienda de protección oficial en Vitoria supo que había sido un afortunado. Sucedió en el sorteo de VPP del Gobierno vasco en el año 1996. La casa se la entregaron en 1998. 60 metros cuadrados y dos habitaciones. "Está muy bien, pero ¿qué pasará cuando la familia empiece a aumentar?", pensaron Óscar y su mujer. Y la familia creció.
"Cuando nació la niña empezamos a ver que la casa se podía quedar pequeña. Así que empezamos a movernos y consultamos a Etxebide —Servicio Público de Vivienda del País Vasco—. Fueron ellos quienes nos informaron de la existencia de una Bolsa de Intercambio", recuerda Óscar. Esta iniciativa, pionera y única a nivel nacional, hace posible permutar una VPO por otra que cumpla las necesidades de cada propietario y abre un canal inédito de comunicación entre ofertantes y demandantes.
Por necesidades de espacio (más o menos habitaciones), razones laborales o personales, son ya más de 100 propietarios los que han intercambiado su casa en los últimos dos años. Hoy, 720 adjudicatarios de VPO están inscritos en esta Bolsa. Y según datos del departamento, el 90% quiere una vivienda más grande.
Fue en el año 2003 cuando esta familia empezó a buscar "sin prisa" una casa ideal entre todas las ofertas inscritas en la Bolsa. Querían un hogar más grande y en su misma zona (Lakua, distrito en el norte de la ciudad). "Resultaba difícil encontrar a alguien que cumpliera nuestras expectativas y quisiera cambiar por una casa más pequeña", comenta Óscar.
De los 720 adjudicatarios de VPO están inscritos en esta Bolsa, el 90% quiere una vivienda más grande
El tiempo pasaba. En 2005 la búsqueda se hizo más "seria" y en 2006, cuando nació su segundo hijo, empezó el agobio. "Eran pequeños. El niño dormía en la cuna en nuestra habitación pero cuando le tuvimos que cambiar con su hermana vimos la necesidad de más espacio". Aunque no querían irse del barrio, ampliaron su búsqueda a toda la ciudad. No salía nada. "¿Cómo vamos a pagar una vivienda nueva si vendemos la nuestra al Gobierno vasco?".
Óscar y su mujer visitaban el foro de Etxebide un día a la semana. Sacaban un amplio listado de ofertantes y empezaban a llamarles. Un día, sonó el teléfono acertado. "Una chica quería cambiar su casa de cuatro habitaciones porque se acababa de separar y era mucho para ella. Estaba agobiada económicamente". Aunque hubo dudas, finalmente ambos propietarios llegaron a un acuerdo. Ha sido en julio de este año. Y a Óscar le ha tocado la lotería por segunda vez.
En el intercambio de VPO a través de esta Bolsa el Gobierno vasco tasa las viviendas, cuyo precio se regula por la Orden de precios máximos de VPO. Quien aporte la vivienda de valor inferior pagará la diferencia al otro. Se llama compensación.
En el caso de Óscar, en 1998 su VPO costó casi 60.000 euros y hoy su valor se ha duplicado. La vivienda de la otra propietaria, del año 2000, se ha tasado ahora por unos 136.000 euros. Así que Óscar ha tenido que pagar unos 32.000 euros por una casa de cuatro habitaciones. Esa misma, de 90 metros cuadrados, vale en el mercado libre de Vitoria más 360.000 euros.
Registrarse en la Bolsa
Es sencillo, rápido y flexible. Para formar parte de esta gran base de datos de viviendas de intercambio basta con inscribirse a través de Etxebide y cumplir los requisitos. Es decir, ser propietario de una VPO ubicada en la Comunidad Autónoma Vasca, ya sea en régimen de propiedad o derecho de superficie.
"Este sistema es una gran red de comunicación entre todos los propietarios. La mayoría contacta a través de la web. Es un sistema fácil y donde los intereses de cada persona entran en consonancia", explica Iker San Román Ayala, director de Planificación del departamento vasco de Vivienda.

Ayuntamientos y constructores no ven viable el pacto para VPO

Municipios costeros y el propio sector inmobiliario recelan del plan de la Junta para construir 4.000 viviendas protegidas anuales, debido a la falta de suelo y la inseguridad jurídica en materia urbanística. Expertos creen que hasta 2010 no podría salir adelante este proyecto
RAQUEL RIVERA. MÁLAGA El ambicioso plan de la Junta de Andalucía para promover el mercado de la vivienda protegida hasta conseguir en los próximos diez años una media anual de 4.000 inmuebles en la provincia no termina de convencer en el sector. La imprecisión del proyecto en un clima de inseguridad jurídica y legislativa es el argumento más repetido entre los agentes privados para dudar de su viabilidad, al menos a corto plazo.En este sentido, el presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, manifestó que aunque "la intención del Gobierno andaluz es muy importante para reunir a los agentes en el proceso constructivo en una misma línea de trabajo", hay que desarrollarlo con medidas y "en Málaga, es misión imposible a corto plazo, al no tener aprobado aún un planeamiento urbanístico" que defina los suelos destinados a este uso. San Martín opina que difícilmente se puede encontrar suelo para construir, si los planes no están aprobados y adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que obliga a reservar el treinta por ciento para vivienda protegida.Similar análisis hace el director del Área de Investigación de la Cátedra Inmobiliaria de Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, quien augura que "hasta 2010 no se podrían ver los resultados" concretos del plan, "salvo la inercia de los proyectos iniciados actualmente".A este respecto, Pérez indicó que si se ejecutara el plan en 2008, se necesitaría suelo urbano consolidado y calificado como residencial para vivienda protegida en al menos cuarenta hectáreas, a lo que habría que añadir estudios de arquitectura en tiempo récord, proyectos, visados y licencias.No obstante, la intención de la Consejería de Obras Públicas es consensuar normas y acuerdos con ayuntamientos que permitan construir viviendas protegidas incluso antes de la adaptación de los planes de los municipios a la norma autonómica. Consensuar convenios. La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, indicó que la Consejería se está reuniendo con los agentes privados y las administraciones para sentar acuerdos en el marco del Pacto por la Vivienda. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que en la provincia ya hay acuerdos para impulsar nuevas promociones de vivendas protegidas en Málaga, Álora, Pizarra y Alhaurín de la Torre. Pese a estos futuros acuerdos, hay desconfianza en el sector. Juan Moreno, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) en Málaga, manifestó que las empresas están abiertas a convenios con la administración, siempre y cuando reporten mínimos beneficios. "No hay animadversión hacia la VPO, pero se tienen que dar unas mínimas condiciones de rentabilidad", indicó Moreno.La otra parte implicada en el pacto, los ayuntamientos, tratan de alcanzar convenios con la Junta. Sin embargo, grandes municipios de la franja del litoral dudan de la eficacia del plan.La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, señaló que en esa ciudad "sin patrimonio alguno para ponerlo a disposición de la VPO, es imposible que salga adelante".Para la regidora, hay que esperar al nuevo ordenamiento y cuando se apruebe será el momento para negociar con la administración y los agentes privados. "Estudiaremos todas las alternativas cuando se tenga el suelo organizado", aseveró Muñoz.Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, opinó que se trata de "una propuesta electoralista, que difícilmente se puede mantener", debido a que, a su juicio, no se ha hecho una programación del suelo, ni se ha calculado el soporte económico y financiero para las viviendas. En la misma línea se muestra el alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado (PP). "Lo que tiene que hacer la Junta es crear un marco jurídico, en lugar de inseguridad en el sector. Tenemos reservado suelo para 2.000 viviendas protegidas en esta legislatura, sólo nos falta la ayuda de la administración", sentenció.No en vano, hay localidades costeras que aplauden el pacto y confían en su desarrollo con la colaboración de empresas. Fuentes del Ayuntamiento de Mijas aseguraron a este periódico que la "iniciativa es socialmente muy positiva", aunque "habrá que sustanciarla y darle forma con el esfuerzo del sector privado". El Ayuntamiento de Benalmádena, gobernado por el PSOE en coalición, también alaba el pacto. "Se ha trazado un marco para que constructores y agentes públicos vayan de la mano en la construcción de VPO", indicaron fuentes del Consistorio.

UGT aboga por conciliar la construcción con la preservación del territorioLos sindicatos urgen al Govern a construir VPO cuanto antes

UGT y CCOO han instado al Govern a dejar de lado la demagogia y los enfrentamientos políticos y construir cuanto antes viviendas de protección oficial tal y como contempla el Ejecutivo de Francesc Antich para esta legislatura. Ambos sindicatos reclaman una solución urgente al problema de la vivienda que sufre Baleares y que lleva a las familias a hipotecar más de la mitad de su salario en la compra de una casa.Respecto a la construcción de VPO en suelo rústico, en las áreas de crecimiento contempladas dentro del Plan Territorial de Mallorca, el secretario de acción sindical de UGT, Manuel Pelarda, aboga por conciliar la edificación de vivienda protegida con la preservación del territorio. Pelarda considera urgente que el Govern se ponga manos a la obra para solucionar uno de los problemas que más azuzan a los ciudadanos de las Islas.Desde CCOO también reclaman medidas que favorezcan el acceso a la vivienda aunque se muestran partidarios de agotar todas las vías antes de emplear suelo rústico para construir VPO.

Las cooperativas proponen construir casas con alquileres baratos vitalicios

El vicepresidente primero de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), Pedro Esteve, avanzó ayer que presentará una nueva propuesta al Ministerio de Vivienda para que las cooperativas puedan entrar plenamente en el negocio del alquiler.
Esteve explicó que con la introducción de algunos cambios legislativos podrían conseguirse que estas sociedades promuevan viviendas para alquilar a precios económicos de manera estable.
El proyecto, basado en la denominada 'cesión de uso', consistiría en que las cooperativas pudiesen edificar viviendas en suelos comprados a precios protegidos (que el terreno no represente más del 15% del precio básico nacional) o en solares cedidos por las administraciones públicas en derecho de superficie.
Según explicó ayer Esteve en el marco de la XI Jornada sobre el Cooperativismo de Viviendas, una vez terminada la promoción, las viviendas se entregarían a los socios cooperativistas, quienes pasarían a pagar un alquiler protegido (tal y como establece el plan de vivienda) con carácter vitalicio.
De hecho, los herederos en primer grado de esos cooperativistas podrán ocupar la vivienda en alquiler una vez fallezca el cooperativista.
La iniciativa también contempla la posibilidad de que un cooperativista decida dejar la vivienda antes de tiempo, momento en el que podrá recuperar parte de las aportaciones realizadas; ya que el nuevo socio que entre desembolsará un capital equivalente.
La cooperativa sería la encargada de gestionar el cobro de las rentas a los inquilinos de estas viviendas.
De esta forma, tal y como explicó Pedro Esteve, el cooperativismo podría contribuir a la intención del Gobierno de incrementar el parque de pisos en régimen de arrendamiento. La titular de Vivienda, Carme Chacón, que inauguró ayer esta jornada, recogió la propuesta y garantizó que será estudiada con atención para ver qué posibilidades de implantación tiene.

El sorteo entre todos los peticionarios será quien decida quienes tendrá derecho a ocupar las viviendas que la Ciudad Autónoma entregará en los próximos meses para jóvenes menores de treinta y cinco años. Esta decisión fue tomada en el transcurso de la reunión de la Comisión Local de la Vivienda que se celebró, ayer por la mañana, en la sede de Emvicesa.
La fórmula se aprobó con los votos a favor del Partido Popular, en contra de UDCE-IU y la abstención del PSOE. Todos los jóvenes ceutíes menores de treinta y cinco años y que cumplan con los requisitos clásicos que se establecen en cuanto a ingresos, podrán presentar en su día la petición ante la Empresa Municipal de la Vivienda. El sorteo será en conjunto tanto para las 19 viviendas de Villajovita como las 45 de Serrano Orive, aunque las entregas de unas y otras variarán.
Se espera que las de la calle Calderón de la Barca, en Villajovita puedan estar para enero, aunque luego siempre hay un par de meses más de trámite, mientras que las de Serrano Orive no se esperan para antes del mes de junio o julio.
Estas casas constarán de una o de dos habitaciones máximo y su superficie oscilan entre los cuarenta y dos y los cincuenta y cinco metros cuadrados.
Por otro lado, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda aprobó su presupuesto para el año que viene y tomó nota de la encomienda de gestión, que ha decidido el Consejo de Gobierno, para que realicen la primera fase de rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, que cuenta también con apoyo monetario por parte de la Administración General del Estado.

El crecimiento de los municipios se basará en sus potencialidades"

-¿Cómo surge el nuevo planteamiento de crecimiento de los municipios?
-Todo obedece a un acuerdo con los ayuntamientos, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, que traslada cuestiones sobre la ordenación del territorio. Esa materia se debe establecer en consenso con los ayuntamientos. Pero como punto de partida se mantienen los mismo preceptos del POTA, que defiende que el crecimiento y el desarrollo deben beneficiar al ciudadano. También deben existir unas medidas que frenen el desorden urbanístico y den coherencia al desarrollo territorial. La Junta entiende ese consenso como que la ordenación del territorio debe ser un camino a recorrer de la mano con los ayuntamientos. Hay que establecer parámetros de trabajo común.
-Pero, ¿por qué a los de menos de 10.000 habitantes?
-Todos los municipios no son iguales, especialmente los pequeños, los de menos de 10.000 habitantes. Al ser núcleos de población con menor crecimiento en los últimos años, al aplicar el mismo porcentaje que a los municipios grandes, su capacidad de desarrollo en base a sus potencialidades quedaría reducida. El 90 por ciento de los municipios de Granada son pequeños y siempre han pedido cierta flexibilidad. La FAMP ha solicitado que los municipios pequeños, los de 10.000 y menos de 5.000 habitantes, tengan cierta flexibilidad, sobre unos parámetros que aún no están establecidos pero que, en lugar del 30 por ciento que establece el POTA, podrán llegar al 40 o al 50 por ciento.
-¿Cómo se valorarán esos crecimientos?
-Se estudiará caso por caso el PGOU de los municipios para establecer medidas que ordenen coherentemente el crecimiento del territorio y dar respuesta a la auténtica demanda en materia de vivienda. Hasta ahora, los crecimientos se han dado en función de la localización y del crecimiento de población lo que hacía que la construcción de vivienda no obedeciera a las necesidades de la ciudadanía. Para poder desarrollar suelos de vivienda protegida que atiendan esas demandas, en algunos municipios se necesita que el crecimiento sea mayor. El acuerdo es relacionar la ordenación del territorio con la futura Ley de Vivienda que permitirá desarrollar bolsas de VPO.
-Esa flexibilización en vivienda protegida ¿también afectaría a municipios como Granada?
-Granada, en los últimos años, ha perdido población. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de 12.000 viviendas se justifique. Un municipio que ha perdido población, que le queda suelo para desarrollar planes parciales de hasta 8000 viviendas, es difícil que pueda justificar un crecimiento de 12.000 viviendas. El crecimiento parece que debe ser menor y debe ir dirigido, especialmente, a VPO. Así que pedimos que justifiquen los aumentos de vivienda. Pero en núcleos pequeños su problema es distinto. Para un municipio de 500 a 1.000 habitantes, un 30 por ciento es bastante pequeño. Las potencialidades y las infraestructuras van a generar el aumento de la población. Atendiendo a ese crecimiento, los municipios son los primeros que han demandado que no frenen las nuevas posibilidades, especialmente en materia de VPO, que frenará la despoblación. Y el crecimiento será siempre racional y en base a las potencialidades de cada municipio.

El pacto o el POTA

El Pacto por la Vivienda propuesto por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los agentes intervinientes en la construcción de viviendas ha tenido un efecto bumerán sobre la polémica legislación contenida en el POTA. Este plan, que fue recurrido ante los tribunales por sus restricciones por los constructores y promotores y por el Partido Popular, puede quedar ahora totalmente descafeinado, según opinan fuentes de los negociadores de la mesa de concertación.
La noticia en otros webs

La CEA propone un modelo de VPO con precios de 180.000 a 210.000 eurosEl POTA se somete de nuevo al filtro de la concertación
El inicial acuerdo alcanzado esta semana por la Junta y la FAMP para flexibilizar algunos de los aspectos más controvertidos del plan, ha dado pie a que en la negociación del pacto, en el que de momento se sientan Junta, sindicatos y patronal, se negocien modificaciones que anularán casi en su totalidad las restricciones del POTA, mantienen las citadas fuentes. Es decir, que no se podría declarar urbanizable más del 40% del suelo urbano consolidado, ni ampliar el planeamiento con viviendas que supusieran un incremento de población superior al 30% actual.El preacuerdo con la FAMP supone que 626 pueblos andaluces que tienen menos de 10.000 habitantes y que suponen el 81% del total de 770 municipios andaluces no tendrán que cumplir estrictamente las limitaciones de crecimiento en población y de suelo urbanizable establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Los alcaldes andaluces (de los 770 un total de 491 son socialistas) han logrado en primera instancia una rebaja sustancial del POTA, después de que la Junta aceptase fijar nuevos límites y sacar los suelos industriales del porcentaje de crecimiento limitado.
Desde la Junta se ha planteado este acuerdo como un reajuste del plan, pero lo cierto es que la rebaja empieza a ser significativa y, de quedarse ahí, podría despertar además reivindicaciones de Ayuntamientos que alegaran agravios comparativos entre poblaciones de tamaño muy parecido.
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, confirmó que la Junta asumirá las peticiones de los alcaldes porque, según explicó, la mayoría de los 626 municipios de menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y en habitantes por debajo de la media andaluza cuando, sin embargo, "disponen de unos equipamientos superiores a las necesidades de la población real que tienen".
La realidad política sin embargo es más bien otra. Más del 90% de los municipios andaluces no habían atendido o cumplido las recomendaciones que el departamento de Gutiérrez inició con la promulgación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la posterior del POTA.
En el primer caso, porque los municipios tuvieron más de cuatro años para modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y sólo 46, cumplimentaron el trámite en tiempo y forma el pasado mes de enero. O lo que es lo mismo, el 93% de los municipios se quedaron con PGOU antiguos, bloqueados, y frenados en sus posibilidades de crecimiento más aún con la entrada en vigor del POTA y sus limitaciones de crecimiento.
Y en segundo lugar, porque con el POTA en la mano, la FAMP aseguraba era imposible poner a disposición de la promoción de viviendas de protección oficial suelo suficiente para cubrir los objetivos del pacto, y de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, anunciada dentro del paquete de medidas que el PSOE incluirá en su programa electoral y que no verá la luz hasta la próxima legislatura.
Por esa razón esta primera rebaja no hace sino presagiar otras sucesivas en las próximas semanas, opinan fuentes de la mesa de la concertación.
En la comisión que pretende alcanzar el Pacto por la Vivienda anunciado por Chaves y cuyo objetivo es construir 700.000 viviendas en 10 años, 350.000 de ellas protegidas, se estudia ya un documento de los empresarios que apunta a nuevas modificaciones del POTA, que hace aún más livianos los límites establecidos al crecimiento urbanístico. Además, los empresarios han conseguido una reivindicación que les llevó a uno de los desacuerdos más sonados de la legislatura que está a punto de concluir. La CEA escenificó una ruptura del acuerdo de concertación cuando el POTA fue modificado en el Parlamento, a requerimiento de IU, y endurecido respecto a lo que inicialmente se había pactado en la mesa de la concertación social.
Ahora el POTA regresa a la mesa de concertación y allí sindicatos y empresarios ya han puesto condiciones para firmar el pacto previa modificación de algunas de las normas. "Remitir a la concertación tripartita las iniciativas no consensuadas, como es la aplicación del POTA y los Planes de Ordenación del Territorio". Así reza una de las propuestas contenidas en el documento entregado por la CEA en la primera de las reuniones de la mesa que persigue el pacto.
Hasta nueve modificaciones del POTA plantea la CEA, que además insta a la agilización de la tramitación tanto para el desarrollo de suelos de VPO como para el planeamiento.

NUEVO GUIÑO A LA ESTIMULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO

Vivienda apuesta por que las cooperativas promuevan casas en alquiler en suelo público

Serán cedidas a sus socios para uso a través de una renta mensual de carácter vitalicio
Esto requiere una modificación legislativa que no estará lista hasta la próxima legislatura

MADRID.- El Ministerio de Vivienda estudia conjuntamente con la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi) impulsar su participación en el mercado del alquiler mediante la promoción de viviendas sobre suelo cedido por las diferentes administraciones para el uso de sus socios a cambio de un renta vitalicia.
Con esta fórmula conocida como 'cesión de suelo', Vivienda introducirá una nueva medida de estímulo al alquiler, las cooperativas podrán promocionar viviendas sin tener que asumir los altos costes del suelo, y éste seguirá siendo patrimonio de la Administración. Sin embargo, el nuevo modelo cooperativo requerirá un ajuste normativo que no se producirá hasta la próxima legislatura.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, y representantes del mundo cooperativo anunciaron esta vía de colaboración durante la inauguración de la 'XI Jornada del Cooperativismo de viviendas'. La propuesta, que ha surgido de la iniciativa de la Federación de Cooperativas d'Habitatges de Cataluña, será presentada formalmente por Concovi al Ministerio de Vivienda entre finales del mes de febrero y principios de marzo de 2008.
El presidente de la Federación catalana, Pere Esteve, precisó que la 'cesión de suelo' aún no se ha puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma y estará enmarcada en la normativa referida a vivienda protegida. Así, consistirá en la promoción de viviendas sobre suelo cedido por el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, que serán cedidas a sus socios para uso a través de una renta mensual de carácter vitalicio.
La cuantía de esta renta será proporcional al precio del módulo, como ocurre con la VPO en alquiler
La cuantía de esta renta será proporcional al precio del módulo, como ocurre con la VPO en alquiler, si bien, en este caso estará incluso por debajo de estos precios, y será gestionada por las propias cooperativas. Además, el uso se cederá con carácter vitalicio de forma que, una vez fallecido el socio, este derecho pasará en primer grado a un familiar. Asimismo, si el socio decidiese marcharse podría recuperar parte de su aportación inicial.
Suelos más baratos y nueva legislación
Por otro lado, Esteve advirtió de que si se pretende articular la participación de las cooperativas en el mercado del alquiler sin pasar por esta cesión de suelo y se opta por que sean éstas las que lo dispongan, "su precio no podrá ser superior al 15% del módulo", ya que económicamente "no sería posible".
La repercusión del precio del suelo en los costes de construcción alcanza en muchos casos el 60% del total
En este sentido, desde Concovi se reiteró a lo largo de la inauguración de las jornadas la necesidad de que las cooperativas puedan adquirir suelo a precio de módulo establecido oficialmente para la VPO, ya que la repercusión del precio de mercado del suelo en los costes de construcción alcanza en muchos casos el 60% del total.
Por otro lado, Esteve consideró necesaria una modificación de la Ley General de Cooperativas, que actualmente es supletoria a la de las comunidades autónomas, que tienen una legislación propia. En este esfuerzo, el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Gecopi), Fernando Abad, precisó que su organización y Concovi preparan un documento para proponer "ajustes" legislativos al Ministerio de Vivienda.

Casi 6.300 personas optarán al sorteo de 111 VPO para alquiler

CÓRDOBA. La Empresa Municipal de Viviendas de Córdoba (Vimcorsa) ha recibido 6.290 solicitudes para acceder a uno de las 111 pisos en régimen de alquiler que conforman su última promoción de viviendas de protección oficial (VPO), y que sorteará una vez concluya el plazo de alegaciones de diez días y publique la lista de solicitantes que entrarán en sorteo.
Según explicó la presidenta de Vimcorsa y edil de Vivienda, Victoria Fernández, 98 de los pisos se ubican en el número 5 de la calle Alcalde Irlán (junto a Periodista Quesada Chacón, en la glorieta de Ibn Zaydun), mientras que los otros 13 están dispersos por la ciudad, pues corresponden a promociones anteriores -el último sorteo fue en diciembre de 2004- no completadas o por algún motivo han quedado deshabitados.
Los cupos establecidos por Vimcorsa para esta promoción son de 4 viviendas para personas con dificultades de movilidad, 5 para familias numerosas, 2 para solicitantes individuales, 34 para pensionistas, 5 para víctimas de violencia de género, otros 5 para familias monoparentales y otros tantos para discapacitados. Los 38 restantes se sortearán entre los demandantes que no respondan a las características de los citados grupos, reservando un 30 por ciento para integración social.
Entre 185 y 274 euros
El alquiler que habrán de pagar los inquilinos de las viviendas de la calle Irlán serán de 185 euros al mes las de dos dormitorios (hay seis); 222 euros los de 3 (hay 88); y 274 los que vivan en los dos pisos de 4 habitaciones. En todos los casos tienen trastero y garaje.
Según comentó la presidenta de Vimcorsa, la gran cantidad de solicitudes que hasta las dos de la tarde de ayer se recibieron en la sede de la empresa municipal «no nos sorprende». Cabe recordar que el plazo de esta promoción se abrió el 26 de septiembre. En sólo tres días se recibieron 5.000 formularios, lo que llevó a Vimcorsa a prorrogar hasta ayer martes el plazo para solicitar una de las 111 viviendas, aunque en principio sólo iban a ser 98.
Respecto al tiempo que tardarán en publicarse las listas definitivas de los admitidos para el sorteo, la concejala dijo que «intentaremos que sea lo antes posible», aunque no se aventuró a dar fechas.
La demanda que existe es por lo que «estamos haciendo tanto hincapié en poner en el mercado vivienda protegida», aseguró la concejal. En este sentido, señaló que hoy mantendrá una reunión con la Consejería de Obras Públicas para concretar la reserva de suelo a largo plazo para construir más VPO, lo que también se ha solicitado a Procórdoba y la Gerencia de Urbanismo.
Inculcar el alquiler
«Una vez que contemos con suelo no vamos a parar de construir», precisó Fernández, para quien es importante hacer un trabajo «pedagógico» en la ciudadanía para hacerles entender que el alquiler «es una opción», pues la venta es lo más demandado. En esta línea, anunció que Vimcorsa participará en una campaña informativa para fomentar esta opción.
Sin embargo, la presidenta de Vimcorsa no habló de futuras promociones ni de cuándo se abrirá de nuevo un plazo para solicitar VPO, aunque según anuncia la página web de la empresa, las siguientes en alquiler estarán ubicadas en la calle Joaquín Sama Naharro, donde se harán 418 alojamientos. La web anuncia los «minipisos» de Levante y más alojamientos (450) en el Parque Figueroa.
En lo que respecta a venta, se contemplan 449 inmuebles que se distribuirán en las parcelas 29, 30 y 31 de la manzana 1 del plan parcial E.1.1 de Noreña, y la parcela 8 del P.A.M. SS-5 en el barrio del Guadalquivir (232 viviendas). Ya en un futuro más lejano, hay previstas VPO en el plan parcial O-4 (Parque Figueroa), el N-1 (Barrio del Naranjo) y el O-7 (Poniente).

La VPO y la obra civil sostienen la actividad de la construcción ante la caída de la vivienda libre

Fadeco constata una bajada del 10% en las casas que se terminan en Málaga, y que achaca a un "ajuste necesario" frente al "exceso" de oferta actual

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El incremento en la construcción de viviendas protegidas y el aumento de los concursos públicos de obra civil en porcentajes de entre el 67% y el 85% están siendo claves en 2007 a la hora de mantener la actividad y el empleo del sector de la construcción en la provincia de Málaga después de que el otrora pujante segmento de la vivienda libre se haya desinflado hasta en un 10%.Así se refleja al menos en el informe de coyuntura presentado ayer por la Federación Andaluza de Constructores y Promotores (Fadeco) que, tras analizar la actividad de los últimos meses, defiende al sector como "el más dinámico" de la economía regional.Fadeco reconoce que el bajón de la vivienda libre se ha dejado notar. A marzo de este año, el número de viviendas libres terminadas en la provincia de Málaga mostraba un acumulado de los últimos doce meses de 35.747 proyectos, lo que representa una bajada del 9,4% en relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 39.439. Del mismo modo, las viviendas iniciadas se han reducido un 7,9%, bajando de 35.335 a 32.548.Aunque las cifras siguen siendo notables, los constructores parecen haber levantado el pie del acelerador, tras el atracón de años anteriores. No en vano, el informe de coyuntura reconoce que la ralentización se debe al "exceso de producción" y al "necesario ajuste" del número de viviendas a construir anualmente.Ocupados. El descenso de la vivienda libre se está viendo, no obstante, compensado por otros segmentos. En Málaga el número de viviendas protegidas iniciadas en los últimos doce meses se ha situado en 2.890, lo que supone un incremento del 85% en relación a las 1.556 del mismo periodo del pasado año. Las VPO terminadas también experimentan un sensible aumento del 23%: de 1.139 se ha pasado a 1.403.El segundo parámetro que `maquilla´ el desplome de actividad en la vivienda libre es el segmento de obra civil. La licitación de obra por parte de las administraciones públicas en Málaga en los últimos doce meses se situaba, a junio de 2007, en 1.926 millones de euros, un 67,9% más que en el mismo periodo de 2006. El Estado, con 1.345 millones es de largo el mayor inversor.Con todos estos datos, Fadeco recuerda que el sector de la construcción sigue ocupando en Málaga a 94.700 personas, apenas un 2,2% menos que las 96.800 que se registraban a mitad del pasado año. El sector absorbe en Málaga al 15% de la población ocupada, una cifra significativa pero inferior a la otras provincias de la comunidad andaluza.

LA VIVIENDA EN ALQUILER PROMUEVE LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

la vivienda de alquiler y la emancipación de los jóvenes en Catalunya

Una encuesta del Institut d"Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona revela una nueva tendencia en los hábitos de la población respecto a la vivienda

Barcelona. (EFE).- La encuesta sobre condiciones de vida y hábitos de la población de Catalunya 2006 -la quinta edición de una operación estadística que comenzó en 1985-, apunta a un aumento en el número de viviendas en régimen de alquiler y a una mejora en las tasas de emancipación de los jóvenes como tendencias futuras.
El estudio, presentado hoy en Barcelona, ha sido elaborado por el Institut d"Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERM), y en esta ocasión se han realizado un total de 10.398 entrevistas en toda Catalunya a personas a partir de 16 años, antes era a partir de los 18. En cuanto al régimen de tenencia, la encuesta destaca, en palabras de la coautora del estudio y directora del IERM, Carme Miralles-Guasch, que "somos un país de propietarios", si bien parece que se intuye un cambio de tendencias, con una porcentaje de viviendas en alquiler en la ciudad de Barcelona del 25,4%. En el periodo 1995-2000 esta cifra en Barcelona era del 21,8%, lo que supone un aumento de casi cuatro puntos, y este aumento se ha producido también en la primera corona metropolitana, que pasa del 9 al 12% y en la segunda corona, que pasa del 7 al 9%. Respecto a los índices de emancipación, la encuesta señala que mientras en el año 2000 había un 4,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años de la región metropolitana emancipados, este porcentaje ha pasado a un 10,6%; mientras que en la franja de edad entre los 25 y los 29 años el porcentaje ha pasado del 39,3 al 45,6%; y entre los que van de 30 a 34 años del 79,2 al 83,5%. La secretaria de Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, ha destacado este dato como positivo, a la vez que ha recordado que su departamento otorga subvenciones al alquiler desde hace cuatro años, una medida que ha defendido como "una manera de equilibrar el diferencial entre precios y salarios". Crece la deudaAún así, los datos también apuntan otras tendencias menos positivas, como ha señalado el catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona y director del Libro Blanco de la Vivienda de Barcelona, Antón Costas, quien ha dicho que un 50% de la población tiene pagos pendientes relacionados con la vivienda. Entre 1995 y 2000 esta cifra, que recoge tanto los pagos mensuales derivados de un alquiler o del pago de una hipoteca, era de únicamente un tercio de la población, lo que, según Costas, "tendrá efectos en el ciclo económico". Además, por primera vez, de entre los que viven en régimen de alquiler son mayoría los que lo hacen por periodos de tiempo definidos -un 13%-, frente a un 12% que lo hace de forma indefinida, lo que refleja cierta incertidumbre en el mercado del alquiler. Entre otros aspectos recogidos por el estudio, destacan las diversas razones que tiene la gente para cambiar de vivienda según la edad, así cerca del 70% de los que tienen entre 25 y 29 años cambian de residencia porque forman un nuevo hogar; el 62,9% de los que tienen entre 35 y 39 lo hacen para mejorar la vivienda; y hasta el 20% de los que tienen entre 40 y 59 lo hacen por motivos familiares, como podría ser un divorcio. Los datos ofrecidos hoy, circunscritos únicamente a la provincia de Barcelona, han sido publicados en el número 46 de la revista 'Papers', bajo el título de 'Vivienda y movilidad residencial', y cuentan con el patrocinio de la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya, la Diputació y el Ayuntamiento de Barcelona, y el Área Metropolitana.

CONCOVI PROPONE POTENCIAR LAS VIVIENDAS EN ALQUILER

Las cooperativas proponen construir casas con alquileres baratos vitalicios

El vicepresidente primero de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), Pedro Esteve, avanzó ayer que presentará una nueva propuesta al Ministerio de Vivienda para que las cooperativas puedan entrar plenamente en el negocio del alquiler.
Esteve explicó que con la introducción de algunos cambios legislativos podrían conseguirse que estas sociedades promuevan viviendas para alquilar a precios económicos de manera estable.
El proyecto, basado en la denominada 'cesión de uso', consistiría en que las cooperativas pudiesen edificar viviendas en suelos comprados a precios protegidos (que el terreno no represente más del 15% del precio básico nacional) o en solares cedidos por las administraciones públicas en derecho de superficie.
Según explicó ayer Esteve en el marco de la XI Jornada sobre el Cooperativismo de Viviendas, una vez terminada la promoción, las viviendas se entregarían a los socios cooperativistas, quienes pasarían a pagar un alquiler protegido (tal y como establece el plan de vivienda) con carácter vitalicio.
De hecho, los herederos en primer grado de esos cooperativistas podrán ocupar la vivienda en alquiler una vez fallezca el cooperativista.
La iniciativa también contempla la posibilidad de que un cooperativista decida dejar la vivienda antes de tiempo, momento en el que podrá recuperar parte de las aportaciones realizadas; ya que el nuevo socio que entre desembolsará un capital equivalente.

LAS CONCLUISONES DE JORNADAS DE CONCOVI

Vivienda estudiará propuesta de cooperativas para entrar en mercado alquiler

La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI) presentará en febrero al Ministerio de Vivienda una propuesta con la que pretenden entrar en el mercado del alquiler social mediante el régimen de uso, modelo por el que se cede la vivienda de por vida a los socios de las cooperativas.Así lo anunció el vicepresidente de CONCOVI, Pedro Esteve, en el marco de la XI Jornada del Cooperativismo, inaugurada hoy por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, que ve con buenos ojos el modelo de uso, así como cualquier otra fórmula que sirva para 'facilitar el acceso real a la vivienda'.Con esta propuesta, surgida en el seno de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña, CONCOVI pretende adaptarse a la situación actual de un mercado en el que los altos precios de venta hacen mirar al mercado del alquiler como alternativa.Según explicó Esteve, la propuesta que CONCOVI está elaborando requerirá una modificación de la Ley de Cooperativas, para que éstas puedan promover viviendas, que formarán parte de su patrimonio y que serán cedidas a sus socios, quienes además de hacer una aportación de capital inicial pagarán una cuota mensual.De acuerdo con la propuesta, la cesión de uso se haría de por vida y podría ser heredada por los familiares de primer grado de los socios fallecidos, mientras que si algún socio quisiera abandonar la cooperativa voluntariamente podría recuperar parte del capital inicial aportado.La propia cooperativa gestionaría el cobro de los alquileres, cuya cuantía podría estar entre el 85 y el 90 por ciento de los precios fijados por el Ministerio de Vivienda para los pisos de protección oficial (VPO) destinados al arrendamiento.El suelo para estas promociones podría ser terreno público cedido por medio del derecho de superficie, por el cual los ayuntamientos prestan sin ningún coste los terrenos durante 50 o 60 años a las cooperativas para que promuevan alquiler social.Los cooperativistas se decantan por esta fórmula, dado que los elevados precios del suelo no hacen 'económicamente viable' la promoción de vivienda protegida, razón por la que reclaman que el coste del suelo para VPO no suponga más de 15 por ciento del precio máximo establecido para estos inmuebles.