La Ley de Suelo reserva un mínimo obligatorio del 30% para construir vivienda protegida

La Ley de Suelo reserva un mínimo obligatorio del 30% para construir vivienda protegida

Chacón asegura que actualmente nueve de cada diez viviendas protegidas construidas en la Comunidad de Madrid están financiadas por el Gobierno de España y que en dicha Comunidad sólo se construye un 18% de viviendas de protección oficial.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha señalado, en relación con el Recurso de Inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la Ley de Suelo estatal, que "es más que respetable que un gobierno autonómico desee recurrir la ley, pero es un mal servicio a los ciudadanos engañar a la gente". Así, ha subrayado, en contra de lo que asegura el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que la Ley Suelo reserva un mínimo obligatorio del 30% para vivienda protegida. Un porcentaje que las Comunidades Autónomas pueden aumentar libremente. "Me hubiera encantado -ha dicho Chacón- que Esperanza Aguirre hubiera destinado hasta un 60% del suelo a vivienda protegida, pero en el momento actual 9 de cada 10 viviendas protegidas construidas en la Comunidad de Madrid las está financiando el Ministerio de Vivienda".Además, Chacón ha insitido en que la Ley de Suelo "combate de forma seria la especulación urbanística, busca la transparencia y el control del fraude y persigue un desarrollo más sostenible y humano". "Estas -ha dicho la Ministra- son las verdaderas razones que han llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a recurrir la nueva normativa del Suelo. Al Ejecutivo de Aguirre nunca le ha gustado trabajar para combatir la especulación, por la transparencia y el control urbanístico, ni por un desarrollo humano".En esta línea Chacón ha denunciado que, aunque la Ley de la Comunidad de Madrid obliga a destinar una reserva de suelo del 50% para vivienda protegida, en la actualidad sólo un 18% del total de viviendas construidas en dicha Comunidad son de protección oficial. La nueva Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sido la norma estatal reguladora del suelo que ha obtenido el mayor respaldo parlamentario de la democracia, al obtener todo el apoyo del arco parlamentario, con la única excepción del Partido Popular. Para justificar el recurso contra el texto presentado esta mañana, la Comunidad de Madrid señala que la norma estatal invade competencias autonómicas, aunque resulta llamativo que no lo consideraran así todos los grupos nacionalistas con representación parlamentaria, que dieron su apoyo mayoritario a la Ley.Otra de las razones que aduce el Gobierno de Esperanza Aguirre en la presentación del recurso es que la norma estatal rebaja la reserva obligatoria de suelo protegido. Una afirmación que falta a la verdad. Así, en el punto sobre Bases del régimen del suelo (artículo 10 de la Ley de Suelo) se especifica que la reserva para vivienda protegida será "determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad prevista". Es decir, son las Comunidades las que pueden establecer el porcentaje que destinan a viviendas protegidas, pudiendo situarlo por encima de ese 30% mínimo que establece la norma estatal, pero nunca por debajo. Tampoco es cierto que la Ley de Suelo imponga la expropiación como sistema general de funcionamiento en materia urbanística. La Ley afirma que la actividad urbanística es una función pública al servicio del interés general y no de unos pocos. En este marco, prevé la iniciativa tanto pública como privada en la urbanización de los suelos y reconoce a los propietarios de suelo el derecho a participar en la urbanización y en sus plusvalías, pero no les da el monopolio de la iniciativa privada, para impedir que puedan retener los terrenos y especular con ellos. De hecho, la mayoría de Comunidades Autónomas prevén algo similar y también la propia Comunidad de Madrid hasta el pasado mes de julio, cuando les dio por Ley a los propietarios de suelo el monopolio de la iniciativa urbanizadora privada.



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Santa Sofía: el corralón solidario de los mayores malagueños

Una vecina de este corralón de mayores ubicado en la calle Montes de Oca de la capital
El Ayuntamiento compró el inmueble a la Junta e hizo viviendas para la tercera edad con prestaciones sociales y se plantea extender este modelo a los diez distritos
MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA El único corralón originario de Trinidad-Perchel que queda en pie, denominado Santa Sofía, abrió ayer sus puertas a La Opinión de Málaga para mostrar todo el esplendor de esta construcción rehabilitada del siglo XIX que además ha servido como contenedor de una exitosa experiencia piloto del Ayuntamiento de Málaga con personas de la tercera edad. El Consistorio compró en su día el inmueble a la Junta de Andalucía y lo adaptó para los ancianos.En la 56 pequeñas viviendas que circundan el patio central residen 62 mayores de 65 años de la barriada que pagan una renta baja al Consistorio. Reciben además servicio de ayuda a domicilio, las atenciones de una trabajadora social y participan en talleres de cerámica, pintura, destreza mental o gimnasia."Es una alternativa para personas mayores independientes que no quieren cambiar de barrio ni tampoco ir a una residencia", indica el director del Área de Bienestar Social, Francisco Pomares. El responsable municipal dice que la idea del Consistorio es plantear conjuntamente con la Junta de Andalucía este modelo en los diez distritos de Málaga. "El resultado es muy positivo. Aquí hay incluso lista de espera", comenta el presidente de la asociación de vecinos Trinidad-Centro, Juan Romero.Un edificio del XIX. Los arquitectos José Luis Leiva Garnica y Manuel Melero Fernández definen los corralones, en un trabajo elaborado a este respecto, como viviendas obreras compuestas por diversas casas que albergaban a varias familias, normalmente de clase humilde. Una de las características peculiares de estos inmuebles eran las reducidas dimensiones. Estaban distribuidas en torno a un patio central interior.Contaban con un zaguán de entrada que daba acceso al citado patio, donde se encontraba el pilón o pileta con una fuente para todos los inquilinos, rodeada de casas. En una esquina, las escaleras daban acceso a otra hilera en el piso superior de viviendas formadas también por una habitación o a lo sumo dos. Esta es la estructura que se puede apreciar aún en el corralón de Santa Sofía.Se trata de una construcción que data del siglo XVI, aunque su punto álgido en Málaga se vivió en el XIX con la llegada de numerosos trabajadores del campo a la capital con motivo de la revolución industrial.La gran familia. Esta tipología de edificio fomenta una intensa convivencia y relación entre los vecinos, ya que la vida de todos ellos tiene un nexo común y un silencioso espectador de obstáculos y alegrías: el patio central. Así lo corrobora Luisa Álvarez de 72 años que se encarga diariamente de la comida de dos de sus vecinas. "Las he conocido aquí y una es como si fuera mi madre", explica.Pilar Durán de 83 años coincide con la lectura de su vecina. Ambas participan activamente en las actividades que se organizan desde el Ayuntamiento de Málaga y decoran su hogar con los utensilios que elaboran: molinos y edificios de cerámica, cuadros, cestas de mimbre, y un largo etcétera. Tras más de una década de convivencia han encontrado en sus vecinos el apoyo y la comprensión de una nueva familia.

LICITACION DE VPO EN LA LINEA

Finaliza hoy el plazo de licitación para la construcción de la promoción de viviendas Galileo en La Línea Cádiz 27-08-2007

El plazo de licitación para la construcción de la promoción de 20 viviendas de protección oficial en régimen general en venta denominada Galileo en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz) finaliza hoy, habiendo transcurrido para entonces el plazo legalmente establecido de 26 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de La Línea, Mari Cruz Atienza, explicó en un comunicado que el objeto de dicha licitación es la ejecución de las obras de construcción de estas 20 viviendas de VPO, de uno y dos dormitorios, así como diez plazas de garajes y un trastero. Dicho inmueble se construirá en una sola edificación, la cual consta de planta baja más tres alturas con ascensor.El precio de licitación se ha fijado en 763.871,11 euros, con un periodo de ejecución de 18 meses. De este modo, Atienza manifestó que durante el mes de septiembre se realizará tanto el sorteo de las 20 viviendas como el comienzo de las obras.Por otra parte, la concejal recordó que en breve se llevará a cabo también los trámites pertinentes para el sorteo de las 30 viviendas VPO de Villa Juliana, así como de las 79 viviendas de la avenida del Ejército. Además, continúa abierto el plazo para las solicitudes de plazas de garajes en esa promoción de los pabellones militares.

Urbanismo concede la licencia a 352 viviendas de protección oficial

Urbanismo concede la licencia a 352 viviendas de protección oficial
La Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia de obras a tres proyectos urbanísticos para la construcción en Sevilla, concretamente en los barrios de Torreblanca, Bellavista y Pino Montano de un total de 352 viviendas de protección oficial con garajes y trasteros. Las actuaciones se proyectan sobre suelo municipal enajenado.Los dos primeros proyectos aprobados prevén la construcción de 82 VPO, plazas de garaje y trasteros en la calle Torrelaguna, de Torreblanca. Las parcelas sobre las que se levantará la construcción cuentan con 2.642 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad máxima de 3.800 metros cuadrados la primera de ellas y 3.716 metros cuadrados de superficie y 5.350 metros cuadrados de edificabilidad la segunda. La edificación se ha proyectado sobre una manzana de viviendas bifamiliares adosadas, con dos plantas (PB+1) y una planta de sótano destinada a 210 aparcamientos y 82 trasteros que ocupa la totalidad de la parcela. Los locales previstos se ubican en los laterales del edificio con fachada a la avenida de Pero Mingo. A las viviendas se accederá a través de diez portales.También se ha aprobado el proyecto de construcción de 35 viviendas de protección oficial y 60 plazas de garaje en la avenida de Jerez de Bellavista. El edificio proyectado se concibe como de uso exclusivamente residencial y contará con dotaciones de gran calidad, como la implantación de un jardín en la planta baja que proporcione sombra y frescor al entorno edificado.Los autores del proyecto han proyectado un edificio exento con tres núcleos de comunicaciones verticales, cada uno de ellos equipado con un ascensor que accede a todas las plantas, incluidas las dos del sótano y la cubierta. La edificación se dispone en dos grandes piezas de distinta altura, que unidas configuran un patio abierto que rompe una de sus esquinas para abrirlo a la entrada peatonal del edificio, que dará al futuro parque Guadaíra que está previsto que construya el Ayuntamiento de Sevilla. Otro de los proyectos aprobados en la última Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo permitirá la construcción de 235 viviendas protegidas, garajes y trasteros en la parcela P-5 del Plan Especial SUP-PM-6 (Pino Montano), que cuenta con una superficie total de 6.233,63 metros cuadrados. Los autores del proyecto han ideado un conjunto de siete plantas (PB+6) alineado a la calle Estrella Sadir de Pino Montano y otro de cuatro plantas (PB+3), en este caso alineado a las calles Estrella Régulo y Estrella Proción.El proyecto contempla dejar un espacio libre en el espacio interior a la calle Estrella Vega con destino a la construcción de un jardín de uso privado. Asimismo, se proyectan cuatro plantas de sótano bajo rasante destinadas a plazas de garaje y trasteros vinculados.El conjunto se desarrolla en diez portales, repartidos de dos en dos por cada bloque de cuatro plantas y seis en el bloque de siete plantas, y se accederá a ellos desde el espacio libre interior de la parcela.

A CONCURSO LA CONSTRUCCION DE 73 VIVIENDAS

A concurso público la construcción de 73 viviendas

CÁDIZ. La Diputación Provincial, a través de su sociedad Provisa, ha convocado un concurso público para la adjudicación de las obras de urbanización y construcción de 73 viviendas de protección oficial, garajes y locales comerciales en Vejer.
Estas viviendas forman parte del desarrollo urbanístico de la zona Extensión Este-Carretera de Barbate y están integradas dentro de una primera fase de un total de 225 viviendas que se ejecutarán en tres fases: la primera de 73, la segunda de 120 y una tercera de 32 viviendas. La superficie de las casas oscilarán entre 57, 58 y 86,85 metros cuadrados, distribuidos entre dos, tres y cuatro dormitorios. Todas las viviendas dispondrán de garajes, cuyos precios rondarán entre los 67.000 euros y los 100.000 euros, según la superficie de la vivienda.
Entre las condiciones que se han hecho públicas para las empresas que estén interesadas en la adjudicación de las obras de construcción, destaca un presupuesto de contrata cifrado en 6.874.473 euros. Se estima un plazo de ejecución de 24 meses.
El plazo de presentación de la documentación expira el 10 de septiembre de 2007, mientras que el de las ofertas económicas cumple el 20 de septiembre de 2007. La documentación deberá presentarse en las oficinas de Provisa.

UGT PIDE QUE EL 60% VIVIENDAS NUEVAS SEAN DE PROTECCIÓN

UGT pide que el 60% de las viviendas nuevas sean de protección
UGT recordó hoy a las comunidades autónomas y ayuntamientos los deberes pendientes en materia de vivienda tras los dos meses transcurridos desde las elecciones de mayo, y solicitó a tal efecto que el 60% de las viviendas de nueva construcción sean de protección oficial, la mitad de ellas en régimen de alquiler
En una nota, la organización dirigida por Cándido Méndez insta además a "establecer registros locales y autonómicos de demandantes de viviendas para conocer las necesidades reales y adecuar la oferta a la demanda", y considera necesario que la oferta de viviendas protegidas no debe bajar de 100.000 al año, cifra que supera ampliamente lo previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
En este sentido, pidió a las instancias públicas mayor "información, transparencia y participación en la gestión municipal y, sobre todo, en la gestión de los patrimonios públicos de suelo". Asimismo, recordó a los ayuntamientos que el suelo cedido a ellos por los promotores "debe ser la materia prima sobre la que realizar las políticas sociales de vivienda y no una vía de financiación".
Otro de los puntos fuertes entre las propuestas de UGT para intentar solucionar el problema del acceso a la vivienda es el impulso del alquiler frente a la compra.
Así, la organización propone medidas fiscales para hacer más atractiva esta alternativa, como las deducciones por alquiler en el tramo transferido a las comunidades autónomas en materia de IRPF. Concretamente, insta a establecier una deducción del 10% del alquiler pagado en la cuota, con un tope máximo de 1.000 euros anuales, y ello para hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Otras de medidas encaminadas a tal fin sería la creación de un Fondo Nacional de ayuda al alquiler, establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, sobre todo para personas por debajo de 2,5 veces el IPREM, o instituir una subvención a la vivienda en alquiler cuando ésta supere los 90 metros cuadrados, en atención a las necesidades familiares.
MOTIVAR AL PROPIETARIO.
Sin embargo, UGT se mostró consciente de que para impulsar el alquiler es necesario incentivar a los propietarios para que saquen sus vivienda vacías al mercado.
Por ello, se incluye en su listado de propuestas establecer incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, reforzar las garantías del arrendador (favoreciendo el arbitraje o estableciendo un seguro de caución frente a impagos) y fortalecer las colaboración de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) con los municipios.
El sindicato propone también movilizar el contingente de viviendas vacías para su incorporación al mercado mediante registros municipales de solares y de viviendas desocupadas para su posible incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado.
En este sentido, estima necesario establecer un tribunal especial "para aquellas viviendas que se compruebe, fehacientemente, que están deshabitadas de manera permanente, sin causa justificada".
Por último, el sindicato aboga por establecer ayudas directas a la rehabilitación para las zonas degradadas, promover ayudas municipales para personas sin recursos económicos, facilitar la concesión de "créditos blandos", a través de acuerdos con el sector bancario; instituir ayudas para la adaptación de las viviendas de residentes con movilidad reducida o necesidades especiales y fomentar la participación social en el seguimiento y evolución de los proyectos.

Los ayuntamientos valencianos se ahorrarán en coste de urbanización una media de 1.000 euros por vada vivienda gracias a la ley de Suelo.

El cambio afecta a los PAI aprobados después del 1 de julio. Vicente Aupí, Valencia Los ayuntamientos valencianos se ahorrarán en costes de urbanización una media de 1.000 euros por cada vivienda gracias a la ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio. La nueva norma estatal deroga los supuestos previstos en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 1998, que obligaban a los ayuntamientos a pagar los costes de urbanización del 10% de los terrenos que les corresponden como plusvalías en los planes de actuación integrada (PAI). De hecho, esta imposición para las arcas municipales sólo estaba vigente en la Comunitat Valenciana y en Murcia, ya que el resto de las comunidades autónomas -incluidas las demás que gobierna el PP- otorgan a los ayuntamientos las plusvalías libres de gastos de urbanización. Lo que hace la ley de Suelo, por tanto, es poner fin a esta excepción, que en la práctica estaba suponiendo un coste medio a los ayuntamientos de unos 1.000 euros por cada vivienda en los nuevos polígonos residenciales. A partir de ahora, como sucede en las demás comunidades autónomas, el desembolso de los costes de urbanización corresponderá al resto de los propietarios, pero los ayuntamientos tendrán derecho a cobrar sus plusvalías totalmente libres de cargas. El derecho público a participar en las plusvalías está previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, que establece que «la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos» . En 1998, en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos, la Generalitat introdujo varias modificaciones en el marco legislativo que redujeron la participación pública en las plusvalías urbanísticas. Uno de esos cambios fue la obligación de que los ayuntamientos paguen los gastos de urbanización -agua, luz, alcantarillado, etc.- del 10ä del aprovechamiento que les corresponde por ley, todo ello, en contra de lo que ocurre en el resto del Estado, a excepción de Murcia, que estos años ha compartido con la Comunitat Valenciana ese privilegio exclusivo para el resto de los propietarios con derecho a plusvalías. Ahora, en cambio, la ley estatal de Suelo, vigente desde el primero de julio, ordena que las plusvalías que corresponden a los ayuntamientos deben entregarse «libres de cargas». Dice la nueva ley, en relación con las obligaciones de los promotores de «actuaciones de transformación urbanística» , que se deberá «entregar a la administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística» . La situación que se mantenía vigente en la Comunitat Valenciana y Murcia hasta que entró en vigor la nueva ley estatal suponía para los ayuntamientos de ambas comunidades autónomas un agravio comparativo respecto a los derechos que los consistorios tenían en el resto del Estado, donde los municipios recibían ya urbanizados y sin coste alguno los terrenos que les corresponden por plusvalías. Algunos analistas, sin embargo, prefieren afirmar que lo que ocurría es que «los propietarios estaban peor tratados fuera de la Comunitat Valenciana y Murcia» , ya que mientras en éstas no tenían tal obligación, en el resto debían asumir los gastos de urbanización de los que sus respectivas normas autonómicas liberaban a los ayuntamientos.

Los municipios emplean el dinero de la venta de suelo en usos no contemplados por la ley

Los municipios emplean el dinero de la venta de suelo en usos no contemplados por la ley

La Cámara de Cuentas constata un incumplimiento "generalizado" de la normativa urbanística

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado un "incumplimiento generalizado" por parte de los ayuntamientos de los usos a los que la ley obliga a emplear el dinero obtenido por convenios urbanísticos y la venta de suelo. Según el órgano fiscalizador, el 52% de los ingresos por este concepto que obtuvieron los grandes municipios en el año 2004 tuvo un fin distinto a los estipulados y se destinó a inversiones generales, algo que advierte "no se puede hacer por muy loables y razonables que sean". La Cámara alerta además de cierto descontrol en la gestión de los patrimonios municipales de suelo.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que los ingresos que obtengan los ayuntamientos por la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo debe emplearse en la compra de terrenos destinados a viviendas de VPO, a la promoción de éstas, a medidas de conservación, mejora y urbanización del suelo público y a la rehabilitación de zonas degradadas o edificaciones en la ciudad consolidada.
Por acuerdo del Parlamento andaluz de septiembre de 2005, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización de los patrimonios municipales del suelo referido al año 2004, aunque el trabajo de campo se prologó hasta noviembre de 2006. Los ayuntamiento fiscalizados han sido los de las ciudades con más de 100.000 habitantes, que son los de las ocho capitales de provincia más Algeciras, Dos Hermanas y Jerez (la Cámara excluyó Marbella por estar disuelto el Ayuntamiento en el momento de la auiditoría y porque la ciudad nunca ha constituido su Patrimonio Municipal de Suelo) y los cinco municipios de más de 20.000 habitantes con mayor crecimiento poblacional entre 2000 y 2004 (Benalmádena, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Níjar y Roquetas de Mar). La conclusión a la que h llegado la Cámara de Cuentas es determinante: "El uso que hacen los ayuntamientos fiscalizados del Patrimonio Municipal de Suelo no satisface las finalidades previstas en la legislación".
Patrimonios públicos
Los incumplientos son, según la Cámara de Cuentas, "generalizados" y van en una doble dirección. Ni los ayuntamientos dan a los suelos públicos los usos contemplados en la ley ni destinan todo el dinero que obtienen de su venta o aprovechamientos a los fines establecidos en la normativa. No todos los ayuntamientos tienen formalmente constituido su Patrimonio Público de Suelo, y los que lo han hecho no siempre siguen los criterios que establece la LOUA para contabilizarlo.
Durante el ejercicio de 2004, los 16 ayuntamientos investigados obtuvieron 174.230.433 de euros por la gestión de suelo. Más de las dos terceras partes de dichos ingresos (117.094.043) lo fueron por transmisiones onerosas (ventas de suelo normalmente en subasta pública), mientras que otros 55.572 millones correspondieron a compensaciones en metálico por el 10% de los aprovechamientos que los propietarios de terreno están obligados a ceder a los municipios cuando los urbanizan. Un peso poco relevante tienen los ingresos por sanciones urbanísticas (1.140 millones) y los obtenidos por compensaciones por suelos no urbanizables, concepto por el que únicamente tuvo entradas en aquel ejercicio el Ayuntamiento de Almería (423.573 euros).
Según el informe, la mayoría del dinero ingresado, 52% se destinaron a inversiones generales de los ayuntamientos "que no se pueden subsumir en el artículo 75.2 de la LOUA". Según la ley, estos recursos financieros deben ingresarse en cuentas restringidas y deben contabilizarse aparte del patrimonio general de los municipios, lo que no todos hacen.
Pero es más, la Cámara de Cuentas deja constancia de una "difiultad añadida para realar el seguimiento de los recursos". Y es que esta proporción de gasto indebido corresponde sólo a los 11 ayuntamientos que controlan el destino de los ingresos por suelo a programas con financiación afectada. Hay cinco consistorios (Benalmádena, Dos Hermanas, Jaén, Níjar y Torremolinos) en los que "no es posible conocer los gastos que se financian con tales recursos", lo que añadidamente constituye un incumplimiento de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de Jerez de la Frontera, su Ayuntamiento ha llegado incluso a destinar dinero obtenido de la gestión del suelo a gastos corrientes como nóminas del personal, mantenimiento, publicidad o asesoramiento técnico, algo que además de incumplir la normativa urbanística infringe las leyes de Haciendas Locales y de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Además de determinar el destino que debe darse a los ingresos por la gestión del suelo, la LOUA también fija los usos que los ayuntamientos deben dar a sus patrimonios municipales de terrenos: la reserva para actuaciones públicas y la promoción de viviendas con algún tipo de protección, y sólo excepcionalmente para la construcción de viviendas libres. La Cámara de Cuentas constató que durante el año 2004 los ayuntamientos auditados incorporaron a sus respectivos patrimonios 173 parcelas, de las que 30 acabaron destinadas a un uso diferente a los previstos en la ley, y 34 a viviendas libres. Menos de la tercera parte de las mismas, 27%, sirvieron para vivienda pública, el fin prioritario de la ley.
La Cámara de Cuentas concluye que "se hace necesario efectuar las reformas legislativas oportunas que permitan cambiar la situación actual".

la vivienda en España subirá este año en torno al 4,4%

Barclays descarta que se produzca una crisis hipotecaria en la zona euro

La vivienda en España subirá este año en torno al 4,4%

Ralentización. El precio de la vivienda en España seguirá moderándose este año.El declive del sector de la construcción residencial podría "golpear" la economía española. La subida de los tipos de interés conlleva una gran desaceleración
EUROPA PRESS. MADRIDEl precio de la vivienda en España tampoco se ajustará al IPC en 2007, si bien, se situará en la histórica cota del 4,4%, seis puntos porcentuales menos que en 2006 (10,4%), y se alineará con la media de la zona euro (4,3%), la más baja desde la entrada del euro, después de que incluso la duplicara hace tan solo tres años.Estas son las principales conclusiones de un análisis realizado por Barclays Capital, publicado en `Financial Times´, en el que además se advierte de que el declive del sector de la construcción residencial podría "golpear" la economía española, al haber crecido al amparo de esta actividad.Además, pone de manifiesto una tendencia generalizada de desaceleración de los precios de las viviendas en la eurozona derivada de la subida de los tipos de interés del 2% al 4% en sólo un año y medio.Según el informe, España, junto a Irlanda (cuyos precios se estancarán al finalizar 2007 tras crecer un 13,4% en 2006), se ha mostrado "especialmente sensible" a los cambios en los costes de las hipotecas derivados de este alza de los tipos.Con todo, no ha sido la única, ya que, el "dramático impacto" que está suponiendo la política monetaria imprimida por el Banco Central Europeo también dejará tras de sí una "destacada" desaceleración de los precios en Francia, que pasarán de incrementarse un 12,1% en 2006, a un 6,6% en el presente año 2007.Sin crisis hipotecaria. Por otro lado, el análisis de Barclays descarta que se pueda producir en la zona euro una crisis hipotecaria como la que se vive en EEUU a raíz de los problemas surgidos en torno a los créditos `subprime´ o hipotecas `basura´.Así, el informe publicado por Barclays Capital considera que hay pocos indicios de que se pueda producir un `crash´ en los mercados inmobiliarios de la zona euro, ya que estas economías "no parecen propensas" a sufrir las mismas dificultades que azotaron el mercado `subprime´ norteamericano. Con todo, el informe constata que la demanda de viviendas seguirá deteriorándose en el tercer trimestre.

Viviendas en alquiler para jóvenes y personas mayores

CÁDIZ. Antonio Noria, delegado de Urbanismo, ha hecho pública una iniciativa municipal según la cual el Ayuntamiento construirá viviendas protegidas en alquiler para jóvenes menores de 35 años y personas mayores.
El alcalde, Antonio Barroso, firmó esta iniciativa el pasado jueves, aclarando también que para que todos los grupos municipales tengan representación en la elaboración del proyecto se formará una comisión, en la que también participarán la corporación y varios funcionarios del Ayuntamiento. La iniciativa será puesta en marcha por la Empresa Pública de Suelo y Vivienda, Epsuvi, a la que además pertenecerán los vocales técnicos de la comisión. En la comisión se adoptará un acuerdo inicial para el ejercicio de la actividad económica en materia de promoción y gestión de estos alojamientos tutelados.
El Ayuntamiento se dice consciente de la dificultad de estos sectores concretos de población, jóvenes y ancianos, en el acceso a la vivienda, y por ello es a ellos a quienes quiere favorecer con esta nueva iniciativa.
En Puerto Real hay demanda de alquileres por los jóvenes, ya que posee un campus universitario. Además la corporación dice que quiere facilitar la emancipación de los jóvenes, con "una medida transitoria, hasta que su situación económica se vea positivamente modificada, y luego dar paso a otros jóvenes", se aclara desde el Ayuntamiento. A este respecto la comisión estudiará instrumentos para limitar el tiempo y las circunstancias en las que los adjudicatarios disfrutarían del alquiler.
Con respecto a las personas mayores, el Ayuntamiento dice conocer que el aumento de la esperanza de vida provoca también una mayor dependencia y para paliar estas situaciones contemplará en las viviendas incluso la posibilidad de servicios comunes como limpieza o lavandería. En relación a esto, aunque todavía no se hayan concretado los mecanismos de baremación adjudicación y control de estas viviendas, se tendrán en cuenta los Servicios Sociales.

SUELO PARA LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA

El municipio cederá suelo para hacer 500 viviendas
Serán pisos baratos que promocionarán las cooperativas de UGT, CCOO y la FAV

Los presidentes vecinales, ayer, en la reunión.El ayuntamiento atenderá el próximo año la petición de las cooperativas de viviendas de los sindicatos UGT, CCOO y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), que piden más suelo municipal para dar salida a la larga lista de afiliados que buscan casa. El concejal de Hacienda, Pedro Sanjurjo, anunció ayer que el equipo de gobierno sacará al mercado en el 2005 suelo municipal para construir entre 400 y 500 nuevos pisos protegidos.
Esta noticia, que no tiene trascendencia en términos presupuestarios, pretende facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna potenciando así el sistema cooperativista que tan buenos resultados dio en la ciudad en la década de los setenta y ochenta.
La junta de gobierno local aprobó a principios del pasado septiembre la adjudicación por concurso de dos solares municipales en Roces destinados a cooperativas de viviendas. Se trata de dos parcelas con una capacidad edificatoria para aproximadamente 30 pisos. La cooperativa del sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) está interesada en estos terrenos y será los primeros que adquiera, al precio de 540.000 euros, para edificar viviendas baratas para sus asociados. Estos solares están a punto de adjudicarse.
Los responsables municipales ya lamentaron en varias ocasiones las reducidas dimensiones de las promociones para cooperativas que salen al mercado y que son el resultado del desarrollo urbanístico de los promotores. En la adjudicación de estas parcelas se valora, entre otras cosas, la entidad que presenta la oferta y su arraigo social, el número de afiliados, el precio de venta de las viviendas, el diseño arquitectónico de las mismas.
Las previsiones municipales en este primer año en vigor del convenio firmado entre ayuntamiento, CCOO, UGT y la FAV para recuperar las cooperativas pasaban por sacar suelo suficiente para construir alrededor de 200 viviendas. El acuerdo sirve para que estos pisos tengan precios similares a los de protección oficial ante el encarecimiento que ha sufrido en los últimos años el precio de los pisos en el ámbito estatal. Este acuerdo se estrenó con la adjudicación a la cooperativa de UGT, Asturgestión, de un solar en Contrueces donde se están edificando 32 viviendas, una promoción que se inició en julio.

Seseña adjudicación de suelo para viviendas de protección oficial

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Seseña da el visto bueno al Pliego de Condiciones Económico Administrativas para la venta, mediante concurso, de 28 parcelas municipales situadas en la UE 17 calle la Huerta ( junto al polideportivo) y en el SAU 13 ( Junto a la piscina municipal y nuevo colegio de primaria).
La adjudicación se efectuará por sistema de concurso en las condiciones reflejadas en el Pliego.
Como consecuencia de los fines de carácter social que se persiguen con éste concurso de enajenación de suelo público se establece un precio para viviendas de protección oficial unifamiliares que no podrá ser modificado ni al alza ni a la baja por no ser el valor del suelo una circunstancia determinante para la adjudicación del concurso.
Los criterios de selección de las empresas o personas concursantes para la adquisición de las parcelas y la posterior construcción de las viviendas serán los siguientes: Precio de adjudicación de las viviendas, memoria de calidades de la promoción, ayudas al comprador, plazo de ejecución de las viviendas y experiencia en el sector.
La adjudicación de las viviendas, tras ser otorgada la escritura de transmisión del suelo, se realizará por sorteo entre las personas solicitantes que acrediten los siguientes requisitos: Ser mayor de edad con anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes y estar empadronados en el término municipal con anterioridad al día 1 de enero de 2.004; no haber cumplido 31 años de edad; contar con unos ingresos familiares corregidos conforme a lo establecido en los art. 20 y 21 del RD 3/2004, de 20 de enero, de Régimen jurídico de viviendas de protección pública, que no excedan de 3,5 veces el SMI; no ser titular el solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar (entendida ésta según lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de DOCM nº 10 de 23-01-2004), de vivienda de propiedad libre o protegida en todo el territorio nacional, ni de derecho real, nuda propiedad o usufructo sobre alguna otra vivienda situada en dicho territorio, ni haber sido adjudicatario de viviendas de protección pública.; y por último, acreditar que el adquirente percibe ingresos mensuales por renta de trabajo suficientes para hacer frente al pago de la vivienda.
Con anterioridad al sorteo se publicarán las listas provisionales de admitidos, otorgando un plazo para la subsanación de errores. Posteriormente se publicará la lista definitiva de solicitantes, asignando un número para tomar parte en el sorteo.
De todo esto se dará la oportuna publicidad a través de un díptico que será buzoneado a todos los domicilios del municipio dando información de los requisitos a cumplir para optar a las viviendas de Protección Oficial.
Se opta por otra modalidad para enajenar suelo público municipal, pues con el anterior concurso de venta de parcelas para la construcción de V.P.O. en régimen de cooperativa se ha constatado un malestar por parte de algunas personas que no han sido adjudicatarias de las parcelas, cuestionando injustamente las decisiones del Ayuntamiento, pese a que todo el procedimiento se ha llevado con absoluta transparencia y legalidad, aprobándose por unanimidad del Pleno Municipal en la adjudicación de las parcelas a las correspondientes cooperativas, y resolver las posteriores alegaciones presentadas. Debemos aclarar que el Ayuntamiento no adjudicó las parcelas a personas individuales si no a sociedades cooperativas y en ningún caso otorgó viviendas, solo terrenos.
Con éste nuevo procedimiento será la empresa privada quien inscriba a los solicitantes que reúnan las condiciones establecidas en el pliego. El Ayuntamiento cotejará los expedientes y será quien lleve el proceso de sorteo entre las personas que finalmente acrediten todos los requisitos.

Barroso aclara que las notas simples son requisitos de la Junta

Barroso aclara que las notas simples son requisitos de la Junta

CÁDIZ. El alcalde de Puerto Real, Jose Antonio Barroso, ha salido al paso de las declaraciones hechas por la Asociación de Consumidores, Facua, en las que denunciaban la petición de notas simples a la hora de solicitar un piso de protección oficial (VPO) que se construirá en Ribera del Muelle.
Barroso explicó que en el procesó de adjudicación de las 14 viviendas, "la empresa municipal del suelo y vivienda (Epsuvi) ha dado cumplimiento a la normativa que regula el Plan Nacional de Viviendas así como al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y sus correspondientes normativas de desarrollo, al que se somete la citada promoción".
Barroso añadió que "la nota simple, que se solicita y que ha provocado las críticas de Facua, no se hace por capricho de Epsuvi ya que según se expone, es necesario acreditar ante la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, para acceder a una vivienda de protección oficial, que no se es propietario de otra vivienda sujeta al mismo régimen en España, además de no ser propietario de una vivienda de renta libre con unas determinadas condiciones".
Según el alcalde, "actualmente la forma admitida en derecho de acreditar dichos extremos ante cualquier administración pública es mediante la presentación de notas simples registrales y no a través de declaraciones juradas".
En cuanto al modelo de solicitud y documentación que deben presentar los interesados, explica Barroso que "éstos son idénticos al que piden otras empresas públicas de nuestro entorno para procedimientos similares, como la empresa pública del suelo de Andalucía (Epsa).

Las viviendas para jóvenes de la pasada Corporación tocan techo

La Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' celebró ayer la cobertura de aguas de las primeras 153 viviendas tramitadas por la entidad La obra estará concluida a finales del próximo mes de marzo
Las primeras viviendas protegidas tramitadas a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' han cubierto aguas y ya lucen las banderas con las que se indica la culminación de los trabajos de estructura del edificio.


El acto oficial celebrado ayer aunaba así la alegría entre los trabajadores que han pasado la fase de mayor peligro de la obra, y del Ayuntamiento, que ven como avanza una de las iniciativas con mayor capacidad de convocatoria para los jóvenes, como han sido los sorteos de las viviendas que se realizaron durante el pasado mandato municipal.Así, desde el Ayuntamiento y desde la entidad dependiente del mismo mostraron su satisfacción de que se estén respetando los plazos previstos, lo que llevará que las obras estén finalizadas el mes de marzo del año próximo. La comitiva municipal, encabezada por el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, y por el consejero delegado de la empresa 'Almería XXI', Juan Megino, tuvo la oportunidad de visitar uno de los pisos, adelantado para poder ver las características generales de la promoción. Se trató de uno de los pisos destinados a personas con movilidad reducida, con puertas más anchas y adaptado a las necesidades específicas de este colectivo.Durante su visita, el alcalde destacó «la decidida voluntad de este equipo de Gobierno por colaborar en la medida de sus posibilidades en la solución de uno de los problemas de plantean más problemas a las familias almerienses, como es la adquisición de una vivienda», lo que lleva a que en la presente Corporación se haya planteado una cifra de entre 800 y 1000 viviendas destinadas no sólo a jóvenes, sino a familias que carezcan de primera vivienda en propiedad.PromociónLa buena consecución de las obras se convierte así en esencial para mantener el impulso deseado, destacan los responsables municipales, quienes recuerdan la importante inversión realizada para la primera promoción de 'Almería XXI', que asciende a los 9,3 millones de euros.La promoción, realizada por la empresa Aldesa, supone la construcción de 153 viviendas de protección oficial, garajes y locales en las inmediaciones de uno de los lugares de mayor proyección de crecimiento de la ciudad como es el Estadio Mediterráneo, en concreto entre las calles Galán de Noche esquina calle Árbol de la Seda. Además, el consejero de 'Almería XXI', Juan Megino, afirmó que no sólo esta, sino el resto de promociones municipales también se están atendiendo a los plazos, como se pudo comprobar en el último Consejo de Administración de la entidad del Ayuntamiento, en el que se estudió un avance de la ejecución realizada en las 4 promociones puestas en marcha.Búsqueda de sueloEn la actualidad, la Empresa Municipal de la Vivienda se encuentra inmersa en la búsqueda

La Junta pone a la venta 204 nuevas PVO en la provincia

La Junta pone a la venta 204 nuevas PVO en la provincia

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía pondrá a la venta un total de 204 nuevas viviendas protegidas en la provincia de Huelva, viviendas que serán desarrolladas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a través de diez promociones en otras tantas localidades onubenses y que estarán disponibles desde 66.000 euros.
De estas diez promociones de viviendas protegidas en régimen especial para la venta, las más cuantiosas son las que se desarrollan en las localidades de Nerva, con 50 viviendas; en Alosno, a la que corresponden 38 viviendas, y en el Campillo, con 26 viviendas.
El resto de las promociones se sitúan en los municipios de Tharsis --25 viviendas--; San Silvestre de Guzmán --17 viviendas--; Calañas --12 viviendas--; El Perrunal --diez viviendas; Zarza --once viviendas--; Cabezas Rubias --nueve viviendas-- y en El Cerro de Andévalo --seis viviendas--, según informó la Junta en un comunicado.
Todas las promociones cuentan con tres dormitorios y consisten en viviendas adosadas, excepto las 50 de Nerva, que serán pisos. El precio de adquisición, dependiendo de la promoción, oscila entre los 65.942 y los 71.344 euros, aplicable en una hipoteca a pagar en 25 años.
Estas promociones de viviendas están enmarcadas en las actuaciones de urbanización de suelos de titularidad municipal y justificadas por criterios sociales y de oportunidad territoriales y de colaboración administrativa que se derivan de la actual normativa sobre financiación cualificada de viviendas protegidas.
Su construcción viene a paliar en parte la problemática de vivienda existente en los mencionados municipios al ofertar a las familias con menores recursos económicos, aquellas cuyos ingresos están por debajo de 2.5 veces el Iprem --alrededor de 20.000 euros anuales--, 204 viviendas dignas y adecuadas a los niveles de calidad actuales a precios asequibles

La Junta promueve 266 VPO en cuatro municipios

La Junta promueve 266 VPO en cuatro municipios

La Junta de Andalucía, a través de su Empresa Pública de Suelo, ha promovido la construcción de 266 nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) distribuidas en tres localidades de la provincia y en Sevilla capital. Del total de viviendas, 74 de ellas estarán bajo el régimen de alquiler y se ubican en los municipios sevillanos de Cantillana y Coria del Río. Las 192 restantes, en régimen de venta, se localizan en Dos Hermanas y en Sevilla capital.
Las 36 viviendas protegidas de Cantillana se sitúan en la finca Pedro Sánchez y cuentan con una superficie de entre 50 y 74 metros cuadrados. Se prevé que el alquiler de estas residencias oscile entre los 113 y los 168 euros, dependiendo de la superficie de cada una, y disponen de dos a tres dormitorios.
Las 38 VPO situadas en Coria del Río, que también estarán en régimen de alquiler, se encuentran en la barriada Blanca Paloma y los precios del alquiler oscilarán entre los 114 y 160 euros. La superficie ronda entre los 50 y 70 metros cuadrados distribuidos en viviendas de dos y tres dormitorios.
En régimen de venta estarán las 92 residencias protegidas de Dos Hermanas, ubicadas en la barriada de los Montecillos, con precios de venta que van desde los 70.222 hasta los 116.771 euros. Las casas cuentan con una superficie de entre 55 y 85 metros cuadrados y tienen desde dos hasta cuatro dormitorios, además de plaza de garaje.
Las 100 viviendas en régimen de venta mixta promovidas por la Junta en Sevilla capital se ubican en el sector 14 del Polígono Aeropuerto. Sus precios de venta oscilan entre los 65.440 y los 101.175 euros, más baratas que las de Dos Hermanas. Estas residencias disponen de una superficie de entre 42,8 y 78 metros cuadrados y las más grandes llegan a tener hasta cuatro dormitorios, además de plaza de garaje y trastero.

Urbanismo ha promovido 15.453 VPO desde 2003

Urbanismo ha promovido 15.453 VPO desde 2003

El Ayuntamiento de Sevilla ha promovido, en el marco del Plan Municipal de Vivienda 2003-2007, un total de 15.453 viviendas protegidas, 538 más de las previstas por este plan. El grado de ejecución del plan municipal, al que le quedan cinco meses de vigencia, supera, de esta forma, el 90 por ciento, según indicó el Consistorio en un comunicado.
De las más de 15.000 nuevas VPO que conforman el plan de vivienda municipal, más de 6.700 están siendo promovidas directamente por la empresa municipal Emvisesa, lo que ha supuesto una inversión superior a los 500 millones de euros y, de entre éstas, 5.272 se han destinado o se destinarán a la venta y 1.443 serán viviendas protegidas en régimen de alquiler.
El Consistorio indicó que, en los últimos cuatro años, Emvisesa ha promovido más viviendas que en los 16 años anteriores de existencia. El resto han sido promovidas a través de promotores privados en suelo del Patrimonio Municipal del Suelo, que ha sido enajenado mediante concurso público por la Gerencia de Urbanismo para que se pudieran construir estos inmuebles.
El Ayuntamiento sevillano destacó dentro de estas actuaciones la ubicación de las promociones en distintos barrios de la ciudad, los distintos tamaños de las viviendas para poder atender a las distintas necesidades de cada familia, la calidad de los materiales y de los procesos constructivos en la edificación y la urbanización, junto con unos precios muy por debajo del mercado.
El nuevo Plan Municipal de Vivienda 2008-2011 impulsará la construcción de más de 18.000 nuevas VPO "para atender definitivamente la demanda de una vivienda en la capital hispalense", señaló el Consistorio

La vivienda en España se encarece dos puntos por debajo de la media internacional

La vivienda en España se encarece dos puntos por debajo de la media internacional

El precio de la vivienda crece actualmente en España casi dos puntos y medio por debajo de la media de los principales países desarrollados del mundo.
Entre el primer trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2007, la vivienda se encareció en España un 7,23%, frente al 9,6% de incremento medio registrado en 27 países analizados por la web "Global Property Guide" , especializada en información sobre los mercados residenciales. "Global Property Guide" asegura que, aunque con una cierta desaceleración en algunos países, el boom de precios inmobiliarios prosigue y sólo en tres países se registró una caída absoluta de precios de los pisos durante el último año: Japón (-1,48%), Thailandia (-5,09%) e Israel (-10,52%). Destaca también la caída de crecimiento de precios en EE UUU pasando de un 12,78% al 4,07%.
Los países europeos que registraron desaceleraciones de un año para otroFrancia, del 13,64% al 8,71%Suecia, del 13,46% al 7,99%Irlanda, del 12,07% al 7,44% España, del 12% al 7,23%Grecia, del 15,74% al 7% Los países europeos que registraron aumentos interanualesLetonia, 61,91%Lituania, 26,32%Noruega, del 9,35% al 16,69% Reino Unido, del 5,33% al 9,25%Australia, del 3,95% al 7,98% Canadá, del 7,55% al 9,30%Globalmente, la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda aumentó el último año en 13 de los países estudiados por "Global Property Guide" y bajó en 14. En la Eurozona, la elevación de los tipos de interés y un mercado "sobrecalentado" fueron las principales causas de la ralentización.

El Ayuntamiento de Vélez adjudica dos nuevas promociones de VPO

El Ayuntamiento de Vélez adjudica dos nuevas promociones de VPO
Se edificarán casas junto al colegio Axarquía y la Cuesta del Visillo

La Empresa Municipal de Vivienda de Vélez- Málaga (Emvipsa) ha adjudicado la construcción de las dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) que se ubicarán junto al colegio Axarquía y en la Cuesta del Visillo, en Torre del Mar, a las empresas Costa Verde S.L. y B. Solís, respectivamente.

La concejala del área, Concepción Labao (PP), informó hoy en un comunicado de que la oferta presentada por la constructora B. Solís para ejecutar las 37 VPO que se edificarán junto al colegio Axarquía asciende a 3.176.000 euros, mientras que el plazo de ejecución es de 14 meses.

Con respecto a las 21 viviendas de la Cuesta del Visillo, Costa Verde presentó un presupuesto de casi 1.500.000 euros, y un plazo de ejecución de 16 meses.


Labao anunció que en las próximas semanas se adjudicará la construcción de las 49 VPO que se ubicarán en la zona de la Azucarera, en Torre del Mar.
El pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de Vélez- Málaga celebró el sorteo para elegir a los beneficiarios de estas tres promociones, que suman 107 viviendas y para las que se registraron 2.460 solicitudes.

IMV aEl djudica otras 280 VPO de Soliva por más de 22 millones

IMV aEl djudica otras 280 VPO de Soliva por más de 22 millones





n MÁLAGA. El Ayuntamiento de Málaga continúa en su camino de ir adjudicando las obras de construcción de la mayor promoción de viviendas de la historia de la ciudad, Soliva Este, integrada por unas 1.600 casas. El consejo rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acordó ayer contratar la ejecución de otras 280 unidades de esta actuación residencial, cuyo coste superará los 22 millones de euros, según informó el Consistorio.

La primera de las fases asignadas se corresponde con 140 VPO, locales comerciales, trasteros y aparcamientos que se levantarán en las parcelas R-4 A y R-4 B , y que serán desarrolladas por la empresa Dragados. La oferta de la constructora contempla la edificación de estos pisos en un plazo de quince meses, con un presupuesto algo superior a los 12,1 millones de euros. La cifra final es sensiblemente inferior a los más de 14 millones por los que salió a licitación esta fase de la promoción.

A ellas se sumarán otras 140 casas que serán ejecutadas por la empresa malagueña Construcciones Vera, cuya oferta ha sido designada por el consejo del IMV para desarrollar las viviendas de las parcelas R-5 A y R-5 B. El plazo de estas 140 VPO es de 16 meses, siendo el precio final de 10,6 millones, frente a los casi 12 millones de partida.

Con este paso, el IMV, departamento que dirige el concejal Diego Maldonado, avanza en el proceso de contratación de las 1.600 viviendas de esta actuación, la mitad de las cuales serán de alquiler. Hasta el momento, el organismo municipal ha contratado aproximadamente un millar de las unidades de esta promoción residencial, por un montante superior a los 80 millones de euros.

La actuación de Soliva Este es la joya de la corona de los proyectos del IMV, que antes de finales del presente año prevé tramitar la contratación de los trabajos de construcción de otras mil viviendas en el sector Universidad. La primera piedra de los bloques de Soliva fue colocada el pasado 19 de marzo, con una fase inicial que albergará 182 pisos y que es desarrollada por Ferrovial Agroman. Esta firma dispone de 18 meses para ejecutar esta parte de la actuación

Málaga.- UNIA.- Catedrático prevé "más interés" de los compradores por saber si su vivienda es legal tras el caso Malaya

Málaga.- UNIA.- Catedrático prevé "más interés" de los compradores por saber si su vivienda es legal tras el caso Malaya
MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba Manuel Rebollo, apuntó hoy, en el marco de los cursos que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza esta semana en Málaga, que los adquirientes, "a partir de ahora y tras el 'caso Malaya' sucedido en la localidad malagueña de Marbella, serán los primeros interesados en saber si lo que van a comprar es plenamente legal".

En declaraciones a Europa Press, Rebollo sostuvo que, "en ocasiones, las ilegalidades suelen contar con la complicidad de los compradores", al tiempo que abogó por "aceptar con normalidad" la posible demolición de viviendas, "salvo que se encuentren alternativas menos dañosas para la imagen o el interés general", puesto que "evitará que se produzcan ilegalidades en otros sitios".

Asimismo, concretó que, en lo que respecta a la posible integración de edificaciones ilegales que propugna el nuevo documento de ordenación urbanística de Marbella, "lo bueno hubiera sido que no se hubiesen producido esos disparates", pero consideró que "la marcha atrás total es muy difícil".

Por ello, incidió en que "a grandes males, grandes remedios", aunque hizo hincapié en la necesidad de que haya, además, "soluciones compensatorias tales como nuevas zonas verdes o nuevos equipamientos".

Rebollo, que participó en el ciclo 'Territorio, urbanismo y corrupción' con la ponencia 'Disciplina urbanística y corrupción', relató que a lo largo del seminario se debatió acerca de la "posibilidad de demoler todas las viviendas ilegales", ante lo que el catedrático defendió que "las leyes españolas y andaluzas tienen mecanismos sobradísimos para reestablecer la legalidad urbanística".

"Y, por tanto, demoler sin problemas todo lo irregular sin que ni siquiera sea obstáculo que haya adquirentes de buena fe de lo ilegal", subrayó el catedrático, que puso de manifiesto que "los problemas que impiden las demoliciones ahora no son de leyes ni de falta de leyes sino sociales".

la vivienda segundo problema

La vivienda vuelve a ocupar el segundo puesto entre los principales problemas de España quedando sólo por debajo del terrorismo de ETA que ocupa el primer lugar. El paro, por su parte, cae del segundo al tercer puesto.

Estos datos se desprenden del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio. La encuesta se basa en 2.483 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 6 y el 18 de julio.

El terrorismo de ETA, con un 44,1%, sigue ocupando el primer puesto de los problemas de España, las últimas noticias sobre un posible atentado de los terroristas se ha dejado notar, ya que en el anterior barómetro el porcentaje que alcanzaba era menor (41,7%).

La vivienda, que llega al segundo puesto de la tabla con un 36,7% ha subido un puesto desde junio, cuando con un 30,8% ocupaba la tercera posición. Y precisamente al tercer puesto ha sido relegado el paro con un 36,5
%

epsa lidera el mercado de vpo

ENTREVISTA: FRANCISCO ESPINOSA GAITÁN Director general de EPSA
"EPSA liderará el mercado de VPO"
JUAN MÉNDEZ - Sevilla - 30/07/2007




En pleno apagón de la burbuja inmobiliaria, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) está a punto de concluir un proceso de reestructuración que le ha llevado a cambiar su modelo de relaciones laborales, a crear un estatuto del directivo, y a diseñar un plan estratégico. Francisco Espinosa (El Ejido, 1952) es el director general que ha pilotado desde 2003 ese cambio y cree que este instrumento de la Junta de Andalucía será abanderado de la creación de vivienda protegida en la comunidad al amparo de las nuevas leyes urbanísticas.

Los planes subregionales serán determinantes para la vivienda protegida
Pregunta. En 2005, iniciaron un nuevo modelo de empresa. ¿En qué han consistido esos cambios?
Respuesta. EPSA ha pasado de tener una plantilla de algo menos de 300 empleados públicos a tener más de 600. Ese cambio extraordinario se ha producido en un periodo reducido, del 2000 hacia acá. Hemos duplicado la inversión y los objetivos de la actividad. Y era necesario hacer lo que hemos hecho. Lógicamente no sólo por las magnitudes, sino por el incremento del objeto de la actividad, mucho más compleja ahora que cuando se creó la empresa. Hemos intentado ajustar las demandas de esta empresa, que es instrumental, a los objetivos que nos requería la Junta. Nos ha exigido cambiar el sistema de relación con nuestros trabajadores, cuyo convenio era de 1992, no sin cierta dificultad, y adaptarlo a los objetivos de la empresa y a realizar una valoración de cada puesto para asociarlo a cuotas de productividad. Un cambio que era necesario y estamos culminando.
P. ¿Cuáles son esos nuevos objetivos?
R. Hemos pasado de tener que gestionar inicialmente sólo el patrimonio de suelo transferido del Estado, a crear la línea de producción de vivienda, los programas de espacios públicos urbanos, la red de estaciones de autobuses y apeaderos públicos. También se nos ha transferido el parque público de vivienda del Estado -más de 50.000 viviendas- ; los programas de rehabilitaciones de ciudades, con 37 áreas de actuación. Se nos ha encomendado el programa de la llamada orden de ascensores, que consiste en rehabilitar edificios de los años 60 y 70... Además, gestionamos los parques metropolitanos...
P. ¿Y de que volumen de recursos estamos hablando?
R. Hablamos de 200,7 millones de euros, que es el avance del documento de planificación para 2008 que tenemos previsto, con unas ventas e ingresos calculados de 212 millones.
P. El sector sigue quejándose de las últimas reformas legales urbanísticas. ¿En qué le beneficia o afecta a EPSA la entrada en vigor del POTA?
R. Nos afecta, y entendemos que para bien. Como instrumento público, en una década prodigiosa inmobiliaria (1996-2006) que hemos vivido, ha sido muy difícil desenvolverse con la creciente alza de precios, la especulación del suelo, el crecimiento y la vorágine urbanística en multitud de municipios... Eso hacía que el suelo sufriera una subida desorbitada de precio, propiciada por una legislación adecuada como la llamada ley 6 del 98, la ley de Cascos, que era la gasolina para que hubiera una combustión como se ha producido, más que ser un freno a la especulación.
P. Entonces le va a beneficiar.
R. Totalmente. Los promotores públicos lo que necesitan es un orden y una estabilidad de las reglas del juego en cuanto a la planificación y al desarrollo territorial. Además, EPSA como promotor público va a ser el instrumento para desarrollar todas las áreas de oportunidad que definen los planes subregionales. Además, la ley estatal del suelo tiene una trascendencia muy importante para los promotores públicos, sobre todo para la adquisición de suelo mediante el sistema de cooperación o expropiación urbanística, que acaba ya con los mecanismos de valoración en base a las expectativas.
P. No va a suponer una desventaja más para competir en el mercado en precios.
R. Con carácter general no puedo decir eso.
P. Cree que el boom del ladrillo se ha terminado.
R. Todos los indicadores apuntan a que no va a ser una ruptura profunda pero sí que hay síntomas del agotamiento de algo que era insostenible tanto desde el punto de vista territorial, urbanístico y hasta económico. No puede haber una demanda infinita de viviendas que dé cobertura a esa oferta, sin freno de clasificación y desarrollo de suelos. Lo afortunado es que no va a ser un corte brusco que produzca consecuencias económicas irreparables sino un ajuste progresivo que permita la adaptación.
P. ¿Cuántas viviendas protegidas han realizado en 2006 y cuántas tienen previsto alcanzar en 2007?
R. En 2006 hemos calificado como vivienda protegida un total de 2.988, de las cuales 1.300 eran en alquiler. Para 2007 tenemos el objetivo de calificar un total 2.680.
P. Son relativamente pocas.
R. Bueno, creo que somos el promotor público que más califica anualmente. Nos gustaría hacer más pero no tenemos suelo para producir más. Estas cifras son calificaciones directas a las que había que sumar otras 1.000 o 1.500 viviendas de media, que anualmente construyen privados con suelos enajenados por EPSA para este fin. Si tenemos en cuenta que en Andalucía, en 2006, hubo 150.000 visadas de las que sólo 22.000 son protegidas, el dato no es malo.
P. Pero por ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla supera estas cifras.
R. El Ayuntamiento de Sevilla es la estrella, ojalá todos los municipios andaluces tuvieran una implicación tan directa y comprometida, tanto a través del Plan general como en la promoción directa a través de Envisesa. Ellos, no obstante, ha hecho una vivienda protegida de un escalón superior, nosotros hacemos una vivienda protegida inferior, del llamado régimen especial, de menor rentabilidad.
P. ¿Y la nueva normativa les va a favorecer a liderar ahora el mercado de la VPO?
R. Totalmente, en todas las áreas metropolitanas la respuesta a esa demanda va a venir de la mano de EPSA, en colaboración de los Ayuntamientos, y en todo caso, forzando situaciones desde las competencias y las potestades autonómicas, para conseguir esas áreas de reserva. Por eso van a ser determinante los planes subregionales que van a definir esas áreas.
P. ¿Cuántas viviendas en alquiler tiene EPSA?
R. Recibimos un parque del Estado de unas 50.000 y otras 5.700 viviendas de nueva planta construidas por la empresa.
P. ¿Y cuál es el resultado de esa gestión?
R. Creo que estamos avanzando pero tiene sus problemas sobre todo en las especiales, de carácter más social. Estamos reformando muchas de ellas e incluso ejecutando un plan de enajenaciones de ese parque, que está obteniendo un nivel de respuesta bastante satisfactorio.
P. ¿Cómo van a conseguir suelo para seguir esa política?
R. El mercado libre ha estado imposible estos años. Las adquisiciones han sido poquitas y ha habido muchas dificultades. Las opciones que han quedado eran dos: una obtener suelo en pago por la gestión urbanística, tanto con propietarios públicos como privados; y la otra, es acudir al sistema, exclusivo de las administraciones públicas, que es delimitar áreas de reservas, señalar su desarrollo por expropiación y adquirir los suelos. Y en esa propuesta última estamos.
P. ¿Y cuales son esos proyectos más inmediatos?
R. Tenemos una instrucción de que la preferencia para intervenir en donde se concentra el mayor volumen de población. Hay sitios donde esa estrategia es fácil de acometer, como en Sevilla, tanto en el Cortijo del Cuarto, propiedad de la Diputación, donde salen 5.200 viviendas, como en San José de la Rinconada, con el Ayuntamiento, donde se planean 4.600. La tercera zona es en la Bahía de Algeciras, en La Florida, con otras 2.600 viviendas. También tenemos definidos áreas en Córdoba, Jaén y Huelva, y también una estrategia en Málaga, en la zona de Sánchez Blanca con 700 viviendas, pero tenemos dificultades en Granada, Jaén, y en Almería.
P. Que otros proyectos tiene en la actualidad EPSA.
R. El programa de rehabilitación de edificios, la llamada orden de los ascensores, es una actuación muy importante y gratificante. En la primera convocatoria se están rehabilitando 2.066 viviendas, con 1.600 ascensores, y una inversión de 125 millones de euros. Y en la segunda convocatoria hay registradas más de 4.500 comunidades de propietarios nuevas, cuya inversión puede alcanzar los 294 millones de euros.