Chaves niega que se vayan a dar viviendas 'gratis' a los más desfavorecidos y dice que los índices del POTA se cumplirán

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rechazó hoy que la normativa que promueve su gobierno para defender el derecho legal a una vivienda digna vaya a suponer que se vayan a dar viviendas 'gratis' a los sectores sociales más desfavorecidos --aquellas capas sociales cuyo salario no supere los 3.000 euros brutos al mes--, al tiempo que aseguró que los índices marcados por el Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía (POTA) se cumplirán.En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Chaves respondió a las aseveraciones del presidente del PP-A, Javier Arenas, de que los alcaldes del PP no suscriben el Pacto por la Vivienda, señalando que 'debe ser un problema de información porque los alcaldes populares han apoyado, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el acuerdo entre la Junta y este organismo'.El máximo mandatario andaluz, en este sentido, reivindicó el carácter 'pionero' de la medida, al ser la primera ley que reconoce el derecho a los ciudadanos a una vivienda 'digna', lo que implica que el ciudadano incluso puede ir a los tribunales a reclamar ese derecho.Con respecto a la consecución del derecho a una vivienda, Chaves recordó las 'condiciones' establecidas para ello, consistentes en que el que quiera alquilar una vivienda 'debe pagar al menos el 25% de su salario, y el que quiera comprarla, que no le cueste más del 30%', frente a la situación actual, en la cual el ciudadano 'se tiene que hipotecar y pagar mucho más del 50% del salario'.Asimismo, el presidente de la Junta apuntó la pretensión de que de las 700.000 viviendas a construirse en los próximos años, 300.000 sean de protección oficial (VPO), 'lo que no quiere decir viviendas para pobres, pues las VPO tienen que ser dignas, habitables y a las que puedan acceder personas no sólo de baja renta, sino sectores como jóvenes o clase media'.Chaves también aseguró, con respecto a la aplicación del POTA, que 'no se han hecho concesiones', aunque sí aludió a 'una determinada interpretación' de la norma, 'pero que ni se ha modificado ni se va a modificar'. Por ello, aseveró que los crecimientos de hasta el 30% en vivienda o el 40% en población 'se van a mantener', no obstante haber introducido la medida 'lógica' de no computar el suelo industrial, 'porque impediríamos el desarrollo económico y porque además no es lo mismo el crecimiento en un municipio de 1.000 a 10.000 habitantes que en Sevilla o la Costa del Sol'.