La Junta prevé la construcción de 300.000 pisos de VPO en los próximos diez años. La Ley de Derecho a la Vivienda culminará las reformas legales emprendidas para garantizar que sean asequibles
El primer renglón del nuevo curso político, clave porque es el último antes de las elecciones generales y autonómicas, se ha escrito con acento andaluz. El anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda, que asegura casas para todas las unidades familiares con un salario inferior a 3.100 euros al mes, se puede convertir en el mayor desafío emprendido en años por la Junta de Andalucía. Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Urbanismo, es la artífice de una propuesta que, a su juicio, afronta por primera vez un problema social que merma la capacidad de desarrollo personal de cientos de miles de andaluces. La cercanía de la cita electoral y las críticas sobre su viabilidad económica, despiertan recelos sobre una norma que, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta mediados de la próxima legislatura.-El Gobierno central ultima un plan que propiciará un fácil acceso de los jóvenes a viviendas en régimen de alquiler.
¿Por qué Andalucía ha optado por no seguir esta línea y ha apostado por incentivar la adquisición de viviendas?-Andalucía tiene competencias exclusivas en esta materia y el Gobierno andaluz conoce mejor cuál es la idiosincrasia de los andaluces. Hay que tener en cuenta que en Andalucía se han construido más de 500.000 viviendas de protección oficial desde 1987, que es el año en el que el Gobierno andaluz recibe las competencias plenas en esta materia. Desde esa fecha, por lo tanto, las VPO se han convertido en la principal llave de acceso a una vivienda en nuestra Comunidad. Lo que se plantea ahora es construir 300.000 VPO en diez años, lo que es un objetivo plenamente alcanzable. Queremos que los ayuntamientos cuando hagan la previsión de suelo, tengan en cuenta que hay unos vecinos, con una determinada renta y unas necesidades determinadas.
-¿No cree entonces que exista una contradicción entre los planes de vivienda del Gobierno central y los de la Junta?-Yo creo que hay que felicitar al Gobierno central por haber resuelto uno de los temas que era un 'cuello de botella', que era el de la valoración del suelo propuesta en 1998 por el PP y que estaba plagada de elementos especulativos. La nueva Ley del suelo elimina todos esos elementos especulativos y garantiza el derecho a la vivienda, siguiendo la pauta que marca la Constitución. Incentivar las viviendas para alquiler es competencia del Gobierno central, pero en Andalucía tenemos un importante segmento de población joven, que es muy emprendedora, y a la que hay que ofrecerle una vivienda a precios asequibles sin riesgos especulativos para que pueda desarrollar su vida profesional de una forma normal y no angustiosa.
-¿A cuántos andaluces va a beneficiar esta medida y cuánto dinero público hará falta para desarrollar la Ley?-El presidente Manuel Chaves lo ha repetido en varias ocasiones, incluso durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad. La propuesta es hacer 300.000 viviendas protegidas en los próximos diez años. Pero, lógicamente, hay que poner en marcha, como se está haciendo ya, toda la legislación urbanística y la reserva de suelo para que los jóvenes no tengan que abandonar sus pueblos y ciudades para encontrar una casa. -Entonces, estas 300.000 nuevas viviendas son las que ya recoge el POTA-Bueno, es que todo es coherente. Estamos analizando las necesidades de la población andaluza desde todos los parámetros de la planificación. Andalucía es una Comunidad receptiva de población y estamos encantados de que vengan muchos jubilados europeos a establecerse aquí. Pero claro, el precio de la vivienda no la puede poner un alemán, porque nosotros tenemos aquí un nivel de renta y un salario determinado que seguirá moderándose, porque queremos primar el empleo. Pero hay que solucionar el problema de la vivienda y la Administración andaluza ha apostado por la racionalización del crecimiento. El problema es que podemos estar haciendo muchas viviendas para el mercado, pero los andaluces siguen sin poder acceder a ellas. Toda la sociedad debe intervenir para acortar los plazos, que en principio se preven que sean de unos diez años para desarrollar esta ley. Contamos con la población más joven de España y con muchos profesionales bien formados, pero que no pueden emprender su propia vida, ya sea individualmente, en pareja, con hijos o sin ellos; cada uno tiene que hacer su proyecto de vida y la administración debe contribuir para que puedan adquirir una vivienda a precio asequible. Y es por todo esto que el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda andaluza ha tenido tanto impacto, porque aborda un problema que no se quiere ver, porque hasta ahora sólo se ha hablado de los problemas del mercado inmobiliario, pero no del problema social y resolverlo, porque sin no lo resolvemos entre todos, entraremos un modelo en los que vivieron pendientes sólo de los jubilados y no de las clases dinámicas de la sociedad, porque no le habremos dado la oportunidad de adquirir una vivienda.
-Los detractores de este anteproyecto critican, entre otras cuestiones, el 'efecto llamada' que pueda tener la oferta andaluza entre otros españoles que quieran acceder a una vivienda. ¿Qué instrumentos se han previsto para evitar la picaresca?-Para empezar, los solicitantes deberán llevar un mínimo de cinco años empadronados de forma permanente en Andalucía. lógicamente, el planteamiento se hace pensando en los habitantes de cada ciudad y de cada pueblo. Una casa no se hace en el limbo, no se la puede uno llevar en un bolsillo. Pero sería positivo que nuestra Comunidad no se viera únicamente como un lugar para venir a jubilarse, sino como un lugar para trabajar y desarrollar proyectos empresariales, porque las condiciones climatológicas, de desarrollo, de impulso y de crecimiento sean mejores.
-Qué ocurrirá, por ejemplo, si una unidad familiar accede a esas ventajas para adquirir una casa, porque gana menos de 3.100 euros al mes y, sin embargo, con el paso de los años logra superar esos ingresos. ¿Deberá esa familia devolver su vivienda?-Todo tiene una coherencia con el marco legislativo que hemos ido desarrollando. Primero fue la ley urbanística, que se sacó en el 2002, después fue la Ley de Vivienda Protegida, donde la Junta estableció los requisitos jurídicos, erradicar todo tipo de fraudes y determinar las condiciones para crear los pilares de esta Ley de Acceso a la Vivienda. En esa normativa se especifica perfectamente la relación entre el ciudadano y la vivienda protegida como por ejemplo, que tiene que ser siempre para primera residencia y tiene que estar permanentemente ocupada como primera residencia; cada 15 años se puede desclasificar, pero no antes y la venta se puede hacer con unas condiciones muy medidas y comunicándolo a la administración, es decir, ya existe un marco perfectamente consolidado.-Los tres partidos de la oposición en el Parlamento andaluz han coincidido en calificar esta propuesta de electoralista e irrealizable. -Se ha presentado cuando se ha podido. Mire, en primer lugar, el PSOE es un partido de gobierno que, cuando propone iniciativas, son para llevarlas a la práctica. En segundo lugar, el calendario de esta ley viene así porque el Estatuto de Andalucía se aprueba el 18 de febrero y, a continuación, venía la campaña electoral de las elecciones municipales. Nosotros no irrumpimos en la campaña de las municipales para no interferir en las promesas de los alcaldables que, independientemente del partido político al que representaban, proponían soluciones para que sus vecinos accedieran a una vivienda, sobre todo los jóvenes. Y no solamente estas dos cuestiones, sino que el pasado mes de julio, el Gobierno central aprobó la Ley del Suelo, que es una base legal clave para poder desarrollar esta ley andaluza de Derecho a la Vivienda.
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