HUELVA. En pleno maremoto con la crisis de las hipotecas y la controversia preelectoral sobre las futuras leyes de Vivienda, la mayor bolsa de suelo para Viviendas de Protección Oficial (VPO) prevista en Huelva desde 2004 sigue aún sin fecha para la primera piedra, justo a expensas de una operación que han tenido que reiniciar conjuntamente los rivales en la actual polémica: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital.
La operación Huelva Norte sigue disuelta en una complicada burocracia, con 48 fincas rústicas pendientes de expropiación. La ciudad tiene en reserva una bolsa de 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona Noroeste, entre la A-49, la Ronda Exterior y la carretera de Gibraleón. Esta intervención lleva tres años pendiente de despegue al amparo del convenio que formalizaron en el Consistorio y la Administración autonómica para atender la demanda de VPO en la ciudad (en la cola de espera están más de 10.000 onubenses).
El desbloqueo de estas promociones públicas de vivienda está sujeto, pues, a un complicado calendario de trámites, pendiente aún de un acuerdo para expropiar 281 hectáreas por un mecanismo de tasación conjunta. Hay más: a las trabas del procedimiento se suma el volumen de gasto público que supondrá la compra de suelo por parte de la Administración, partiendo de un gasto mínimo de 24 millones de euros, según indicaron fuentes municipales. No obstante, se prevén medidas para el "equilibrio económico" de esta actuación, como la venta de algunos aprovechamientos lucrativos para un millar de viviendas de renta libre y usos terciarios.
Si el procedimiento no se agiliza el precio de estos terrenos incluso podría dispararse con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que trabaja el Ayuntamiento, pues se revalorizaría un área de expansión que hoy por hoy está calificada como suelo no urbanizable en el Noroeste de la ciudad.
La operación Huelva Norte sigue, pues, en la órbita de los futuribles, como un proyecto a largo plazo en el que incluso tuvo que reanudarse la tramitación este verano al caducar el expediente para delimitar el área de reserva. Todo ello pese a haberse concebido esta actuación urbanística desde la prioridad del interés general (de ahí el convenio entre Administraciones de distinto color político).
Lo que gestó hace cuatro años este acuerdo institucional fue la necesidad de formalizar una política de intervención pública en el mercado de suelo, en los parámetros que incorporaba entonces la legislación urbanística (LOUA 7/2002), "especialmente para la constitución de Patrimonios Públicos de Suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública".
Con el alza de las hipotecas, la necesidad de incrementar la oferta de VPO se torna más acuciante en el contexto actual, con nuevas normativas en curso y un fin de legislatura marcado por el debate de las "viviendas para todos" y la batalla parlamentaria. Estos condicionantes abren, pues, otras perspectivas para Huelva Norte máxime cuando los padrinos de esta operación son, paradójicamente, los adversarios en este duelo preelectoral. Esta actuación concentra el mayor parque de VPO de los que actualmente tiene en cartera el Ayuntamiento. Ni siquiera las operaciones pendientes del Ensanche Sur y San Antonio-Montija suman las 3.000 viviendas protegidas que se garantizan en estos terrenos rústicos del Noroeste a expensas de la gestión de la Junta y el Ayuntamiento. Al margen, en la agenda de este curso político se inscriben, con más visos de viabilidad, promociones menores en zonas como Marismas del Odiel, El Seminario, Parque Moret, la Joya, calle Cervantes, Marchena Colombo, calle Escanea, la subida del Santuario de la Cinta y la nueva barriada de La Florida. En total, según las previsiones del equipo de Gobierno municipal del PP, con todas estas actuaciones puntuales se ofertarán a los ciudadanos unas 4.000 VPO, a tenor de la promesa que reiteró el alcalde Pedro Rodríguez en la campaña electoral de la pasada primavera.
Con el horizonte de la futura Ley del Derecho a la Vivienda para 2008 (cuyo anteproyecto ya se ha empezado a tramitar), el Gobierno autonómico prescribe que los ayuntamientos reserven un mínimo del 30% de los terrenos residenciales a viviendas protegidas.
Asimismo, el borrador del anteproyecto -que la semana pasada obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta- pretende garantizar que el esfuerzo para la adquisición de una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares, iniciativa que en los últimos días ha provocado una cascada de reacciones, de todas las inclinaciones.
La cuestión no ha podido sino recalar en el debate político de Huelva, de forma que desde la cúpula provincial del PSOE se ha instado a todos los alcaldes a reservar terrenos específicos para la construcción de viviendas protegidas. Un emplazamiento que, en la capital, contraviene el ritmo con el que se gestiona la operación Huelva Norte. La demanda de VPO se dispara en esta tesitura, mientras la mayor reserva de oportunidad sigue en Huelva sin frutos, y con socialistas y populares enzarzados en las tesis de precampaña.
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