210 euros al mes para jóvenes que alquilen su primera vivienda

Los jóvenes de 22 a 30 años que alquilen su primera vivienda recibirán 210 euros al mes durante cuatro años y un préstamo de 600 euros para la fianza a partir del próximo 1 de enero, siempre que ganen menos de 22.000 euros anuales, anunciaron este martes el presidente y la ministra de Vivienda.
El objetivo, según Carmen Chacón, es facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes que ya han accedido al mercado de trabajo, pero no a una vivienda por culpa de los elevados precios. La otra gran medida anunciada por la ministra y el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una declaración a las puertas del palacio de La Moncloa, es que el alquiler tendrá una deducción fiscal idéntica a la de la compra de vivienda para aquellas familias con rentas más bajas.

EL ANUNCIO DE LA LEY DE VIVIENDA GENERA EXPECTATIVA EN EL SECTOR

Andalucía prevé garantizar con VPO el derecho a la vivienda en 2012

La Junta de Andalucía prevé garantizar 'plenamente' el derecho a la vivienda en cinco años mediante el impulso a la VPO y sin aumentar sus presupuestos en este campo, que ascienden a 400 millones en 2007. Para poder ofrecer estas casas que no superan nunca un tercio de los ingresos familiares si el sueldo máximo es de 3.100 euros al mes, la Junta busca un pacto con los ayuntamientos que le permita doblar la vivienda protegida hasta las 30.000 anuales.

La futura ley andaluza de derecho a la vivienda que tanta polémica ha originado garantizará que los andaluces con más de cinco años de residencia en la comunidad podrán acceder a una promoción de VPO si cumplen los requisitos que exige la ley. Este tipo de vivienda, por definición, sólo puede costar un 30% de la renta y se limita a unos ingresos máximos de 3.100 euros al mes, según aclara la consejera andaluza de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. A su juicio, la medida tendrá 'un coste asumible' que no sobrepasará los presupuestos anuales para vivienda.
Gutiérrez rechaza así las críticas y aclara que la clave está en lograr un compromiso por parte de los ayuntamientos para construir en suelo barato 300.000 viviendas VPO en diez años y suplir el déficit provocado, según la consejera, por las leyes liberalizadoras del PP.
En el último debate sobre el estado de la comunidad, el presidente Manuel Chaves avanzó que gracias al pacto por la vivienda que se empezará a negociar la próxima semana con ayuntamientos y agentes sociales se podrá acelerar el plan para que ya en 2012 sea 'plenamente efectivo' en Andalucía el derecho a la vivienda. Aunque la ley no verá la luz hasta la próxima legislatura, por lo que ha sido tachada de electoralista, la Junta espera firmar el pacto antes de final de año para comenzar las actuaciones en 2008.
¿Cómo puede garantizarse este derecho sin disparar los presupuestos? De entrada, la VPO es ahora una prioridad tanto para alcaldes y como para los promotores en crisis. Gutiérrez replica que la medida no es 'flor de un día', sino fruto de toda una legislatura de actuaciones. La ley andaluza de suelo ya exige a los municipios que destinen un mínimo del 30% del suelo urbanizable a viviendas de protección, aunque Obras Públicas espera que la disponibilidad de suelo a bajo precio para VPO sea todavía mayor una vez que los ayuntamientos diseñen sus planes municipales de vivienda con las necesidades específicas de su población. Para ello ofrece toda la ayuda necesaria. La consejera minimiza el impacto económico porque la prioridad son ahora las VPO dirigidas a los jóvenes de rentas medias de hasta 30.000 euros, una vez cubierta las necesidades de vivienda de las rentas más bajas, que exigían más ayudas.
Frente a las críticas de Pedro Solbes, la vicepresidenta Fernández de la Vega, salió ayer en defensa de la política andaluza de vivienda asegurando que es compatible el rigor económico con políticas de progreso social como la vivienda.Pagar en función de la renta y del municipio
Además de la ley del suelo y el proyecto de ley de derecho a la vivienda, la Junta aprobó en marzo con el apoyo de los promotores una actualización de los precios de la VPO que pone los límites a la futura legislación. En este decreto se fijó la modulación de los precios y las ayudas públicas en función del tamaño del municipio y de tres niveles de renta, que oscilan entre los 7.000 y los 40.000 euros anuales (3.100 euros al mes). Ninguna familia pagará más de un tercio de sus ingresos, aunque la misma vivienda tendrá distintos precios según renta y tamaño de la población (ver cuadro). El precio máximo será de 157.248 euros.

LA MAYOR BOLSA DE SUELO PARA VPO EN HUELVA ESTÁ BLOQUEADA

HUELVA. En pleno maremoto con la crisis de las hipotecas y la controversia preelectoral sobre las futuras leyes de Vivienda, la mayor bolsa de suelo para Viviendas de Protección Oficial (VPO) prevista en Huelva desde 2004 sigue aún sin fecha para la primera piedra, justo a expensas de una operación que han tenido que reiniciar conjuntamente los rivales en la actual polémica: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital.
La operación Huelva Norte sigue disuelta en una complicada burocracia, con 48 fincas rústicas pendientes de expropiación. La ciudad tiene en reserva una bolsa de 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona Noroeste, entre la A-49, la Ronda Exterior y la carretera de Gibraleón. Esta intervención lleva tres años pendiente de despegue al amparo del convenio que formalizaron en el Consistorio y la Administración autonómica para atender la demanda de VPO en la ciudad (en la cola de espera están más de 10.000 onubenses).
El desbloqueo de estas promociones públicas de vivienda está sujeto, pues, a un complicado calendario de trámites, pendiente aún de un acuerdo para expropiar 281 hectáreas por un mecanismo de tasación conjunta. Hay más: a las trabas del procedimiento se suma el volumen de gasto público que supondrá la compra de suelo por parte de la Administración, partiendo de un gasto mínimo de 24 millones de euros, según indicaron fuentes municipales. No obstante, se prevén medidas para el "equilibrio económico" de esta actuación, como la venta de algunos aprovechamientos lucrativos para un millar de viviendas de renta libre y usos terciarios.
Si el procedimiento no se agiliza el precio de estos terrenos incluso podría dispararse con la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que trabaja el Ayuntamiento, pues se revalorizaría un área de expansión que hoy por hoy está calificada como suelo no urbanizable en el Noroeste de la ciudad.
La operación Huelva Norte sigue, pues, en la órbita de los futuribles, como un proyecto a largo plazo en el que incluso tuvo que reanudarse la tramitación este verano al caducar el expediente para delimitar el área de reserva. Todo ello pese a haberse concebido esta actuación urbanística desde la prioridad del interés general (de ahí el convenio entre Administraciones de distinto color político).
Lo que gestó hace cuatro años este acuerdo institucional fue la necesidad de formalizar una política de intervención pública en el mercado de suelo, en los parámetros que incorporaba entonces la legislación urbanística (LOUA 7/2002), "especialmente para la constitución de Patrimonios Públicos de Suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública".
Con el alza de las hipotecas, la necesidad de incrementar la oferta de VPO se torna más acuciante en el contexto actual, con nuevas normativas en curso y un fin de legislatura marcado por el debate de las "viviendas para todos" y la batalla parlamentaria. Estos condicionantes abren, pues, otras perspectivas para Huelva Norte máxime cuando los padrinos de esta operación son, paradójicamente, los adversarios en este duelo preelectoral. Esta actuación concentra el mayor parque de VPO de los que actualmente tiene en cartera el Ayuntamiento. Ni siquiera las operaciones pendientes del Ensanche Sur y San Antonio-Montija suman las 3.000 viviendas protegidas que se garantizan en estos terrenos rústicos del Noroeste a expensas de la gestión de la Junta y el Ayuntamiento. Al margen, en la agenda de este curso político se inscriben, con más visos de viabilidad, promociones menores en zonas como Marismas del Odiel, El Seminario, Parque Moret, la Joya, calle Cervantes, Marchena Colombo, calle Escanea, la subida del Santuario de la Cinta y la nueva barriada de La Florida. En total, según las previsiones del equipo de Gobierno municipal del PP, con todas estas actuaciones puntuales se ofertarán a los ciudadanos unas 4.000 VPO, a tenor de la promesa que reiteró el alcalde Pedro Rodríguez en la campaña electoral de la pasada primavera.
Con el horizonte de la futura Ley del Derecho a la Vivienda para 2008 (cuyo anteproyecto ya se ha empezado a tramitar), el Gobierno autonómico prescribe que los ayuntamientos reserven un mínimo del 30% de los terrenos residenciales a viviendas protegidas.
Asimismo, el borrador del anteproyecto -que la semana pasada obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta- pretende garantizar que el esfuerzo para la adquisición de una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares, iniciativa que en los últimos días ha provocado una cascada de reacciones, de todas las inclinaciones.
La cuestión no ha podido sino recalar en el debate político de Huelva, de forma que desde la cúpula provincial del PSOE se ha instado a todos los alcaldes a reservar terrenos específicos para la construcción de viviendas protegidas. Un emplazamiento que, en la capital, contraviene el ritmo con el que se gestiona la operación Huelva Norte. La demanda de VPO se dispara en esta tesitura, mientras la mayor reserva de oportunidad sigue en Huelva sin frutos, y con socialistas y populares enzarzados en las tesis de precampaña.

Las cooperativas sindicales y de vecinos tienen en marcha 339 viviendas en Gijón

Están en Tremañes, Contrueces, Roces, Nuevo Gijón, El Natahoyo y La Calzada a precios entre 70.000 y 130.000 euros UGT y CC OO proyectan otros 293 pisos y el Ayuntamiento ya dispone de suelo para edificar 302 más
CHELO TUYA/GIJÓN

ACABADAS. Bloque de 16 viviendas de la Federación Gijonesa de Vecinos en El Natahoyo. / P. CITOULA


Gijón tiene en marcha 339 viviendas a precios de protección oficial (entre 70.000 y 130.000 euros), que serán entregadas a sus propietarios sin los sorteos con los que el Principado reparte todas sus viviendas sociales. Se trata de los pisos construidos a través de cooperativas, de los que, a finales de año, en la ciudad habrá, como mínimo, 632 en construcción, ya que a los citados 339 hay que añadir los proyectos para otros 293 en Roces y Tremañes. Y, además, el Ayuntamiento de Gijón ya ha reservado suelo para construir otros 302, aunque las parcelas aún no han sido repartidas.Los datos fueron facilitados por el concejal delegado de Vivienda del consistorio gijonés, Francisco Santianes, de IU-BA, quien explicó que el movimiento cooperativista gijonés está protagonizado «por los sindicatos UGT y CC OO y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, con los que tenemos un convenio firmado». Dicho acuerdo es el único de sus características existente en la región, según afirmaron tanto José Antonio González como Mónica Menéndez, secretarios de Administración y Servicios de CC OO y UGT, respectivamente, «puesto que, aunque lo hemos intentando con otros ayuntamientos, sólo con el gijonés tenemos un acuerdo de colaboración para la cesión de terreno».El convenio implica que el consistorio destina a las cooperativas citadas parte del suelo que los constructores deben ceder por ley a los ayuntamientos tras llevar a cabo una urbanización. En función de ese acuerdo, están en marcha en Gijón 339 viviendas distribuidas por Roces, Tremañes, Contrueces, Nuevo Gijón, La Calzada (Cerillero) y El Natahoyo. De la cifra total, el volumen más importante, 135, están siendo promovidas por la cooperativa vecinal, mientras que CC OO tiene en marcha 127 y UGT, 77.3.000 euros de entradaNinguna de esas viviendas costará más de 130.000 euros (21,6 millones de pesetas), precio que corresponde a las de mayor tamaño (las que cuentan con tres habitaciones) y que incluye, en todos los casos, plaza de garaje y trastero. El coste más bajo, 70.000 euros (11,6 millones de pesetas) corresponde a los apartamentos, dirigidos, fundamentalmente a los jóvenes. Según aclaró José Antonio González, «nosotros no marcamos los precios, sino que nos vienen fijados por el precio oficial del Principado para las viviendas con protección que, en el caso de Gijón, se eleva a 1.323 euros por metro cuadrado».La protección oficial afecta, asimismo, al proceso de financiación de la vivienda, ya que los cooperativistas pueden suscribirse a los créditos subvencionados por el Principado «y que tienen un interés del 3,14%», afirmó José Luis Hernández, responsable de la Administración de la Federación Gijonesa de Vecinos.Es Hernández quien explica que, para ser cooperativista, «sólo hay dos condiciones: no ganar 3.000 euros al mes y no ser propietario ya de un piso».Una vez inscrito en una promoción -ahora mismo están en lista de espera más de 1.500 gijoneses- los pisos se reparten por riguroso orden de solicitud. Los pagos se dividen en 3.000 euros a la firma del contrato y mensualidades de entre 300 y 450 euros mientras dura la obra, proceso que no lleva nunca más de dos años. De ese modo, en el momento de la entrega de llaves el cooperativista tiene pagado ya el 20% de su vivienda. El 80% restante llega con

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez

Junta asegura que hay dinero para las VPO y pide la colaboración municipal

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La falta de suelo estanca los planes de vivienda de la Junta.

La FAMP creará comisiones de trabajo para analizar la ley. Griñán adelanta que ya hay previsto 1.900 millones de euros
L. O. Málaga / SevillaEl Pacto por la Vivienda en Andalucía no supondrá un esfuerzo económico para los ayuntamientos, sino "sólo trabajo y dedicación de los políticos", según indicó ayer el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano.Toscano, que se reunió con la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, aseguró que la Ley del Derecho a la Vivienda, por la que se crearán 300.000 nuevas viviendas en diez años, "no va a regalar nada a nadie", y que las administraciones autonómica y municipal se limitarán a intervenir suelo para construir a precio de mercado.Gutiérrez explicó que la evolución de los salarios "ha ido paralela" a la del precio de la construcción, pero no así al del suelo, que ha alcanzado "cifras absurdas", según destacó Toscano, debido a la especulación.Los ayuntamientos y la Junta no financiarán la totalidad de las viviendas, si bien se reservará una parte para personas con menos recursos a las que sí se darán subvenciones. En cambio, sí que disminuirán el coste de éstas hasta un precio de entre 100.000 y 120.000 euros, destinando más suelo a las VPO.Financiación. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, aseguró ayer que el anteproyecto de ley contará con "todas las disponibilidades presupuestarias necesarias para llevarla a cabo" una vez que sea aprobada en el Parlamento andaluz.Griñán indicó que el Plan Económico que se tramita incluye 1.900 millones de euros para políticas de vivienda, cantidad a la que habrá que añadir la dotación del próximo Plan Nacional de Vivienda, que se iniciará en 2009, y la política de vivienda que desarrolle la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).El consejero negó que el anteproyecto sea una "improvisación" y explicó que es el resultado de sucesivas medidas adoptadas por la Junta para "frenar el escandaloso incremento del precio".

POLITICAS DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES

LOS IMPUESTOS SUPONEN EL 15% DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
Los españoles destinan a impuestos 15 de cada 100 euros del precio que pagan por una vivienda de nueva construcción, según un estudio del Consejo General de Colegios de Economistas. La mayoría del coste de los impuestos, que puede ascender hasta un 25%, corresponde al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.
Según datos de esta organización, entre 1997 y 2002, el valor de la construcción de viviendas aumentó en términos reales un 44%, mientras que el valor de las hipotecas contratadas creció un 130,9%. Mientras, el Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española creció un 22,5%.
EL GOBIERNO AUMENTA UN 2% EL PRECIO DE LA VPO
El Gobierno ha fijado en 648,98 euros por metro cuadrado de superficie útil el precio medio de venta de las viviendas de protección oficial para 2004, lo que supone una subida del 2% respecto al de 2003. Este precio se aplicará a todas las actuaciones de vivienda que se realicen al amparo del programa 2004 del Plan de Vivienda 2002 - 2005 elaborado por el Ministerio de Fomento, y que comenzará en el segundo trimestre del año.
ANDALUCÍA
LA VIVIENDA, MÁS DE UN 89% MÁS CARA EN LOS SIETE ÚLTIMOS AÑOS EN LAS CAPITALES
El precio de una vivienda en las capitales andaluzas ha aumentado un 89,14% en los últimos siete años. En ciudades como Málaga y Sevilla, los aumentos han llegado al 102,87% y 102,08%, respectivamente. Son datos publicados por Analistas Económicos de Andalucía. Esta consultora también afirma que la construcción supone el 12,7% de la economía andaluza, tres puntos por encima de la media nacional.
En Andalucía, el precio del metro cuadrado de una vivienda media en 1995 era de 676,74 euros, mientras que en junio de 2003 ascendía a 1.280 euros. Además de capitales como Málaga y Sevilla, las ciudades que han sufrido las mayores subidas son los ubicados en el litoral, especialmente en la Costa del Sol.
ARAGÓN
EL PLAN ACERALIA ACOGERÁ 2.344 NUEVAS VIVIENDAS
Zaragoza contará con 2.344 viviendas de precio libre, que se levantarán en los terrenos de las factorías de Aceralia y otras 14 empresas en el barrio del Picarral. El proyecto incluye un gran espacio central, definido como un "parque - plaza", de 43.76 metros cuadrados. En el interior de la plaza, se levantarán dos edificios para equipamientos públicos, y en uno de los laterales, habrá una calle con una calzada para tráfico lento, que dividirá en dos la zona residencial. Los edificios de viviendas oscilarán entre las 11 y las 17 alturas; mientras que las viviendas tendrán entre 75 y 90 metros cuadrados.
ASTURIAS
SOGEPSA DESTINARÁ TODO EL SUELO QUE GESTIONE A VIVIENDASPROTEGIDAS
La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) ha suscrito el acuerdo en materia de vivienda que, en su día, ya firmaron el Principado, los sindicatos y la patronal. Con esta incorporación, Sogepsa se ha comprometido que, a partir de ahora, todo el suelo que se gestione desde esta sociedad se destine a la construcción de viviendas protegidas.
Para conseguir este objetivo, se ha creado la denominada vivienda protegida concertada (VPC), un nuevo régimen que se aplicará sobre el 50% de las operaciones de Sogepsa que hasta ahora se dedicaba a vivienda de renta libre. Las VPC tendrán un precio máximo de venta calculado a partir del coste del suelo urbanizado sobre el que se realice su edificación.
CANARIAS
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CONTEMPLA 12.366 VIVIENDAS PROTEGIDAS
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha avanzado que el Plan General de Ordenación (PGO) tiene previsto un total de 12.366 viviendas protegidas en suelos urbanizables. La mayor reserva de suelo para VPO se encuentra en el sector suroeste de la ciudad, con un 75,6% del total.
El área de Urbanismo del Ayuntamiento también ha comunicado que respetará lo establecido en la Ley de Vivienda, reservando un mínimo del 20% del suelo para urbanizar. Las primeras viviendas comenzarán a construirse en el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado (Suso), donde se dará salida a las más de 6.000 solicitudes de vivienda pública recibidas en la Oficina de Viviendas Municipales.
CANTABRIA
CANTABRIA CONTARÁ CON SU PROPIO RÉGIMEN AUTONÓMICO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
El Gobierno de Cantabria ha anunciado la creación del régimen autonómico de viviendas protegidas, que establecerá las ayudas tanto para los promotores como para los adquirentes de viviendas, y que permitirá superar el objetivo de las 8.000 actuaciones previstas.
El borrador del decreto de vivienda protegida establece medidas para potenciar el régimen existente, pero además incluye nuevas ayudas para las viviendas de régimen general. La intención del Gobierno autonómico es cubrir un segmento de la población que no llega al precio de la vivienda libre pero que tiene más capacidad adquisitiva que el de régimen especial.
CASTILLA - LA MANCHA
EL GOBIERNO DE CASTILLA - LA MANCHA REGULA LA VIVIENDA DE PRECIO TASADO
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regulará el régimen jurídico de las viviendas de protección pública, ajustando los distintos tipos de vivienda protegida recogidos en la Ley de Vivienda de Protección Pública de Castilla - La Mancha. Dentro de este decreto se regula la denominada vivienda de precio tasado, que deberán ser adjudicadas "mediante principios de igualdad y transparencia", podrán tener una superficie de 135 metros cuadrados útiles, y su precio máximo será de 1.150 euros por metro cuadrado.
Con esta vivienda de precio tasado, se intenta beneficiar a los colectivos con más dificultad de acceso a la vivienda, como los jóvenes, los discapacitados, las mujeres víctimas de violencia doméstica, y los ciudadanos cuyos ingresos anuales oscilen entre 5,5 y 7,5 veces el salario mínimo interprofesional.
CASTILLA Y LEÓN
LA JUNTA INVERTIRÁ 7,5 MILLONES EN VIVIENDAS PARA VALLADOLID
La Junta de Castilla y León invertirá a lo largo de este año 7,5 millones de euros en la promoción de viviendas y suelo en Valladolid y su provincia, según anunció el consejero de Fomento, Antonio Silván.
De hecho, el Plan Director de Vivienda y Suelo 2002 - 2009 ha experimentado un crecimiento del 12% respecto al año pasado. Además, según Silván, habrá que tener en cuenta los resultados de los pactos de suelo suscritos con las diputaciones provinciales, las líneas de ayudas para el alquiler y la rehabilitación, y los beneficios fiscales.
CATALUÑA
LA GENERALITAT FIRMA UN ACUERDO CON LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS PARA CONSTRUIR 1.500 VPO
El conseller Felip Puig ha firmado en nombre de la Generalitat unos convenios de colaboración con el USOC y la Federación de Cooperativas de Viviendas para la promoción de 1.500 viviendas de
protección oficial. Según lo establecido en este convenio, el Instituto Catalán del Suelo (INCASOL), el USOC y la Federación de Cooperativas de Viviendas se comprometen a fomentar la promoción de viviendas de protección pública sin ánimo de lucro. Con este objetivo, la Generalitat, a través del INCASOL, pondrá a disposición de las cooperativas suelo urbanizado a precio tasado para 1.500 viviendas.
Éste es uno de los convenios que permitirán la construcción de, al menos, 4.000 nuevas viviendas de protección oficial en régimen cooperativo, en suelo público de la Generalitat de Cataluña, en los próximos cuatro años, a través de la colaboración del INCASOL con los sindicatos y la Federación de Cooperativas de Vivienda.
COMUNIDAD VALENCIANA
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VALENCIA SE RECUPERA TRAS TRES AÑOS DE DESCENSO
La construcción de viviendas en Valencia aumentó en 2003, después de tres años consecutivos de descenso, según un informe realizado por el grupo socialista. La suma de todas las licencias concedidas por el Ayuntamiento asciende a 3.332, casi mil más que en 2002. El récord se alcanzó en el año 1999, con 7.431 viviendas aprobadas, gracias a la salida al mercado de todo el suelo urbanizable que rodea la ciudad. Durante 2003, ocurrió lo mismo, con la expansión de la periferia de la ciudad.
En cuanto a las VPO, tan sólo se han concedido licencias para 381. Se espera que este año la cifra aumente, gracias al incremento del 20% sobre el precio anterior por metro cuadrado que ya ha sido aprobado.
EXTREMADURA
LA REVISIÓN DEL PGOU DE BADAJOZ PERMITIRÁ LA CREACIÓN DE 33.000 VIVIENDAS
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz estará vigente durante los próximos 10 años. Para este periodo, contempla suelo urbanizable para unas 33.000 nuevas viviendas, de las que al menos el 25% serán de protección oficial, cumpliendo con la Ley del Suelo regional.
Según fuentes del Ayuntamiento, se pretende diseñar una ciudad compacta, cubriendo los espacios que quedan libres a nivel residencial, como consecuencia de la aplicación del anterior Plan. Además, incluye una completa planificación de infraestructuras, con la conversión en autovía de la N-432 Badajoz - Granada hasta la Vía de la Plata y de la EX­-100 a Cáceres, o el AVE Madrid - Lisboa.
GALICIA
DURANTE 2004 SE INICIARÁN DOS MIL NUEVAS VIVIENDAS EN SANTIAGO
Este año, en Santiago se iniciarán las obras de construcción de unas 2.000 nuevas viviendas, tanto de promoción pública como libres, según las previsiones de las autoridades municipales, aunque el desarrollo y la programación actual de suelo permitirían dar licencia a, aproximadamente, 3.000.
El desarrollo de suelo público viene de la mano de los convenios suscritos entre el Concello y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que permitirán construir 1.200 viviendas protegidas, entre el 60 y el 70% del total previsto.
LA RIOJA
LARDERO DUPLICARÁ SU POBLACIÓN CON 2.300 NUEVAS VIVIENDAS
Lardero podría duplicar su población en los próximos siete años, gracias a los planes que prevén la construcción de más de 2.300 pisos en el límite entre este municipio y Logroño. La expansión se centra en dos sectores, ambos al sur del pueblo: los denominados "R1" y "T1".
En ambos sectores, se construirá preferentemente viviendas que puedan interesar a los jóvenes vecinos de Logroño. Así, el "T1" tendrá bloques de cuatro alturas, con pisos de unos 85 metros cuadrados. Además, esta zona contará con un gran supermercado y un hotel.
MADRID
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DA LUZ VERDE AL BARRIO DE VALDEBEBAS
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente el Plan Parcial que detalla los usos tanto públicos como privados del ámbito "Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas". El área, de mas de 1.060 hectáreas, contempla la localización de la Radial-2, el Eje-Norte-Sur de conexión con el Aeropuerto, el nuevo acceso ferroviario de Chamartín a Barajas, la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid, la ampliación de los recintos feriales y una reserva de 500 hectáreas para el nuevo Parque de Valdebebas.
La Ciudad Deportiva contará con una superficie de 120 hectáreas; los nuevos recintos feriales con 50 hectáreas; y los viarios, zonas verdes y equipamientos públicos, con 880 hectáreas. Por otra parte, los usos terciario y residencial se reparten 250 hectáreas al 50%, lo que supone que se podrán construir aproximadamente 11.500 viviendas de las cuales el 45% serán protegidas. Este desarrollo residencial supondrá el remate del barrio de las Cárcavas de San Antonio, que verá mejoradas sus infraestructuras, y del Encinar de los Reyes.
MURCIA
8.000 NUEVAS VIVIENDAS PARA LA PEDANÍA DE PUENTE TOCINOS
El Consejo de Gerencia ha aprobado tres planes de ordenación urbanística para la pedanía de Puente Tocinos, que supondrán la construcción de unas 8.000 nuevas viviendas, lo que se traducirá en un aumento de la población cifrado en torno a unos 25.000 habitantes más. Además, se crearán 260.000 metros cuadrados de zonas verdes y casi 300.000 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos.
Con estos tres proyectos, se concluye la gestión de todos los planes parciales de la ciudad en la franja nordeste. A partir de ahora, se iniciará la aprobadción de los planeamientos de la zona sur, en Barriomar y Patiño.
NAVARRA
EL PLAN DE ZIZUR MAYOR RECIBE EL VISTO BUENO
El Gobierno de Navarra ha dado la aprobación definitiva al nuevo plan urbanístico de Zizur Mayor. El último plan parcial mantiene la edificabilidad (256.360 m2), pero reduce el tamaño de las viviendas, por lo que se añadirán algunas a las 1.672 previstas inicialmente.
El plan ordena 48.170 metros cuadrados y les da un uso residencial y terciario, principalmente. El Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno foral, por el que el 50% de las viviendas serán protegidas. Así, el nuevo plan desarrollará 392 viviendas de protección oficial, 388 de precio tasado, 472 libres adosadas, 168 plurif ami liares libres, y 140 libres.
PAÍS VASCO
BILBAO TENDRÁ 1.100 VIVIENDAS MÁS, GRACIAS AL PLAN BOLUETA
El Ayuntamiento de Bilbao aprobará en breve el plan urbanístico de Bolueta, un polémico proyecto que ha suscitado sospechas entre la oposición (PP y PSE). El plan ha recibido seis objeciones de dos empresas de la zona, donde se recalificarán terrenos industriales para construir pisos.
El plan de Bolueta supone la recalificación de 78.000 metros cuadrados, que acogerán 1.100 viviendas. Desde el Ayuntamiento se ha comunicado que las obras no comenzarán antes de tres años.

Caixa Terrassa promueve vivienda protegida

El Ayuntamiento de Terrassa y Caixa Terrassa han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la promoción, la construcción y la gestión de vivienda protegida en la ciudad.
El acto de firma ha tenido lugar el día 8 de junio en el Ayuntamiento de Terrassa, con la participación del alcalde de Terrassa, Pere Navarro, y del director general de Caixa Terrassa, Enric Mata.
Se trata de un convenio marco, en virtud del cual el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de Vivienda de Terrassa, y Caixa Terrassa acuerdan iniciar una línea de colaboración y formalizar operaciones concretas en este campo. La finalidad es fomentar y promover la vivienda protegida, tanto de venta como de alquiler, para facilitar el acceso a los jóvenes y a las personas con menos recursos, y en definitiva favorecer aquellos segmentos de población que por circunstancias económicas no pueden acceder al mercado libre de la vivienda y dar respuesta a las nuevas necesidades generadas por los cambios sociales.
Este convenio está en línea con lo que Caixa Terrassa ya tiene suscrito con la Diputación de Barcelona, donde se establecen las bases de cooperación con las administraciones locales para la promoción y la gestión de viviendas de protección oficial en las comarcas de Barcelona y especialmente en el Vallès Occidental y en el Vallès Oriental.
Por su parte, el Ayuntamiento de Terrassa enmarca este convenio dentro del Programa de Vivienda 2005-2010, que prevé la participación de otros operadores, en especial los agentes sociales y las entidades financieras de carácter social, con el objetivo de acelerar los ritmos de construcción de las nuevas viviendas protegidas programadas y conseguir una mayor capacidad de financiación de estos proyectos.
Promoción de unas setenta viviendas
Las dos primeras actuaciones que contempla el convenio suscrito por ambas instituciones serán la promoción por parte de Caixa Terrassa de dos proyectos en la ciudad, que supondrán la construcción de unas setenta viviendas protegidas bajo el régimen de venta y de alquiler.
Uno de los proyectos se llevará a cabo dentro del ámbito urbanístico del llamado sector Fupar-Fira (terrenos de los antiguos talleres de discapacitados psíquicos y otras parcelas), que promoverá el Grupo Caixa Terrassa y otros promotores. Dentro de este sector se construirán viviendas protegidas de venta y de alquiler; en el marco del presente convenio, el Ayuntamiento cederá a Caixa Terrassa la promoción de unas 35 de estas viviendas que se destinarán a la venta.
El otro proyecto se promoverá en unas parcelas de suelo urbano delimitadas por la Ronda Ponent, Maria Auxiliadora, Velázquez y Dom Bosco, donde se construirán también alrededor de unas 35 viviendas protegidas, en este caso bajo el régimen de alquiler.
Se prevé que las construcciones se inicien en un plazo de un año y medio, y se realizarán de acuerdo con criterios de sostenibilidad energética y medioambiental.
Caixa Terrassa ha expresado su predisposición a colaborar activamente con los planes locales de vivienda, poner en marcha los correspondientes estudios y llevar a cabo las promociones y la gestión posterior para contribuir a paliar una de las necesidades sociales más importantes, como es la disposición de vivienda a precios más asequibles, sea de compra o de alquiler.
Además de las actuaciones en Terrassa, Caixa Terrassa tiene actualmente en cartera la construcción en diferentes puntos de Cataluña de unas 500 viviendas protegidas más, en el marco de los proyectos de las compañías de su grupo inmobiliario. Las construcciones se iniciarán en los próximos tres años principalmente en localidades como Lleida, Vilafranca del Penedès, Palafrugell, El Vendrell, etc.
Paralelamente, Caixa Terrassa, dentro de su actividad crediticia, financia también la construcción y la compra de viviendas de protección oficial. Cabe destacar que en los últimos cinco años la entidad ha financiado unas mil viviendas protegidas, con una inversión superior a los 80 millones de euros.
Dentro de su Programa de Vivienda 2005-2010, el Ayuntamiento de Terrassa se fijó como objetivo alcanzar en estos seis años la construcción de 1.932 nuevas viviendas de protección pública destinadas a venta y a alquiler, a través de la Sociedad Municipal de Vivienda o contando con la participación de otros operadores, como por ejemplo Caixa Terrassa o las cooperativas de vivienda de UGT y CCOO. Con estos sindicatos se firmó el pasado 24 de abril un convenio para la promoción de un total de 140 viviendas en el ámbito de Can Petit.
El Ayuntamiento ha entregado hasta ahora las llaves de 243 viviendas previstas en el Programa, a las que se tienen que sumar 38 viviendas más promovidas por Incasòl en el Pla de les Fonts. En estos momentos, se están construyendo 483 viviendas en Torre-Sana (barrio donde habrá un total de 900), la Ronda de Ponent y la calle Baldrich. El próximo lunes, 11 de junio, se iniciarán las obras de las primeras 46 viviendas de alquiler con servicios para gente de la tercera edad en la calle Sant Leopold, donde se construirá también un aparcamiento subterráneo de rotación con capacidad para 203 vehículos.

El Ayuntamiento impulsa la construcción de 750 nuevas viviendas protegidas en Barcelona

El miércoles 16 de mayo de 2007, el Ayuntamiento de Barcelona ha firmado tres acuerdos marco de colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la Fundación Fomento de la Vivienda Social de Cáritas Diocesana de Barcelona y la Fundación Nou Lloc Habitatge Social, por tal de facilitar solares para la construcción de 750 nuevos viviendas de protección a la ciudad. Estos acuerdos marco tienen por objeto establecer las condiciones generales de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y las correspondientes entidades firmantes por tal de sumar esfuerzos y continuar impulsando más y mejor vivienda protegida de acuerdo con los objetivos del Plan de la Vivienda en nuestra ciudad. FAVB: El acuerdo marco que se ha firmado permitirá impulsar con las cooperativas vecinales de la FAVB hasta 400 nuevas viviendas protegidas, en un horizonte aproximado de 4 años (periodo 2008 - 2011). Las viviendas serán de protección en régimen cooperativo y estarán realizados por las cooperativas: Projecte Habitat - 2000; Port Font y La Cooperativa del teu barri. La Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona tienen ya una larga trayectoria de colaboración dentro del programa de actuaciones de Plan de Vivienda 2004 - 2010. Se prevé ir disponiendo de suelo en los planeamientos siguientes: Marina de la Zona Franca, Sant Andreu - Sagrera, Torrent de l'Estadella, 22@ y otros planeamientos a la ciudad. Càritas Diocesana: Trabaja, desde hace 60 años, en los sectores sociales más débiles. El acogimiento de las personas en situación de pobreza y exclusión, la promoción de sus capacidades y recursos, y la denuncia de las desigualdades son los ejes de su acción social. Esta es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona, en temas de política de vivienda protegida, firma un acuerdo con esta entidad. Mediante este acuerdo, se establecen las condiciones generales de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Foment de l'Habitatge Social de Càritas, para el fomento de la vivienda social y la reinserción de colectivos con especiales dificultades económicas. La previsión es doblar el parque construido, haciendo hasta un máximo de 100 nuevas viviendas en los próximos años. Las viviendas serán de alquiler. Fundación Nou Lloc Habitatge Social: Es una fundación privada sin afán de lucro, vinculada al Grupo Salas, promotores de Sabadell especializados en la promoción de vivienda de protección oficial, y especialmente orientada a mejorar la accesibilidad y adaptabilidad de las viviendas y su entorno por favorecer la autonomía de todas las personas, especialmente aquellas con alguna discapacitación.

REACCIONES A LA LEY DE LA VIVIENDA

Chacón logra el apoyo de los Administradores de FincasFinanzas.com - 7 Sep 2007En la reunión que mantuvieron ayer con Chacón, los Administradores de Fincas expusieron al Ministerio la necesidad de mejorar las garantías para los ...
'Overbooking' en el despacho de la ministra Carme Chacónelmundo.es - 6 Sep 2007En el despacho de Carme Chacón es difícil que transcurran muchos minutos seguidos sin que unos nudillos golpeen su puerta. A la nueva ministra de Vivienda ...
Economía/Vivienda.- AVS coincide con la apuesta del Ministerio de ...Finanzas.com - 5 Sep 2007Asimismo, los responsables de AVS coincidieron con la ministra, en el marco de la ronda de contactos que lleva a cabo para estudiar medidas que faciliten el ...
El Ministerio de Vivienda se reune con GECOPI y CONCOVISpanish Real Estate - 7 Sep 2007Carme Chacón debatió junto a los representantes de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativos y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) y de la ...
Se construye un 55 por ciento más de viviendas protegidas que ...Urbaniza.com - 6 Sep 2007Según Chacón, que aseguró a demás que que nueve de cada diez viviendas protegidas están financiadas por el Ministerio de Vivienda. ...
Ministerio y promotores apuestan por el alquilerDiario Córdoba (España) - 5 Sep 2007La ministra de Vivienda, Carme Chacón, y los dirigentes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) se reunieron ayer para analizar los ...
Promotores transmiten tranquilidad ante aterrizaje suave mercado ...elEconomista.es - 5 Sep 2007Madrid, 5 sep (EFECOM).- La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) transmitió hoy un mensaje de tranquilidad ante el "aterrizaje suave" ...
Economía/Vivienda.- El sector de las cooperativas muestra su apoyo ...Finanzas.com - 6 Sep 2007Estas propuestas fueron hechas hoy en la reunión que mantuvieron con la ministra de Vivienda, Carme Chacón, en el marco de la ronda de contactos que lleva a ...
Los promotores confirman el 'aterrizaje suave' de los precios de ...Terra España - 5 Sep 2007La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) afirmó hoy que los precios de la vivienda están registrando un 'aterrizaje suave', ...R

El sector de las cooperativas muestra su apoyo a Vivienda en materia de alquiler para jóvenes

La Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Gecopi) y la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi) mostraron hoy su apoyo al Ministerio de Vivienda en materia de alquiler para los jóvenes.Estas propuestas fueron hechas hoy en la reunión que mantuvieron con la ministra de Vivienda, Carme Chacón, en el marco de la ronda de contactos que lleva a cabo para estudiar medidas que faciliten el acceso de los jóvenes a la vivienda, informó hoy el Ministerio de Vivienda.Los representantes de las empresas gestoras de cooperativas expusieron al Ministerio la necesidad de que exista una homologación en el sector de las cooperativas y una mayor uniformidad entre las distintas legislaciones autonómicas que regulan el sector.Por su parte, los responsables de Concovi apuntaron a la ministra el modelo de 'cesión de uso' como opción para que las cooperativas puedan entrar en el mercado del alquiler.Estas dos últimas semanas la ministra ha mantenido reuniones con organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Consejo de la Juventud, la Unión General de Trabajadores, la Asociación de Promotores y Constructores de España y los Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, para estudiar y consensuar medidas de promoción del alquiler que faciliten el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Un magistrado del TSJA cree que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes"

Economía/Vivienda.- Un magistrado del TSJA cree que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes"
BAEZA (JAEN), 7 (El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Rafael Toledano sostuvo hoy, al ser preguntado sobre la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes", ya que éstas "deben de ir acompañadas de otros muchísimos instrumentos de ejecución" de las políticas que se prevén en la misma.
¿No entiendes algún término?

A preguntas de los periodistas en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Toledano consideró que cuando hay "una separación tan grande" y unos "desajustes tan tremendos" entre los precios del mercado inmobiliario y los de la vivienda tasada, "implica que muchas cosas se están haciendo muy mal".
Al hilo, el juez, que participó en el curso 'El mercado inmobiliario: una realidad difícil de entender', aseguró que "no es normal que exista tal divergencia y discordancia"y añadió que con las políticas de vivienda "hay que tener presente que tienen un alto coste presupuestario".
Por ello, abogó por un plan integral "para encaminar la gestión en una misma dirección", señalando al tiempo que "lo fundamental" es aproximar el mercado al poder adquisitivo de las familias, para lo que es necesario "poner suelo disponible de forma ágil y eficaz" por parte de las administraciones.
De igual modo, expuso la necesidad de establecer iniciativas de recuperación de las plusvalías urbanísticas que, "a nivel legislativo están previstas pero que en gran medida dependen de mecanismos ágiles de ejecución" de esas políticas.
El magistrado del TSJA se mostró convencido de que, tanto el Gobierno autonómico como el nacional, "lo abordaran desde ahí", pero subrayó que "lo realmente difícil" en nuestra organización es que "casi todas las medidas no dependen de un solo actor" sino que hay "una conjunción de políticas de distintos órganos y distintas tendencias" por lo que es "imprescindible" que haya "una concertación" para actuar en la misma línea.
CORRUPCION URBANISTICA.
Por otro lado, aclaró que la corrupción urbanística "no es cuestión de endurecimiento legislativo", aunque, a su entender, "lo ha habido" y es que la Administración "siempre ha tenido en su mano políticas y recursos suficientes" para intervenir en el mercado pero "muchas veces no ha tenido la capacidad y otras la voluntad política para hacerlo".
En ese sentido, puso de relieve que donde el Gobierno puede intervenir es "evitando políticas especulativas y de acaparamiento del suelo", pero reiteró que el endurecimiento legislativo que se ha producido "no es importante", puesto que, "si antes no se habían ejercido las leyes disponiendo de ellas, nada hace suponer que, al ser más agresivas, se pongan en marcha". "Quizás al contrario porque su aplicación supone un mayor coste político y social", remachó.
De otra parte, censuró la Ley del Suelo ya que "plantea aspectos jurídicos cuanto menos cuestionables" y se prevé "con un fuerte impacto sobre el mercado inmobiliario".
A su entender, la realidad está "muy separada de los valores que se pretenden obtener con esta legislación" y su impacto "va a crear una serie de tensiones muy considerables" en el mercado inmobiliario, así como "bastante letigiosidad". "Es decir --explicó-- se vana cuestionar en los tribunales las decisiones que se tomen a nivel constitucional ya que establece consideraciones muy fuertes sobre el derecho de propiedad", remachó.
A este respecto, Toledano concretó que los criterios de valoración del suelo rural establecen un limite en el doble del valor, que se denomina valor real agrario, a través de la capitalización de las rentas agrícolas. Esto supone "establecer por ley un limite del cual los tribunales no podrán pasar en la valoración de un bien".
Por último, matizó que esto es "cuestionable" ya que, cuando se trata de un justiprecio, se intenta establecer "la compensación justa teniendo en cuenta la realidad económica y social de una persona que se ve privada de su propiedad", concluyó. BAEZA (JAEN), 7 (El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Rafael Toledano sostuvo hoy, al ser preguntado sobre la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes", ya que éstas "deben de ir acompañadas de otros muchísimos instrumentos de ejecución" de las políticas que se prevén en la misma.
A preguntas de los periodistas en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Toledano consideró que cuando hay "una separación tan grande" y unos "desajustes tan tremendos" entre los precios del mercado inmobiliario y los de la vivienda tasada, "implica que muchas cosas se están haciendo muy mal".
Al hilo, el juez, que participó en el curso 'El mercado inmobiliario: una realidad difícil de entender', aseguró que "no es normal que exista tal divergencia y discordancia"y añadió que con las políticas de vivienda "hay que tener presente que tienen un alto coste presupuestario".
Por ello, abogó por un plan integral "para encaminar la gestión en una misma dirección", señalando al tiempo que "lo fundamental" es aproximar el mercado al poder adquisitivo de las familias, para lo que es necesario "poner suelo disponible de forma ágil y eficaz" por parte de las administraciones.
De igual modo, expuso la necesidad de establecer iniciativas de recuperación de las plusvalías urbanísticas que, "a nivel legislativo están previstas pero que en gran medida dependen de mecanismos ágiles de ejecución" de esas políticas.
El magistrado del TSJA se mostró convencido de que, tanto el Gobierno autonómico como el nacional, "lo abordaran desde ahí", pero subrayó que "lo realmente difícil" en nuestra organización es que "casi todas las medidas no dependen de un solo actor" sino que hay "una conjunción de políticas de distintos órganos y distintas tendencias" por lo que es "imprescindible" que haya "una concertación" para actuar en la misma línea.
CORRUPCION URBANISTICA.
Por otro lado, aclaró que la corrupción urbanística "no es cuestión de endurecimiento legislativo", aunque, a su entender, "lo ha habido" y es que la Administración "siempre ha tenido en su mano políticas y recursos suficientes" para intervenir en el mercado pero "muchas veces no ha tenido la capacidad y otras la voluntad política para hacerlo".
En ese sentido, puso de relieve que donde el Gobierno puede intervenir es "evitando políticas especulativas y de acaparamiento del suelo", pero reiteró que el endurecimiento legislativo que se ha producido "no es importante", puesto que, "si antes no se habían ejercido las leyes disponiendo de ellas, nada hace suponer que, al ser más agresivas, se pongan en marcha". "Quizás al contrario porque su aplicación supone un mayor coste político y social", remachó.
De otra parte, censuró la Ley del Suelo ya que "plantea aspectos jurídicos cuanto menos cuestionables" y se prevé "con un fuerte impacto sobre el mercado inmobiliario".
A su entender, la realidad está "muy separada de los valores que se pretenden obtener con esta legislación" y su impacto "va a crear una serie de tensiones muy considerables" en el mercado inmobiliario, así como "bastante letigiosidad". "Es decir --explicó-- se vana cuestionar en los tribunales las decisiones que se tomen a nivel constitucional ya que establece consideraciones muy fuertes sobre el derecho de propiedad", remachó.
A este respecto, Toledano concretó que los criterios de valoración del suelo rural establecen un limite en el doble del valor, que se denomina valor real agrario, a través de la capitalización de las rentas agrícolas. Esto supone "establecer por ley un limite del cual los tribunales no podrán pasar en la valoración de un bien".
Por último, matizó que esto es "cuestionable" ya que, cuando se trata de un justiprecio, se intenta establecer "la compensación justa teniendo en cuenta la realidad económica y social de una persona que se ve privada de su propiedad", concluyó.

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«Se construyen muchas casas, pero los andaluces siguen sin poder acceder a ellas»

La Junta prevé la construcción de 300.000 pisos de VPO en los próximos diez años. La Ley de Derecho a la Vivienda culminará las reformas legales emprendidas para garantizar que sean asequibles

El primer renglón del nuevo curso político, clave porque es el último antes de las elecciones generales y autonómicas, se ha escrito con acento andaluz. El anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda, que asegura casas para todas las unidades familiares con un salario inferior a 3.100 euros al mes, se puede convertir en el mayor desafío emprendido en años por la Junta de Andalucía. Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Urbanismo, es la artífice de una propuesta que, a su juicio, afronta por primera vez un problema social que merma la capacidad de desarrollo personal de cientos de miles de andaluces. La cercanía de la cita electoral y las críticas sobre su viabilidad económica, despiertan recelos sobre una norma que, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta mediados de la próxima legislatura.-El Gobierno central ultima un plan que propiciará un fácil acceso de los jóvenes a viviendas en régimen de alquiler.

¿Por qué Andalucía ha optado por no seguir esta línea y ha apostado por incentivar la adquisición de viviendas?-Andalucía tiene competencias exclusivas en esta materia y el Gobierno andaluz conoce mejor cuál es la idiosincrasia de los andaluces. Hay que tener en cuenta que en Andalucía se han construido más de 500.000 viviendas de protección oficial desde 1987, que es el año en el que el Gobierno andaluz recibe las competencias plenas en esta materia. Desde esa fecha, por lo tanto, las VPO se han convertido en la principal llave de acceso a una vivienda en nuestra Comunidad. Lo que se plantea ahora es construir 300.000 VPO en diez años, lo que es un objetivo plenamente alcanzable. Queremos que los ayuntamientos cuando hagan la previsión de suelo, tengan en cuenta que hay unos vecinos, con una determinada renta y unas necesidades determinadas.

-¿No cree entonces que exista una contradicción entre los planes de vivienda del Gobierno central y los de la Junta?-Yo creo que hay que felicitar al Gobierno central por haber resuelto uno de los temas que era un 'cuello de botella', que era el de la valoración del suelo propuesta en 1998 por el PP y que estaba plagada de elementos especulativos. La nueva Ley del suelo elimina todos esos elementos especulativos y garantiza el derecho a la vivienda, siguiendo la pauta que marca la Constitución. Incentivar las viviendas para alquiler es competencia del Gobierno central, pero en Andalucía tenemos un importante segmento de población joven, que es muy emprendedora, y a la que hay que ofrecerle una vivienda a precios asequibles sin riesgos especulativos para que pueda desarrollar su vida profesional de una forma normal y no angustiosa.

-¿A cuántos andaluces va a beneficiar esta medida y cuánto dinero público hará falta para desarrollar la Ley?-El presidente Manuel Chaves lo ha repetido en varias ocasiones, incluso durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad. La propuesta es hacer 300.000 viviendas protegidas en los próximos diez años. Pero, lógicamente, hay que poner en marcha, como se está haciendo ya, toda la legislación urbanística y la reserva de suelo para que los jóvenes no tengan que abandonar sus pueblos y ciudades para encontrar una casa. -Entonces, estas 300.000 nuevas viviendas son las que ya recoge el POTA-Bueno, es que todo es coherente. Estamos analizando las necesidades de la población andaluza desde todos los parámetros de la planificación. Andalucía es una Comunidad receptiva de población y estamos encantados de que vengan muchos jubilados europeos a establecerse aquí. Pero claro, el precio de la vivienda no la puede poner un alemán, porque nosotros tenemos aquí un nivel de renta y un salario determinado que seguirá moderándose, porque queremos primar el empleo. Pero hay que solucionar el problema de la vivienda y la Administración andaluza ha apostado por la racionalización del crecimiento. El problema es que podemos estar haciendo muchas viviendas para el mercado, pero los andaluces siguen sin poder acceder a ellas. Toda la sociedad debe intervenir para acortar los plazos, que en principio se preven que sean de unos diez años para desarrollar esta ley. Contamos con la población más joven de España y con muchos profesionales bien formados, pero que no pueden emprender su propia vida, ya sea individualmente, en pareja, con hijos o sin ellos; cada uno tiene que hacer su proyecto de vida y la administración debe contribuir para que puedan adquirir una vivienda a precio asequible. Y es por todo esto que el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda andaluza ha tenido tanto impacto, porque aborda un problema que no se quiere ver, porque hasta ahora sólo se ha hablado de los problemas del mercado inmobiliario, pero no del problema social y resolverlo, porque sin no lo resolvemos entre todos, entraremos un modelo en los que vivieron pendientes sólo de los jubilados y no de las clases dinámicas de la sociedad, porque no le habremos dado la oportunidad de adquirir una vivienda.

-Los detractores de este anteproyecto critican, entre otras cuestiones, el 'efecto llamada' que pueda tener la oferta andaluza entre otros españoles que quieran acceder a una vivienda. ¿Qué instrumentos se han previsto para evitar la picaresca?-Para empezar, los solicitantes deberán llevar un mínimo de cinco años empadronados de forma permanente en Andalucía. lógicamente, el planteamiento se hace pensando en los habitantes de cada ciudad y de cada pueblo. Una casa no se hace en el limbo, no se la puede uno llevar en un bolsillo. Pero sería positivo que nuestra Comunidad no se viera únicamente como un lugar para venir a jubilarse, sino como un lugar para trabajar y desarrollar proyectos empresariales, porque las condiciones climatológicas, de desarrollo, de impulso y de crecimiento sean mejores.

-Qué ocurrirá, por ejemplo, si una unidad familiar accede a esas ventajas para adquirir una casa, porque gana menos de 3.100 euros al mes y, sin embargo, con el paso de los años logra superar esos ingresos. ¿Deberá esa familia devolver su vivienda?-Todo tiene una coherencia con el marco legislativo que hemos ido desarrollando. Primero fue la ley urbanística, que se sacó en el 2002, después fue la Ley de Vivienda Protegida, donde la Junta estableció los requisitos jurídicos, erradicar todo tipo de fraudes y determinar las condiciones para crear los pilares de esta Ley de Acceso a la Vivienda. En esa normativa se especifica perfectamente la relación entre el ciudadano y la vivienda protegida como por ejemplo, que tiene que ser siempre para primera residencia y tiene que estar permanentemente ocupada como primera residencia; cada 15 años se puede desclasificar, pero no antes y la venta se puede hacer con unas condiciones muy medidas y comunicándolo a la administración, es decir, ya existe un marco perfectamente consolidado.-Los tres partidos de la oposición en el Parlamento andaluz han coincidido en calificar esta propuesta de electoralista e irrealizable. -Se ha presentado cuando se ha podido. Mire, en primer lugar, el PSOE es un partido de gobierno que, cuando propone iniciativas, son para llevarlas a la práctica. En segundo lugar, el calendario de esta ley viene así porque el Estatuto de Andalucía se aprueba el 18 de febrero y, a continuación, venía la campaña electoral de las elecciones municipales. Nosotros no irrumpimos en la campaña de las municipales para no interferir en las promesas de los alcaldables que, independientemente del partido político al que representaban, proponían soluciones para que sus vecinos accedieran a una vivienda, sobre todo los jóvenes. Y no solamente estas dos cuestiones, sino que el pasado mes de julio, el Gobierno central aprobó la Ley del Suelo, que es una base legal clave para poder desarrollar esta ley andaluza de Derecho a la Vivienda.

El precio de la vivienda usada en España creció un 3,7% en un año

El precio de la vivienda de segunda mano en España experimentó un aumento del 3,7% en los últimos doce meses, según datos aportados por Facilisimo.com correspondientes al mes de agosto.

El precio de metro cuadrado se situó en 2.510 euros en este mes, lo que supone un descenso del 0,08% respecto al anterior y "confirma el estancamiento de los precios iniciado en 2007", según Facilisimo.com.
Además, este descenso de los precios en el mes de agosto viene a frenar el incremento acumulado en lo que va de año, que, situado en el 1,5%, se mantiene casi un punto por debajo del IPC.
No obstante, desde Facilisimo.com se apunta que esta evolución de los precios "está haciendo que se corrijan las previsiones de evolución previstas para 2007, creando un clima de incertidumbre".
Los precios descendieron en diez comunidades autónomas, entre las que destacaron La Rioja (-1,97%), Ceuta y Melilla (-1,45%), Cataluña (-0,55%), Castilla y León (-0,49%), y Andalucía (-0,37%). Por su parte, las mayores subidas se registraron en Islas Baleares (+2,28%), Castilla la Mancha (+1,39%), País Vasco (+1,25%), Asturias (+0,84%) y Navarra (+0,59%).
El informe localiza también los mayores descensos en los primeros ocho meses del año en las provincias de Ourense (-10,26%), Soria (-8,83%) y Palencia (-6,11%). Por el contrario, las poblaciones donde más se ha incrementado el precio en este periodo fueron Huesca (+18,19%), Salamanca (+16,74%) y Teruel (+13,63%).
CAIDAS EN MADRID Y BARCELONA.
Por su parte, los precios de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid registraron un ascenso del 1,5% en los primeros ocho meses de 2007, y un descenso del 0,08% en el mes de agosto, de forma que el precio medio del metro cuadrado quedó fijado en los 2.510 euros por metros cuadrado.
En Madrid capital, el precio medio se sitúa en 4.157 euros por metro cuadrado después de un descenso el 2,12% hasta agosto de 2007 y una bajada del 0,36% sólo en este mes.
Tomando como referencia los últimos doce meses, el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid se ha encarecido un 0,54%.
En el caso de la provincia de Barcelona, los precios descendieron un 0,87% en los primeros ocho meses del año y un 0,77% en el mes de agosto. El precio del metro cuadrado se situó así en los 3.862 euros por metro cuadrado.
En el caso de la ciudad de Barcelona, el precio de la vivienda de segunda mano cayó un 2,15% hasta el último mes de referencia y un 0,15% en el mes de agosto, hasta los 4.875 euros por metro cuadrado. La subida acumulada de los últimos doce meses en la provincia de Barcelona fue del 1,89%.

Vimcorsa presenta a los jóvenes su política de vivienda

La presidenta de Vimcorsa, María Victoria Fernández, se reunió ayer con representantes del Consejo Local de Juventud para explicarle las intervenciones que en materia de vivienda va a desarrollar la empresa municipal en la ciudad en los próximos años. El principal tema de debate de la reunión fueron las polémicas 450 viviendas que se van a construir en el antiguo cuartel de Lepanto, pero "está no es la única intervención que vamos a llevar a cabo en la ciudad", apuntó Fernández, quien señaló que la zona del Parque Figueroa, Poniente y la calle Sama Naharro van a ser testigos también de la política de viviendas para jóvenes del Ayuntamiento.
En este sentido, la presidenta de Vimcorsa aseguró que antes de que acabe esta legislatura el Consistorio pretende "poner en carga más de 4.000 Viviendas de Protección Oficial", de las que "una gran mayoría van a ser para los jóvenes".
Asimismo, señaló que Vimcorsa va a hacer una "fuerte apuesta por los pisos de alquiler", por lo que, aunque habrá viviendas para jóvenes de venta, "la mayoría serán de alquiler", teniendo una renta mensual de entre 150 y 180 euros, cuantía que se podrá modificar si se aprueba un anteproyecto de ley que señala que "el alquiler no podrá costar más de un 25 por ciento del salario".

UNA LEY PARA DAR VIVIENDA A TODOS LOS ANDALUCES

Andalucía da un difícil paso al frente para garantizar el acceso a una vivienda digna
Los consumidores y promotores se muestran reticentes con la futura ley de la Junta


Las reclamaciones que muchos colectivos hacen al incumplimiento del artículo 47 de la Constitución (el que hace referencia al derecho a disfrutar de una vivienda digna) tendrán otro apoyo legal para reclamar un techo asequible, aunque sólo si están empadronados en Andalucía.
El Gobierno de esta comunidad autónoma ha iniciado la tramitación del anteproyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, que garantiza y regula el acceso a una casa en función de los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre. Los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales familiares no superen los 3.100 euros.
En el primer caso, la Junta garantiza a las familias más pobres (las que reúnan menos de 500 euros al mes) una vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler cuya renta no supere el 25% de su poder adquisitivo (125 euros mensuales).
En caso de que los ingresos sean superiores, pero no sobrepasen las 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 570 euros), la Junta facilitará una vivienda en alquiler o en propiedad por la que en ningún caso pagarán más de un tercio de su renta. Así, si ponemos como ejemplo una familia cuya renta total es de 2.400 euros al mes, el pago de su piso, ya sea en propiedad o de alquiler, no será nunca superior a 800 euros.
Desde la Consejería de Obras Públicas de la Junta defienden esta futura ley como «una de las más avanzadas» en materia de vivienda, ya que especifica «las condiciones de igualdad para poder vivir en una casa digna y las medidas que se llevarán a cabo para garantizarlo».
Entre estas herramientas la Junta ha diseñado un plan de urbanismo que contempla la construcción de 700.000 viviendas -300.000 de ellas de protección oficial- en un plazo de 10 años. Para que estas casas sean consideradas dignas, la futura norma tendrá en cuenta la calidad de la construcción, los criterios de sostenibilidad y los servicios y equipamientos públicos que la rodeen.
Planes municipales
Además, los ayuntamientos deberán elaborar planes de vivienda donde se definan las necesidades concretas de los vecinos de cada municipio y los recursos para satisfacerlas.
«No hay ni anteproyecto de ley ni ley, esto es sólo una iniciativa de intentar conectar con un amplio sector de la población con necesidad de vivienda en una etapa claramente electoral, puesto que en seis meses habrá elecciones en Andalucía», asegura Emilio Corbacho, secretario general de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco).
Después de afirmar que Fadeco no hará declaraciones oficiales hasta que no exista un texto del anteproyecto de la citada ley en sus manos, Emilio Corbacho recuerda: «El derecho a la vivienda digna ya está contemplado en el artículo 25 del estatuto andaluz».
«Pero lo de los 3.100 euros es un brindis al sol», señala, para rápidamente añadir: «Aquí se han formulado unas intenciones. Lo importante es la financiación de viviendas y de eso no se habla nada».
En Fadeco destacaron que sus socios, las ocho asociaciones provinciales de promotores inmobiliarios andaluzas, siempre han estado interesados en construir viviendas dignas. «Pero a mayor calidad de las viviendas, el precio es mayor y en estos momentos el sector no está como antes, como indican los últimos datos del paro». «En resumen», concluyó, «no tanta disposición y más ayudas reales a la vivienda».
En esa misma línea insisten los consumidores. «Lo que ha salido en los periódicos es más de lo mismo. Nos gustaría que hubiera tanto control como regulación. Porque el 30% del suelo de los ayuntamientos para VPO no lo cumple nadie», señalan fuentes de la Federación de Consumidores en Acción (Facua).
Incluso proponen «la creación de un órgano de seguimiento para cumplir las leyes que hay, que son más que suficientes si se cumplen».
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, no tardó en reaccionar cuando supo la noticia. Mostró su satisfacción por la iniciativa de la Junta de Andalucía y declaró: «Entre todos, más pronto o más tarde, vamos a ser capaces de hacer que la vivienda deje de ser un problema para muchos y pase a ser un derecho real».
Por su parte, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha pedido que se cree un Plan de Derecho Constitucional a la Vivienda Digna en la Comunidad de Madrid.