La Junta necesita suelo para cumplir su anuncio de garantizar el derecho universal a una vivienda, según sus deseos, a partir de 2008. El lunes próximo, los ayuntamientos socialistas, más de 500, anunciaron que pondrán suelo a su disposición para la construcción de las 300.000 viviendas protegidas comprometidas por Chaves sin necesidad de tener aprobados sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y, el martes, en una comparecencia en Jaén, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, flexibilizó los condicionantes necesarios para que los municipios obtengan la aprobación del PGOU al afirmar que no se vetará, "en general", a los ayuntamientos que no tengan un plan de emergencia contra incendios.
Esta afirmación contradice la postura asumida por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, quien a principios de junio y al estar próxima la constitución de los ayuntamientos, consideró la ocasión "una buena oportunidad para dar un impulso definitivo a la lucha contra los incendios forestales" y anunció que su departamento no aprobaría ningún PGOU si los municipios obligados por ley, aquellos ubicados en el ámbito rural, no incluían el denominado Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (Pleif). Son 610 municipios andaluces, casi la mayoría, los obligados a contar con un Pleif y, casi la mitad, 290, no tenían antes de verano esta herramienta, obligatoria por ley hace seis años.
Un nuevo ejemplo de la celeridad de la Junta para conseguir suelo lo dio ayer el director general de Arquitectura y Vivienda, Rafael Pavón, que avanzó que la Consejería ultima un decreto para "acelerar" y agilizar la obtención de bolsas de suelo para vivienda protegida en los municipios. El decreto, que estará operativo antes de fin de año, habilitará instrumentos para acortar plazos y establecer procedimientos de urgencia para que los municipios, incluidos los no adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia (LOUA), cedan suelo.
El jefe de servicio de Gestión y Ejecución de Planes de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Pedro Vives, explicó que el decreto está "prácticamente articulado" y está siendo elaborado por la Dirección General de Urbanismo.
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